La inflación de noviembre fue de 4,9% y acumula así 85,3% en lo que va del año. En la comparación interanual reúne un incremento superior al 92%. El Gobierno se resigna a celebrar que se termine el año con un crecimiento acumulado de los precios al consumidor que no llegue a los tres dígitos.
No hay encuesta de opinión que no ubique a la inflación como el principal problema el país, y el Gobierno lo sabe.
Inflación en Argentina
“El objetivo es que la inflación empiece con el 3% en abril” dijo el ministro de Economía Sergio Masa, luego de que se conoció el valor del IPC de noviembre. Para el oficialismo la condición necesaria para tener chances de ganar la elección de año próximo es bajar sensiblemente el crecimiento de los precios.
La persistencia de la muy alta inflación y los daños que ella provoca en la economía y en la sociedad amplía el consenso de que algo hay que hacer. En la época del exministro Martín Guzmán, el diagnóstico oficial prevaleciente era que la inflación es un fenómeno multicausal.
La aceleración de la crisis forzó a migrar a un diagnóstico más realista. Hay varios motivos por los cuales los precios aumentan, pero para el caso argentino –por lejos el principal– es el exceso de emisión derivado del déficit fiscal. Esto plantea la necesidad de equilibrar las cuentas públicas. Es tan antigua y fuerte la correlación entre la magnitud del déficit fiscal y la tasa de inflación que los convencidos de que hay que bajar el déficit fiscal son cada vez más mayoría. El paso siguiente es ponerse de acuerdo en cómo lograrlo.
¿Cómo hacerlo? En la instancia de definir acciones tendientes a equilibrar las cuentas públicas, las discusiones son mucho más polémicas. Los más oportunistas se enredan en una larga enumeración de ambigüedades y medidas voluntaristas. Los más serios y sinceros plantean la necesidad de tomar medidas de ajuste fiscal. Esto, de forma inmediata, lleva a reconocer las enormes dificultades que genera superar las resistencias que gran parte de la sociedad tiene contra las medidas de ajuste fiscal.
La Argentina acumula una larga tradición de experiencias en la aplicación de medidas de ajuste fiscal. El objetivo siempre fue el mismo: responder a la crisis con medidas orientadas a reducir rápidamente el déficit.
Los instrumentos utilizados a lo largo del tiempo son más variados, pero de naturaleza bastante parecida. En algunos casos, el énfasis estuvo puesto en equilibrar las cuentas públicas aumentando ingresos a través de una suba de impuestos.
En otros, metiendo “tijera” a los gastos. Por ejemplo, alterando la regla de movilidad de las jubilaciones para que el gasto previsional crezca por debajo de la inflación, congelando nombramientos y salarios de los empleados públicos, suspendiendo o demorando la ejecución de la obra pública, o demorando pagos a proveedores.
Esta estrategia se aplicó muchas veces. De hecho, una variante de estas características es la que vienen aplicando el ministro Massa. En el combo con el que esperan bajar la inflación se incluyen aumentos de impuestos (adelanto de Ganancias) y bajas en el gasto, como licuación de jubilaciones, reducción de la obra pública en provincias y municipios, ajustes en vivienda y educación o recortes en subsidios al transporte.
La historia económica argentina muestra que se hicieron muchos experimentos y que todos terminaron de la misma manera: en fracaso.
Condenados al fracaso
¿Por qué fracasan las estrategias de ajuste fiscal? La explicación más a mano es que los ajustes son política y socialmente muy resistidos. Esto lleva a que sean aplicados en dosis y tiempo insuficientes.
Se logran ejecutar en contextos muy turbulentos, especialmente cuando se dispara la inflación, pero con una profundidad y sostenibilidad insuficiente. La crisis genera el contexto para que el ajuste fiscal sea tolerado por la sociedad como un mal menor. Pero apenas los síntomas de crisis aminoran inmediatamente reflotan presiones para relajar las medidas de ajuste fiscal.
Pero un punto mucho más importante, y mucho menos tenido en cuenta, es que el ajuste fiscal en el sector público argentino resulta económicamente inconsistentes. Son medidas que sirven para mostrar alivio en la contabilidad pública de manera transitoria, pero no corrigen de manera genuina los desequilibrios.
Por ejemplo, manipular la movilidad previsional genera un alivio de reducción de gasto público en el corto plazo, por la licuación de los haberes que produce actualizar las jubilaciones por debajo de la inflación.
Pero esto genera, indefectiblemente, juicios que en algún momento el Estado paga (la última experiencia masiva fue la Reparación Histórica en 2017). Por eso, más allá de las consideraciones éticas, el ajuste fiscal aplicado a través de manipular la movilidad no reduce el gasto. Lo que logra es diferir el momento en que ese gasto se registra.
En el mismo sentido. Posponer obra pública en la contabilidad es registrado como un alivio porque transitoriamente aparece una baja del gasto. Pero objetivamente lo que sucede es una descapitalización, que en algún momento se tendrá que compensar. Si Vialidad no repara una ruta baja el gasto este año, pero aumenta las erogaciones en el futuro cuando ya no se pueda seguir demorando la reparación. El mismo fenómeno se produce cuando se demora el pago a proveedores y contratistas.
También el ajuste fiscal aplicado a partir de la suba de impuestos es económicamente inconsistente, especialmente cuando se apela, como generalmente ocurre, a tributos muy distorsivos.
El aumento de impuestos puede generar mayores recursos en el corto plazo, pero cuando los agentes económicos internalizan este nuevo tributo, la consecuencia es menor inversión y producción, lo que termina erosionando la base imponible que esos impuestos querían alcanzar, reduciendo los ingresos.
No es exagerado afirmar que el ajuste fiscal es una trampa. Demanda una enorme inversión política para su instrumentación, pero no logran corregir el problema de fondo.
Para entender las razones de su fracaso hay que entender que el principal problema no es que son medidas imposibles de sostener en el tiempo sino, lo más importante, es que constituyen una estrategia económicamente inconsistente.
Aun cuando existiera soporte político para sostenerlos, indefectiblemente el déficit fiscal vuelve a aparecer. Tarde o temprano hay que pagarles a los jubilados los juicios, arreglar las rutas o pagarles a los proveedores del estado o se sufre las consecuencias de subir de impuestos distorsivos.
La solución pasa por el ordenamiento del Estado.
El primer paso es asumir que el déficit fiscal alto y persistente es un derivado natural de una mala organización del sector público. Internalizar la idea de que el Estado está estructurado para gastar por encima de sus ingresos y administrar mal. El déficit fiscal y la baja calidad de la gestión pública emergen de una irracional organización. No es un desvió transitorio ni un hecho episódico, sino algo intrínseco a su mala organización. Mientras no haya una explicitación y cuestionamiento de estas fallas organizaciones, no hay solución.
Por eso fracasan las estrategias que intentar corregir el déficit fiscal aplicando ajustes. No es metiendo tijera a los gastos ni aumentando los impuestos; sino con un ordenamiento integral que replantee la organización del Estado siguiendo criterios más racionales. La meta no es sólo equilibrar ingresos y gastos, sino mejorar la calidad de la gestión públicas.
Esto plantea una agenda de políticas muy diferente a las que tradicionalmente integran las estrategias de ajuste fiscal.
Dentro de los varios puntos estratégicos, uno clave es eliminar la superposición entre niveles de Gobierno, tanto en materia de impuestos como de gastos.
Por ejemplo, una manera genuina de bajar el gasto púbico y mejorar la gestión es que el Gobierno nacional deje de ejecutar gastos que avasallan funciones provinciales.
Alrededor de 2,5% del producto interno bruto (PIB) en gasto público nacional (es decir, casi todo el déficit primario) se explica por erosiones en educación, salud, desarrollo social, vivienda y agua y saneamiento que corresponde a las provincias.
En análogo sentido, los tres niveles de Gobierno aplicando impuestos a los mismos ciudadanos por el mismo hecho imponible no sólo genera ineficiencias y distorsiones, sino que también genera déficit porque incentiva enormemente la evasión y la elusión tributaria.
El ajuste fiscal es una estrategia conocida, tanto en sus contenidos como en sus previsibles frustrantes resultados. El ordenamiento del Estado es una estrategia inexplorada, que demanda mucha innovación y audacia, pero que tiene implícito resultados mucho más alentadores.
(*) Economista, coordinadora en Idesa
