El fuero laboral de Córdoba está llevando a cabo un intenso trabajo tendiente a quebrar una “tradición” ligada a los tiempos que insume una demanda, que puede tardar más de cinco años hasta llegar a una resolución.
Mediante el “programa de disminución de stock”, impulsado por la Oficina de Gestión Judicial de ese fuero y respaldado por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), el volumen de causas pendientes se redujo 51,3%.
En junio de 2023 había 28.197 expedientes sin resolución. Dos años después, ese stock bajó a 13.744 casos.
“La idea de un Poder Judicial cercano a las personas nos llevó a profundizar acciones, no sólo para darle una mayor eficacia a la resolución de los conflictos jurídicos, sino para lograr una mayor celeridad en la resolución”, explicó a La Voz el presidente del TSJ y también titular de la sala laboral, Luis Eugenio Angulo.
“Esas acciones tienden a garantizar la oralidad, la inmediatez y la concentración de los actos procesales, lo que nos ha posibilitado esta mayor eficacia y celeridad”, añadió en referencia a los resultados del proceso, que también se extiende a los fueros civil y penal.
Según Angulo, en el ámbito laboral, “pleitos como despidos sin causa o un accidente de trabajo, que antes demoraban, en promedio, entre 4 y 6 años en resolverse, ahora tardan 6 meses”.
Conciliación
¿Qué cambió? En rigor, se combinaron la decisión política con nuevas herramientas de gestión y modificaciones en la dinámica interna de las salas.
“El programa se apoyó en varios pilares: primero, la depuración y clasificación de expedientes permitió un diagnóstico preciso para cada una de las 11 salas. Luego, se promovió un fuerte aumento de audiencias de conciliación y de vistas de causa, lo que se tradujo en un mayor número de sentencias dictadas”, explicó Angulo.
La vía de la conciliación se consolidó como un recurso eficaz, ya que siete de cada 10 causas convocadas a audiencias finalizaron en un acuerdo. Para Angulo, el proceso “beneficia a las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces se encuentran con la ‘espada de Damocles’ que significa no poder tener certeza sobre el resultado de un conflicto laboral”.
El trabajo incluyó también una reorganización interna de equipos, con redistribución de tareas y aplicación de prácticas más eficientes. La Oficina de Gestión aportó herramientas, recursos y un monitoreo constante.
“Los resultados de productividad de cada sala se publicaron regularmente, lo que generó transparencia y compromiso colectivo”, añadió el presidente del máximo tribunal provincial.
Foco en la vulnerabilidad
Entre julio de 2024 y junio pasado ingresaron 18.438 nuevas causas en las sedes laborales de Capital, Río Cuarto, Villa María y San Francisco, entre juicios ordinarios, procedimientos abreviados y casos especiales.
Uno de los universos más atendidos fue el de las causas por despidos, que abarcan sectores como personal de casas particulares, empleados de contact centers, trabajadores de la construcción y viajantes de comercio.
“Cada caso tiene su complejidad, pero estos conflictos fueron abordados de manera prioritaria”, indicaron fuentes del fuero laboral.
La gestión puso además el foco en los sectores más vulnerables. Los protocolos elaborados en el marco del proyecto “Promoción del acceso a la justicia de grupos vulnerables” de la Oficina de Derechos Humanos y Justicia y las Reglas de Brasilia fueron la guía para priorizar casos de niñas, niños y adolescentes, personas mayores e individuos con discapacidad.
“Priorizar estos casos permite dirigir la atención y los recursos hacia las personas que, por su situación, requieren un enfoque especial para asegurar que sus derechos sean atendidos”, subrayaron.
Nuevas metas y tecnología
La creación de los Tribunales de Gestión Asociada (TGA) rompió con la estructura tradicional de los juzgados, lo que facilitó la redistribución de las tareas en unidades de trabajo especializadas. En esencia, esto permite que los jueces se concentren exclusivamente en dictar sentencias y participar en audiencias.
La modernización también llegó de la mano de la tecnología. Por ejemplo, en los procedimientos declarativos abreviados (PDA) se utiliza el despacho automatizado con inteligencia artificial.
Esta herramienta permite analizar en forma previa los archivos que los abogados presentan con las demandas y generar decretos automáticos para agilizar la gestión. Incluso, se están explorando otras posibilidades para la aplicación de inteligencia artificial.
Además, y por disposición del propio Angulo, el TSJ proyecta que en el segundo semestre de 2026 todas las salas estén al día.
El desafío será sostener el ritmo y evitar que la mora vuelva a crecer. En promedio, los PDA permiten resolver casos en seis meses. “Desde agosto, más de la mitad de las causas nuevas se tramitan bajo esta modalidad, lo que reduce la presión sobre la Cámara”, se explicó.
La colaboración entre salas también refuerza el proceso: aquellas que ya están al día toman más causas, aliviando a las que aún arrastran mucho stock. El objetivo es que toda la Cámara funcione con un flujo regular de expedientes, sin acumulaciones.
