La elevada presión fiscal que soporta el sector productivo en Argentina no depende solo de las normas legales de los impuestos, sino también de prácticas que no están en las leyes pero que generan costos cada vez más relevantes.
Este es el caso de los diversos regímenes de recaudación, retención y percepción del impuesto sobre los Ingresos Brutos. Se trata de verdaderas modalidades de cobro anticipado a cuenta del impuesto, que proliferaron en las provincias en los últimos años mediante.
El problema es que no sólo se aplican a empresas radicadas en su territorio sino que toman criterios diversos que generan una suerte de “aduanas interiores” para quienes compran y venden en distintas jurisdicciones. Y, como las provincias son autónomas, cada una tiene sus propias reglas y el sistema se transformó en un dolor de cabeza para los contribuyentes.
En particular, porque esta forma de recaudación anticipada genera saldos a favor difíciles (y en algunos casos imposible) de recuperar, no sólo porque se debe cumplir con normas burocráticas para reclamar ante diferentes fiscos provinciales.
La situación del sector industrial
Esta situación, que viene siendo advertida por distintas asociaciones profesionales y cámaras empresarias (ya que afecta desde pequeños vendedores hasta grandes compañías de diversos sectores), fue plasmada en un informe que difundió la Unión Industrial Argentina (UIA) en un encuentro reciente.
El trabajo se basó en un relevamiento realizado por el Centro de Estudios y el Departamento de Política Tributaria de la entidad fabril.
En base a una encuesta realizada a más de 100 empresas de diferentes sectores, en marzo de 2023, se relevaron saldos a favor retenidos por $ 14.490 millones. Ese monto, actualizado para marzo de 2024 equivale a $ 54.515, con un promedio superior a 500 millones por empresa.
El 83% de esos montos corresponden a empresas industriales, y este es el sector con un monto promedio mayor por empresa.
Las retenciones como un verdadero costo impositivo
“Los regímenes de recaudación, no solo incrementan la carga administrativa que deben afrontar las empresas, sino que además se transforman en mayores costos económicos porque su diseño genera permanentes saldos a favor de difícil devolución”, dice la UIA.
La acumulación de esa cantidad de saldos a favor obedece a la complejidad del sistema, a las dificultades para pedir certificados de no retención, a las trabas burocráticas para pedir la recuperación en cada una y a las demoras para resolver estos trámites por parte de las jurisdicciones.
Al ser pagos a cuenta, los contribuyentes deberían poder usar esos montos para cancelar sus impuestos, pero esto no siempre es posible: o porque su saldo a pagar es menor o porque no están los procedimientos administrativos para hacerlo.
Según la encuesta, el 95% de las empresas que respondieron dijeron que no utilizan los saldos a favor de Ingresos Brutos para compensar otros impuestos o los regímenes de retención o percepción.
Además, un 77% de quienes solicitaron la devolución, el reintegro o la repetición no pudo conseguir una resolución favorable “dada la burocracia asociada a su recuperación”.
En los casos que sí se recuperan los montos, casi el 40% lo logra entre uno y 12 meses, mientras que el 22% supera el año (de estos, 10,8% se considera irrecuperable al superar los 3 años). Con la inflación que hay, esto hace que esos montos pierdan un gran poder adquisitivo.
Los sistemas de recaudación y retención son múltiples. Los más problemáticos para las empresas industriales son el Sistema de Recaudación y Control de Agentes de Recaudación (Sircar), que genera el 43% de los saldos a favor. Le siguen el Sistema del Régimen de Percepciones de Importaciones (Sirpei) y el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias (Sircreb).
Este último, que afecta a los cobros que se realizan en cuentas bancarias, junto con el relacionado al dinero de las cuentas de pago de billeteras virtuales –Sistema Informático de Recaudación y Control de Acreditaciones en Cuentas de Pago (Sircupa)– es el segundo que más creció respecto al año anterior.
El primero es el más flamante que se aplica a los pagos con tarjetas, el Sistema de Recaudación sobre Tarjetas de Crédito y Compra (Sirtac) y que aumentó un 142% el último año.
Alícuotas más altas por los pagos a cuenta
El informe explica que las alícuotas nominales de Ingresos Brutos que aplican las provincias al sector industrial oscila entre el 1% y el 2%.
Sin embargo, el promedio es más alto y llega al 2,4% en promedio de alícuota efectiva.
“Hay algunas que retienen ingresos brutos más allá de sus límites territoriales, lo que genera que las empresas paguen Ingresos Brutos en provincias donde no tienen establecimientos”, señalan los industriales.
En la encuesta, las empresas señalaron que el 57% de los saldos a favor se producen en jurisdicciones donde no tienen establecimientos (la que tiene mayor proporción es Misiones).
Por otra parte, la UIA remarca que “al operar en cascada, el impacto de ingresos brutos en la industria es mayor mientras más desagregada sea la cadena de valor”. “En una cadena automotriz tipo, por ejemplo, puede representar entre el 5% y el 10% del precio de venta de la automotriz, siendo de este modo un impuesto muy distorsivo y perjudicial para oferta y demanda”, puntualiza.
Cuando se agregan los “saldos a favor permanentes y elevados la presión tributaria es mayor y la alícuota efectiva supera a la nominal y llega a un promedio de 3,35%”.
Pedido de modificaciones
Estas situaciones intentaron acomodarse en el Consenso Fiscal firmado en 2017. En ese momento, las provincias acordaron una reducción progresiva de las alícuotas de Ingresos Brutos y el establecimiento de mecanismos para evitar que se generen saldos a favor.
Pero, ese acuerdo fue abandonado en 2020 y se volvió otra vez a la multiplicidad de situaciones (decididas de manera unilateral por cada provincia).
Por esto, la UIA pide que se vuelva a esa idea para eximir a la industria de este impuesto provincial y, mientras tanto, que se promueva la emisión de los certificados de exclusión de retenciones en forma automática al existir saldos a favor, que se simplifique la carga administrativa para los contribuyentes, que se unifiquen los regímenes de recaudación provincial, respetando el principio de territorialidad y que la Comisión Arbitral (que administra el Convenio Multilateral) publique los coeficientes de retención, recaudación y percepción de cada jurisdicción.
