En medio de una crisis económica sin precedentes, el Gobierno presentó un proyecto de ley mediante el cual busca, una vez más, limitar a las SAS y a las SRL, lo que afectaría a todas las pymes del país.
Bajo el objetivo de combatir el lavado de activos, el Gobierno nacional busca quedarse con el poder absoluto y discrecional de decidir quién puede emprender en Argentina.
La advertencia pertenece a la Asociación de Emprendedores de Argentina (Asea), la entidad sin fines de lucro que agrupa a nivel nacional a más de 40 mil emprendedores, a partir de la intención oficial de crear un “registro de emprendedores” a cargo del Ministerio de Economía.
Según la entidad empresarial, el registro tendría la potestad de aceptar o de rechazar a quién se considera emprendedor; y por lo tanto, quién puede ser socio de una sociedad.
El proyecto también obliga a las pymes a que vuelvan a registrar su domicilio –para lo que deberán contratar un escribano para demostrar su veracidad (a un costo de $ 40 mil por sociedad, precisa la entidad)– y obliga a que todas las Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) y las Sociedad por Acciones Simplificada (SAS) del país presenten sus balances ante la Inspección General de Justicia, (IGJ), para lo que deberán gastar importantes sumas de dinero en la presentación de este trámite retroactivo.
“Es preocupante que el proyecto levante la limitación de responsabilidad de todos los socios y las administradores de las SRL y las SAS en el país frente a terceros”, advierten desde Asea.
Asimismo, el proyecto de ley permite que el Poder Ejecutivo disuelva cualquier sociedad sin posibilidad de que exista recurso judicial alguno, y confisque todos los bienes de la sociedad, sin ningún tipo de intervención de un juez.
Desde la aprobación de la Ley de Emprendedores en 2017, se crearon más de 50 mil empresas bajo la figura de la SAS y se generaron más de 120 mil puestos de trabajo registrados. Desde la entidad que agrupa a los emprendedores, aseguran que son las sociedades que tuvieron mayor crecimiento de recaudación fiscal y mayor creación de puestos de trabajo, según los datos oficiales del Ministerio de Trabajo y de la Afip.
“Sin embargo, la IGJ limitó su uso en 2020 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con resoluciones cuestionadas judicialmente, lo que ha generado incertidumbre y dificultades para los emprendedores”, indicó.
A pesar de las limitaciones impuestas por la IGJ, las SAS siguen siendo una figura societaria muy utilizada en provincias como Santa Fe, Tucumán, Mendoza o Córdoba, donde representan la mayoría de las sociedades creadas.
“Crear un registro de emprendedores y establecer que estos tienen que pedirle autorización al Gobierno de turno para emprender es algo que tiene tintes soviéticos e intervencionistas, y que sólo contribuye a achicar la cuota de inversión que el país necesita para expandir su economía”, sostuvo Ricardo Cony Etchart, profesor de derecho corporativo de la Universidad del Museo Social.
Para el especialista, este proyecto supone convalidar un control gubernamental sobre el sector pyme con un nivel de intromisión jamás vista hasta ahora.
“No termina de entenderse por qué, en el contexto complejo en el que se encuentra el país, se ponen trabas para aquellos que tienen pymes”, manifestó Manuel Tanoira, socio fundador y parte del equipo de políticas públicas de Asea.
“Por tres años tuvieron a los emprendedores en vilo, diciéndoles que sus empresas eran ilegales. Ahora suman a las SRL y les dicen que no van a tener más limitación de responsabilidad”, se quejó.
Alejandro Ramírez, profesor de derecho societario de la Universidad Austral, subrayó que con la SAS cualquier persona podía abrir una sociedad de manera fácil, sencilla y de forma digital. “Mediante el proyecto de ley y las resoluciones de la IGJ, se pretende someter a las empresas y utilizar a la IGJ como arma de persecución contra las pymes”, admitió.
El profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, Fernando Perez Hualde, dijo: “El proyecto es un ataque al régimen federal en tanto desconoce la realidad existente en las provincias en las que las SAS tienen gran aceptación. Somos ajenos a la problemática porteña”. Al tiempo que indicó: “Sorprende que se pretenda aprobar una ley confiscatoria, que permite al Estado quedarse con los bienes de una sociedad en liquidación. En nuestro país, ello no se aplica ni siquiera a las asociaciones”.
