Esta semana empezó a circular un borrador del paquete de primeras reformas fiscales del presidente Javier Milei. Este es un primer paso para aplicar en forma inmediata y que apunta a sostener la baja del déficit de las cuentas públicas durante 2024.
El texto se difundió entre tributaristas y las cámaras empresariales, y se espera que ingrese al Congreso de la Nación en el período de sesiones extraordinarias. Según se lee, este “capítulo fiscal” sería parte de un proyecto más amplio de reforma del Estado. De todos modos, está por verse si se envía solo o en el marco de un paquete más amplio de medidas.
De qué se trata la reforma fiscal
La iniciativa consta de ocho capítulos:
1) Una moratoria con plan de regularización de deudas fiscales.
2) Un blanqueo impositivo.
3) La marcha atrás de la reforma del Impuesto a las Ganancias aprobada para el año fiscal 2024 y la confirmación de los cambios de 2023.
4) Una baja gradual de alícuotas de Bienes Personales y la posibilidad de un pago anticipado.
5) Cambios en los impuestos internos (cigarrillos).
6) La suba de los derechos de exportación al 15% (anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo).
7) Un régimen de transparencia fiscal para que se discrimine el IVA en los tickets de compra de los consumidores.
8) La eliminación del Impuesto a la Transferencia de Inmuebles.
Moratoria impositiva
Se crea un régimen de regularización de obligaciones tributarias, aduaneras y de seguridad social, vencidas a la fecha de entrada en vigencia de la ley.
Como novedad, se permite incluir deudas por el Aporte Solidario Extraordinario (ASE), también conocido como “impuesto a la riqueza”.
El acogimiento prevé una reducción de entre el 50% y el 10% de los intereses (según la fecha de adhesión) y la condonación de las multas.
También prevé un plan de pagos de hasta 24 cuotas para personas humanas, 30 meses para micro y pequeñas empresas, 18 cuotas para firmas mediadas y hasta 12 para el resto de los contribuyentes.
Blanqueo de capitales
La iniciativa prevé un amplio blanqueo de activos no declarados con un plazo de vigencia bastante exiguo (hasta el 29 de febrero de 2024, prorrogable hasta el 30 de abril).
Se puede incluir dinero, activos financieros, bienes, créditos y todo tipo de derechos en el país y en el exterior.
El blanqueo tendrá un impuesto especial que se pagará en dólares al tipo de cambio dólar MEP del 30 de noviembre de 2023 ($ 858,82).
Se tributará el 5% sobre el excedente de U$S 100 mil. Si se regulariza menos, la alícuota es cero. Para llegar a este monto, se considerarán todos los bienes que blanquee el contribuyente y sus familiares, incluyendo también sociedades y fideicomisos.
El dinero en efectivo que sea depositado en cuentas bancarias especiales no pagará el impuesto especial mientras los fondos estén depositados o invertidos en los activos previstos en la ley. Habrá una imposición que irá bajando para incentivar que el dinero se mantenga en la cuenta. Luego del 1° de enero de 2026, ya no habrá impuesto.
Impuesto sobre los Bienes Personales
Se establece un régimen especial de ingreso del impuesto sobre los Bienes Personales para pagar por anticipado cinco períodos fiscales (de 2023 a 2027), antes del 29 de febrero de 2024.
Quienes opten por esta modalidad abonarán una alícuota del 0,75% sobre la base imponible y se les garantizará la estabilidad fiscal por 12 años, a partir de 2028.
Por otra parte, el proyecto prevé una reducción gradual de la alícuota en cinco períodos fiscales, comenzando en 2023 (la tasa máxima baja del 1,75% al 1,50%) y llegando hasta el 0,75% para 2027. Además, se elimina el diferencial que agrava el pago de bienes del exterior.
Impuesto a las Ganancias
El texto deroga la Ley 27.725 que aprobó el Congreso en octubre de este año, a instancias del entonces ministro de Economía, Sergio Massa, y que modificaba el Impuesto a las Ganancias a partir del período fiscal 2024.
Así, se elimina el impuesto cedular que se aplicaba a los ingresos salariales y jubilatorios con la deducción única de 180 salarios mínimos, vitales y móviles anuales. Además, se restablece la redacción anterior de todos los artículos.
Por otra parte, para el período fiscal 2023, la iniciativa confirma los decretos que subieron a $ 1.980.000 bruto mensual el tope de sueldos y jubilaciones exentos en los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Además, se confirma el cambio de la tabla de alícuotas realizado en agosto para todas las rentas previstas en la ley. Y se vuelve a implementar la actualización por el Ripte a partir de 2024, pero con un 26% menos.
Y, por último, se faculta al ejecutivo a incrementar el monto exento para el aguinaldo, las deducciones y la tabla de alícuotas.
Derechos de exportación
En línea con la suba de retenciones anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el proyecto fija en 15% la alícuota de derechos de exportación para las mercaderías que hoy no están gravadas y sube la tasa a ese nivel para los bienes con porcentajes más bajos.
Los productos con alícuotas al 15% o superiores se mantienen sin cambios.
Además, se faculta al Poder Ejecutivo, hasta el 31 de diciembre de 2026, la posibilidad de reducir la alícuota hasta el 7,5%.
Estas nuevas tasas tendrán efectos a partir del 1° de enero de 2024.
Transparencia fiscal
El borrador incluye una iniciativa presentada por la asociación civil Lógica, dirigida por el tributarista Matías Olivero Vila, para que el monto del Impuesto al Valor Agregado (IVA) se discrimine en las facturas o ticket de bienes y servicios a consumidores finales, siempre que el vendedor o prestador sea responsable inscripto.
De esta manera, los consumidores podrán conocer cuánto impacta este impuesto en el precio final.
Además, se prevé que los vendedores incluyan información del valor aproximado de los tributos nacionales, provinciales o municipales que incidan en el precio de venta.
Otros cambios
El proyecto prevé que a partir del 1° de enero de 2024 se dejará sin efecto el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles (ITI), que grava la venta de propiedades con el 1,5% del monto escriturado.
Además, implementa diferentes cambios en el impuesto interno a los cigarrillos.
Por último, dispensa a la Afip de efectuar reclamos en el marco del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), implementado durante la pandemia.
