En los últimos años los argentinos nos acostumbramos a convivir con precios cada vez más altos y con frecuentes variaciones de precios relativos, el precio de un bien o servicio respecto a otro, que van complejizando las transacciones económicas. En el mismo sentido suben también las canastas básicas, por encima incluso de lo que sube la inflación. Es decir, las canastas que consumen las familias pobres e indigentes se hacen más caras en términos reales.
En el caso de la canasta básica alimentaria, que se usa para determinar la indigencia, aumentó en términos reales por encima del aumento general de los precios: un 16% entre diciembre de 2016 y marzo de 2023. Lo más preocupante es la aceleración que se observa en este aumento ya que hasta diciembre de 2022 el incremento era de 8% y en tan solo 3 meses se duplicó.
En los últimos 6 años nunca resultó tan caro acceder a la canasta alimentaria básica. Si bien aún no hay publicados datos de indigencia para 2023, es previsible un aumento de la misma, deteriorando aún más la compleja situación social de Argentina. Entre los factores que explican los últimos aumentos de los alimentos sobresalen aquellos relacionados a las frutas y verduras, afectadas por la sequía y las temperaturas extremas del verano, y el aumento en el precio de la carne, que había permanecido casi sin ajustes en todo 2022.
Al igual que la indigencia, la canasta de bienes que determina la pobreza también aumentó en términos reales, 5% entre 2016 y 2023. En los últimos años hubo varios momentos en los cuales el aumento en el costo de vida de los hogares (por encima de la inflación) desencadenó fuertes aumentos en la pobreza:
- Crisis cambiaria: en la segunda parte del mandato de Macri, la crisis cambiaria de abril de 2018 desencadenó en un salto en el dólar y con ello aumentos en los precios de bienes y servicios, pero particularmente en los alimentos. En paralelo, la pobreza saltó de un piso de 25% a 32% en el 2do semestre de ese año.
- Post cuarentena: tras la reactivación de la economía y la circulación a partir de octubre de 2020, fue cada vez más difícil para el gobierno mantener el cumplimiento de los programas de controles de precios establecidos en la pandemia. En tal sentido hubo un sobreajuste en los precios controlados (en su mayoría bienes de primera necesidad). En el 2do semestre de 2020 la pobreza tocó el 42%.
- Sequía y guerra: en 2022 el impacto de la sequía y la guerra en Ucrania hicieron mella en los precios de productos de consumo básico (en especial alimentos), que volvieron a subir por encima de la inflación general. La pobreza del segundo semestre del año pasado se ubicó en torno al 39,2%. Y dada la dinámica de precios del primer trimestre del año puede verse como un piso sobre el cual va seguir aumentando.
Los salarios nunca estuvieron tan bajos
Se podría esperar que si el costo real de la canasta aumenta pero los salarios reales también lo hacen, no habría mayores implicancias sociales. Pero no es ese el caso. Desde 2018 que los salarios también pierden contra la inflación. En ese sentido, los bajos salarios son sintomáticos del estado actual en el mercado laboral. No falta empleo, falta empleo de calidad.
Pero hay un fenómeno más preocupante detrás. Desde la pandemia, el comportamiento de los salarios formales quedó estable pero los salarios de los trabajadores informales no pararon de caer. Lo cual imprime una resonancia mayor al aumento en las canastas básicas. Las familias pobres, que consumen mayor proporción de artículos de primera necesidad a su vez tienen que enfrentar precios más altos con salarios más bajos (la mayoría trabajando en la informalidad).
El estado, entre la espada y la pared
La situación económica y social llegó a tal punto que hay que enfrentar dilemas, con opciones poco agradables. Si se reduce la ayuda social, es probable que aumente el número de pobres. Si se aumenta la ayuda, se agregará presión a las finanzas públicas, que con escasas posibilidades de financiar ese gasto con algo diferente a emisión, va a influir en la suba de precios, agravando aún más la situación social.
Para sortear los dilemas, es necesario apelar a la racionalidad y no a recetas mágicas. Es claro que la salida está en que todos tengamos mejores salarios. Lo cual es casi imposible con inflación y recesión. El Estado debe reconocer su responsabilidad en una gestión pobre y poco profesional, enfocada al corto plazo, antes que en resolver los problemas de fondo de la economía (y al mismo tiempo generando otros problemas nuevos).
En este momento no es solo la economía quien exige racionalidad. La situación social también lo exige. No sólo cada vez hay más pobres, sino que la brecha para dejar de ser pobre es también cada vez más alta. Al punto de que muchos hogares empiezan a tener comprometido el acceso a una dieta básica en niveles que no se habían observado desde la profunda crisis de 2001.
Es momento de llegar al consenso en que no es sostenible mantener crónicamente el desmanejo de los gastos del Estado por encima de sus ingresos. Tarde o temprano estos excesos deben pagarse en forma de mayores impuestos, deuda o, como se ha hecho más recientemente con emisión monetaria espuria que genera más inflación. Sin reordenamiento del Estado, no hay ordenamiento económico ni social.
(*) Economista de Idesa
