Con la inflación en baja pero la actividad resentida, el Gobierno enfrenta un dilema: cómo sostener la calma de precios sin asfixiar el crédito, la producción y el poder adquisitivo que impacta de lleno en el consumo.
La economía argentina transita una etapa de transición. Tras meses de fuerte ajuste fiscal y monetario, la inflación muestra niveles muy inferiores a los de 2024. Sin embargo, el costo de esa estabilización ya se siente en la economía real: consumo deprimido, crédito en retroceso, aumento de la morosidad, caída industrial y salarios que pierden poder de compra. Todo esto agravado por la volatilidad de las tasas de interés desde el 10 de julio, cuando el Gobierno decidió eliminar las Lefi (letras fiscales de liquidez del Tesoro).
En esta misma columna, el 27 de octubre de 2024, advertíamos: “El comportamiento positivo de las variables financieras alentaba el optimismo de quienes veían una posible salida de la crisis. Sin embargo, la economía real y la falta de reservas invitaban a la cautela, recordándonos que la prudencia es siempre buena consejera frente a la euforia financiera”. Ese llamado a la cautela se reafirma hoy, tras el impacto de la eliminación de las Lefi y de otras medidas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para regular la liquidez, que desataron una fuerte volatilidad de tasas de interés en un momento delicado: elecciones en el horizonte y el final de la liquidación de la cosecha gruesa, cuyo adelantamiento había sido promovido por el Gobierno con una baja temporal de retenciones hasta junio de 2025.
Cada decisión de política económica repercute de inmediato en la actividad real. Así, este “error no forzado” generó incertidumbre y turbulencias que, más de un mes después, todavía golpean al mercado. Pese al discurso oficial, está claro que no todo “marcha de acuerdo al plan” (TMAP).
Privados de las Lefi, los bancos se refugiaron en instrumentos de máxima liquidez. Esto obligó al BCRA a intervenir nuevamente y esto alimentó la volatilidad de tasas y la suba del dólar. El apretón monetario fue la herramienta elegida para intentar encauzar la situación y proteger los dos activos electorales más importantes para el oficialismo: la desaceleración de la inflación y la estabilidad del tipo de cambio. Pero el costo fue la contracción del crédito al sector privado, que agrava la caída del consumo, limita la producción y desalienta la inversión.
Vuelve la cuestión distributiva
El programa económico se sostiene en un conjunto de anclas: superávit fiscal, un tipo de cambio atrasado, apertura de importaciones y un apretón monetario tras la eliminación de las Lefi. Estas herramientas lograron moderar la inflación y atemperar las presiones sobre el tipo de cambio, ahora fluctuante entre bandas. Pero dejaron efectos secundarios difíciles de administrar y no resuelven la restricción que implica la falta de reservas.
El dólar bajo, que actúa como freno inflacionario, erosiona al mismo tiempo la competitividad de las exportaciones, alienta las importaciones, incentiva el turismo al exterior y expone a la industria nacional a una competencia externa difícil de enfrentar. La apertura de importaciones multiplica las dificultades de sectores productivos que enfrentan costos internos que no bajan y precios internacionales que los desplazan del mercado.
En paralelo, la agenda social empieza a cambiar. Si durante meses la prioridad fue controlar la inflación, ahora comienza a crecer el reclamo por la recuperación del poder adquisitivo. Con salarios y jubilaciones rezagados, gremios y sectores medios vuelven a poner la cuestión distributiva en el centro del debate. La pregunta es si el programa económico podrá sostener la estabilidad de precios sin responder a esa demanda más allá de las elecciones de octubre.
El Gobierno, entonces, enfrenta un dilema: estabilizar sin asfixiar. La disciplina fiscal y monetaria fue condición necesaria para frenar la inflación, pero no alcanza para pasar de reactivar la economía a crecer de manera homogénea. Sin crédito, sin competitividad, con ingresos en caída y sin inversiones, el crecimiento parece lejano más allá de la recuperación lograda.
Las reformas estructurales, en especial en los ámbitos tributario y laboral, serán imprescindibles para lograr una competitividad duradera que no dependa de ajustes periódicos en el tipo de cambio. Pero no alcanzará sólo con eso: también harán falta mejoras en infraestructura, logística y financiamiento para que la industria argentina pueda competir en el mercado global y atraer inversión extranjera directa que genere empleo y valor agregado local.
Elecciones, pragmatismo y consensos
La salida estará impactada, en buena medida, del resultado electoral, pero sobre todo de las decisiones que tome el Gobierno después de octubre. Un triunfo claro de La Libertad Avanza aumentaría las chances de avanzar en reformas estructurales, favorecido por una eventual baja del riesgo país, que abra el acceso al crédito externo e incluso a algún refuerzo de reservas que pudiera recibir. Un resultado adverso complicaría ese escenario, aunque no lo haría imposible.
En cualquier caso, será imprescindible recuperar el pragmatismo de meses anteriores y dejar atrás decisiones dogmáticas que generaron las turbulencias actuales.
También será necesario construir consensos más amplios para impulsar cambios que mejoren la competitividad y conviertan en realidad las inversiones y el ingreso de dólares tantas veces anunciados.
La salida exige tender un puente entre la estabilidad y el crecimiento. Eso implica políticas que impulsen el crédito productivo, incentivos a las exportaciones y una recomposición gradual del poder adquisitivo que no desarme lo logrado en materia de precios.
El riesgo de no alcanzar ese equilibrio es claro: una economía atrapada en un estancamiento prolongado, con baja inflación, pero con un costo social y productivo cada vez más difícil de sostener. Un estancamiento que, con sus altibajos, Argentina padece desde hace más de una década.
La esperanza es que, después de octubre y con la campaña electoral detrás, prime la voluntad de todos los actores de construir consensos que permitan alcanzar no sólo estabilidad y crecimiento, sino también desarrollo humano.
(*) Licenciado en Economía. MP: 14-00095-3
