En los últimos meses, varios argentinos con depósitos en cuentas de Estados Unidos recibieron notificaciones de sus bancos sobre requerimientos que estaba haciendo la autoridad fiscal de ese país (IRS, por sus siglas en inglés) a pedido de la Argentina.
Como estas son las primeras noticias de este tipo que se tienen con el país norteamericano, los asesores tributarios empezaron a recibir consultas para ver si era un nuevo procedimiento, generalizado, que podría abarcar a cualquier persona con tenencias en América del Norte.
La inquietud surge porque este era uno de los pocos países que no tenían convenios generales de información fiscal y financiera.
Ante estas dudas, el Estudio Castillo incluyó el tema en su seminario mensual. Carlos Martín, tributarista del estudio, aclaró cómo funciona este convenio.
Como punto de partida, cabe señalar que Argentina participa de los acuerdos de intercambio de información automática de la Ocde (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico). Aquí se incluyen más de 100 países que proveen datos en forma permanente desde 2017 o 2108. Entre ellos, Uruguay, Suiza, la mayoría de Europa, e incluso los caribeños considerados “paraísos fiscales”.
Una situación particular
Estados Unidos no quedó enmarcado en esos acuerdos de intercambio automático. Con el marco del Facta (Foreign Account Tax Compliance Act), este país tiene convenios individuales con otras naciones. Con Argentina se firmó en diciembre de 2016 un marco con las pautas generales, con algunas condiciones que se cumplieron en los años siguientes.
De este modo, a partir del 1° de enero de 2018, el acuerdo con Estados Unidos está operativo, pero no había sido utilizado hasta ahora.
La diferencia con el convenio de la Ocde es sustancial. Este intercambio automático prevé la entrega anual de información fiscal y financiera de todas las bases de datos.
En cambio, el país norteamericano solamente entrega datos a pedido del fisco argentino, siempre y cuando cumpla con determinados requisitos y esté debidamente justificado.
Se incluye información de la banca financiera y la de inversión, incluso de estados que tienen secreto, como Delaware o Nebraska.
No son datos generales para ver qué se puede “pescar”, sino que deben estar referidos a un contribuyente específico.
La excepción son las grandes corporaciones. “En enero de 2021, hubo un nuevo convenio de intercambio automático de información con Estados Unidos, dentro del acuerdo marco, pero sólo para la validación de datos de los Precios de Transferencia”, dice Martin.
Y explica que tiene como objetivo el intercambio anual automático de informes, país por país, de los denominados “Grupos Económicos Multinacionales”, con ingresos anuales consolidados superiores a los 750 millones de euros. “Es decir, no es para el común de ciudadanos, sino que se apunta a este tipo de grandes corporaciones”, subraya.
Requerimientos puntuales
Para el resto de los contribuyentes, el convenio con Estados Unidos prevé tres formas de intercambio: a requerimiento, automático o espontáneo.
El automático es el que se aplica a los grandes grupos económicos. Para los demás, sigue el intercambio, pero sólo por requerimiento.
“Hasta un par de meses atrás, la Argentina nunca lo había solicitado, o bien la IRS no le habían dado curso. Ahora, la novedad es que ciertos contribuyentes que tienen participación en el exterior han recibido de sus bancos avisos de que la IRS le está pidiendo información para remitir a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip)”, señala.
En este caso, los pedidos tienen un objetivo específico. “Esencialmente, está dirigido a quienes hayan tenido una baja sustancial en su patrimonio en 2019, 2020 o 2021, y hayan procedido a alguna presentación, queja, pedido de repetición o discusión del aporte solidario o impuesto a la riqueza”, profundiza.
“No hay una requisitoria masiva, sino que son casos muy puntuales. No es un procedimiento sencillo, ni la IRS es tan permeable, son bastante discretos y celosos de su información. Afip debe cumplir requisitos, como identificar al sujeto, detallar la información, precisar el período (no debe ser anterior a 2018), justificar la norma legal, dar los motivos y fundamentos del pedido, y otros”, continúa.
“Un tema muy importante es que debe quedar claro que se han agotado todas las instancias para obtener la información previamente. Por esta razón, la Afip debe haber requerido la información y solicitado al contribuyente. Es decir, debería estar bajo una inspección”, acota.
Por último, Martin considera que con este puntapié inicial se da lugar a que estos procedimientos con Estados Unidos se produzcan en otras situaciones, como contribuyentes que realizaron el blanqueo de 2017, aquellos que estaban en las listas de los casos Panamá Papers o Pandora Papers, u otros grupos de interés que a la Afip le interesa fiscalizar.
