- El año pasado, el 41% de ese biocombustible se produjo en la provincia, donde se elabora a base de maíz.
- Las empresas viven un momento de incertidumbre: no saben qué pasará en mayo, cuando vence la ley que le da marco al sector.
En 2020, cuatro de cada cinco litros de bioetanol elaborados a base de maíz se fabricaron en Córdoba. Las empresas Promaíz, de Alejandro Roca; ACA Bio, de Villa María; y Bio 4, de Río Cuarto, produjeron 335,6 millones de litros, el 79,2 por ciento de la producción total nacional de 423,5 millones de litros, de acuerdo con datos de la Secretaría de Energía de la Nación.
Córdoba consolidó así su liderazgo en el sector, con la mayor participación histórica, superando con creces el promedio del 70 por ciento desde que esta industria comenzó a funcionar en Argentina, en el año 2013.
Asimismo, si se suma el etanol producido a base de caña de azúcar (385,1 millones de litros), la producción local representó el 41,5 por ciento del total (808,7 millones).
Por detrás de Córdoba, Tucumán –principal zona “cañera” de Argentina– participó con el 27 por ciento; y luego se escalonan Salta, Jujuy, San Luis y Santa Fe.
Pero esta foto de 2020 esconde un costado negativo: los 335,6 millones de litros producidos en Córdoba representan una caída del 9,1 por ciento frente a los 369,3 millones de litros de 2019 y del 22 por ciento frente al pico de 430 millones de litros de 2018.
Es además la cifra más baja en seis años, desde los 283,9 millones de 2014, cuando dos de las tres fábricas (Promaíz y ACA Bio) recién iniciaban su actividad.
Preocupaciones
Este camino descendente se explica tanto por factores coyunturales como por motivos estructurales.
Vale recordar que el bioetanol se utiliza para "cortar" el 12 por ciento de las naftas. Por eso, su demanda depende del consumo de combustibles, que viene cayendo producto de la crisis económica que enfrenta el país, a lo que se sumó el año pasado el golpazo de la pandemia de Covid-19 que llevó la actividad de las estaciones de servicio a un mínimo histórico.
Pero lo estructural es lo que talla más en la agenda de preocupaciones de los empresarios. La industria del bioetanol se armó sobre la base de la ley 26.093, sancionada en 2012, y que estableció un "régimen de regulación y promoción para la producción y uso sustentables de biocombustibles". El marco legal contemplaba una fórmula para una actualización mensual de los precios, a partir de considerar indicadores de costos, amortizaciones y una rentabilidad sustentable para el negocio.
Las petroleras, obligadas a pagarle a las etanoleras este precio fijado de manera oficial, desde un inicio no estuvieron muy de acuerdo y en abril de 2019 llegó el primer obstáculo: el gobierno de Mauricio Macri eliminó la fórmula y comenzó a aplicar aumentos de manera discrecional, sin que los industriales conocieran de manera puntual los parámetros que se tomaban para las actualizaciones.
Esto complicó el negocio y el segundo gran escollo fue el cambio de Gobierno: en diciembre de 2019, el presidente Alberto Fernández decidió congelar el precio de los combustibles que se venden al público y eso, por carácter transitivo, afectó a los productores de bioetanol.
Recién en octubre de 2020, el valor se actualizó, pero apenas un 10 por ciento. En el medio, el principal insumo, que es el maíz, duplicó su cotización internacional. El resultado fue que en casi todo el segundo semestre la industria trabajó a pérdida, al punto de que hubo plantas que paralizaron su producción.
Mejora provisoria
Finalmente, luego de que la Justicia avalara un planteo de Bio 4 para que volviera a aplicarse la fórmula establecida por ley, a principios de 2021 el Gobierno anunció una suba gradual de los precios de los biocombustibles que le ha dado aire a las empresas.
“Hoy la industria de bioetanol de maíz tiene un costo de 46 pesos por litro y el precio de venta es de 47,80. Luego de un último trimestre de 2020 en que los costos variables superaron el precio de venta del mercado interno, en este momento tenemos una leve rentabilidad”, señaló Víctor Accastello, gerente del departamento de Insumos Agropecuarios de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA).
“Con los precios acordados hasta mayo estamos trabajando bien, con la capacidad al 100 por ciento. No es que estemos ganando, pero sí al menos no es una situación de quebranto como a fines del año pasado”, confirmó Manuel Ron, presidente de Bio 4.
Desde Promaíz, su gerente general Juan Cano indicó que la planta está trabajando casi al tope de su capacidad instalada, y precisó que el establecimiento cerró enero con más de 16 millones de litros entregados.
Sin embargo, esto es solo una foto optimista dentro de una película de suspenso y drama para las etanoleras. Sucede que en mayo vence el plazo de vigencia de la ley 26.093: la prórroga de la misma ya tiene media sanción en el Senado, pero está trabada en la Cámara de Diputados.
Y la situación ha generado mucha controversia: las empresas y el Gobierno de Córdoba reclamaron que esa prórroga fuera incluida en el temario de las sesiones extraordinarias y eso no ocurrió. Ahora esperan que sea uno de los primeros proyectos que se aborden en el período legislativo ordinario.
Pero en el sector desconfían del presidente de la Cámara Baja, Sergio Massa, por dos razones: las presiones de YPF para que no se trate esta iniciativa y la cercanía del exintendente de Tigre con la familia Bulgheroni, propietaria de Pan American Energy (PAE), otra petrolera que toma distancia de una política diferenciada para los biocombustibles.
“El acuerdo de precios actual sirvió para volvernos a poner en marcha, pero sin rentabilidad y sin un horizonte, porque todo vence en mayo y no se sabemos cómo sigue la película. Navegamos en un mar de incertidumbre”, se quejó Patrick Adam, director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz.
“En 60 días se vence la ley y no hay ninguna definición. Está todo políticamente enrarecido, mucha incertidumbre y tenemos el foco puesto en solucionar el tema de la regulación que afectará a los biocombustibles a mediano y largo plazo”, añadió Manuel Ron.
Accastello fue más crítico aún: "La gran incertidumbre es cómo sigue la industria a partir de junio. Hay dos compañías petroleras que están ejerciendo todo su poder de lobby para destruir la industria de los biocombustibles. Quieren que tengan precio libre y ellos puedan participar en su producción".
Internas
Un problema adicional es que hace dos años se había armado una entidad política denominada la “Liga Bioenergética”, integrada por las empresas y los Gobiernos que tienen producción de biocombustibles en sus territorios.
En el caso del etanol, el problema es que ha vuelto a renacer una histórica disputa entre los productores a base de caña y los que lo hacen con el maíz.
Durante cinco años, el de caña tuvo mejor precio que el de maíz. Eso se equiparó en diciembre de 2019. Pero ahora los industiales cordobeses temen que vuelva a formularse una ley que favorezca a los del norte, que tienen mayor ligazón política con el oficialismo nacional.
En su reciente visita a Tucumán, el presidente Alberto Fernández dijo que los productores de etanol no tenían que preocuparse, que iban a poder seguir produciendo e invirtiendo.
“No te confundas: eso no fue un mensaje para todos. Hay un sesgo procañero y antiCórdoba/maíz en todo lo que está preparando el gobierno”, mencionó una de las fuentes del sector consultadas.
Que el mensaje haya sido expresado en Tucumán, gobernado por Juan Manzur -un político que llegó a ser ministro de Salud de Cristina Fernández- es toda una señal, opinan en la industria. Del otro lado, el Gobierno de Córdoba quedó prácticamente solo reclamando por el etanol de maíz, justo en un momento en que las relaciones con el poder central están cada vez peor. Mientras tanto, Córdoba aprobó su propia ley de fomento a los biocombustibles.
“La Liga no existe más. Solo nuestra Provincia está luchando por la prórroga de la Ley 26.093 tal como se aprobó en el Senado. El NOA está negociando un régimen especial para el bioetanol de caña de azúcar, con fórmula de precio y cupo especial para ellos”, profundizó Accastello.
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