En los últimos 15 años, el empleo privado “en blanco” se mantuvo estancado en torno a los seis millones de personas. En paralelo, una vía que viene teniendo un gran crecimiento es el Monotributo: en el mismo lapso, pasó de 1,3 millones a 2,1 millones. Se trata también de una alternativa “registrada”, es decir, cumple con los requisitos legales de inscripción, pero que está pensada para trabajadores autónomos.
Sin embargo, un crecimiento de 800 mil puestos en esta categoría es llamativo. Una parte puede deberse a gente que necesita ingresar al mercado laboral para obtener ingresos y, como no consigue un puesto en ninguna empresa, decide emprender por su cuenta. Desde abrir un pequeño quiosco hasta tener una peluquería o vender alimentos producidos en el hogar.
El fenómeno del empleo “encubierto”
Pero una porción significativa de esos nuevos monotributistas no trabaja por cuenta propia, sino que está en una relación de dependencia “encubierta”. Muchos establecimientos, en lugar de formalizar a su empleado, optan por inscribirlo como monotributista. De esa forma, garantizan cierto registro ante Arca y una cobertura mínima de obra social y aportes jubilatorios, por un monto muy reducido. Hasta este mes, es de $ 32 mil para la categoría más baja.
Aun así, el trabajo autónomo –basado en relaciones comerciales con empresas– tiene rasgos bien definidos que lo diferencian de una relación laboral. Si una persona trabaja para un solo empleador, con horario fijo y bajo instrucciones directas, lo que existe no es un vínculo comercial, sino una relación laboral.
La Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Indec incorporó recientemente nuevas preguntas que permiten estimar la magnitud del empleo encubierto bajo Monotributo. En particular, basta con ver cuántos trabajadores se perciben como asalariados no registrados (“en negro”), pero que al mismo tiempo entregan factura a su empleador (una característica propia del Monotributo). El dato clave: el 14% de los trabajadores “en negro” están en esta situación.
Un rasgo de las empresas más grandes
También se observa un patrón en esta práctica según el tamaño de la empresa. En las empresas pequeñas (menos de 10 trabajadores), que concentran el 77% del empleo “en negro”, solo el 7% de los trabajadores entregan factura de Monotributo a su empleador. En las medianas (entre 10 y 40 empleados), se concentra el 14% del empleo informal, pero el 24% entrega factura. Mientras que en las grandes empresas (más de 40 trabajadores) solo el 8% está “en negro”, pero de ese porcentaje el 45% emite factura a su empleador.
Los datos apuntan a que si bien el empleo informal es mayor en las empresas más chicas, el uso del Monotributo como medio para escapar de la legislación laboral es más extendido entre las empresas grandes.
Una cuestión de incentivos
Un rasgo distintivo del mercado laboral en Argentina es la alta carga que impone sobre los sueldos de los trabajadores. Tomando como ejemplo un salario privado promedio, que en abril estaba en $ 1.680.000 en bruto, el empleador puede pagar alrededor de 30% (unos $ 500 mil) en concepto de contribución previsional, obra social, Pami, fondo de empleo, asignaciones familiares y ART. Aun más, al registrar al empleado, debe seguir el sueldo de convenio, lo cual muchas veces está fuera de las posibilidades reales de la empresa.
Al trabajador, por su parte, se le descuentan aportes jubilatorios, obra social y Pami, llegando a valores cercanos al 17% (casi $ 300 mil). Si se suman aportes sindicales, casi la mitad del sueldo bruto se va en cargas sociales. Esto, comparado con los escuetos $ 32 mil que requiere el Monotributo, hace que muchos lo utilicen como vía para una “formalización” imperfecta.
Por otro lado, la alta informalidad observada entre las pequeñas empresas no responde solo a una falta de voluntad para cumplir con la ley, sino muchas veces a limitaciones estructurales: baja productividad, ingresos reducidos y una brecha considerable entre lo que pueden pagar y los costos que impone la formalidad. Cargar sobre estas unidades los mismos requerimientos que una gran empresa puede ser inviable, tanto por razones económicas como administrativas.
En ese sentido, avanzar hacia un esquema más realista para las pequeñas unidades productivas es clave. Aliviar la carga de contribuciones sobre los primeros tramos salariales, reducir la litigiosidad en los conflictos laborales y habilitar más flexibilidad en los acuerdos colectivos son algunas de las reformas necesarias para achicar el empleo informal sin expulsar aún más trabajadores del sistema.
* Economista de Idesa.
