Podría caracterizarse como el problema de la “manta corta”. Hace una semana, el Senado convirtió en ley una mejora en las jubilaciones nacionales y, como mecanismo para financiarla, derogó exenciones impositivas. Una de ellas, vigente desde 1997, apuntalaba el sistema de Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) al eximir parcialmente del pago del Impuesto a las Ganancias a los aportantes de fondos a esas sociedades, garante de uno de cada tres créditos que obtienen las pymes en Argentina.
Desde el sector de SGR insisten que este cambio, en la práctica, hiere de muerte al sistema; quitando a las micro, pequeñas y medianas empresa una herramienta vital para acceder a financiamiento.
“El costo fiscal del beneficio que recibe el sistema de SGR es mínimo: 0,02% del PBI, U$S 130 millones anuales. Es largamente compensado y hasta superado en recaudación por todo lo que las SGR generan: al permitir el nacimiento y crecimiento de pymes, generan facturación y empleos, lo que en definitiva equivale a mayor recaudación para el Estado”, aseguró a la La Voz en Vivo Rafael Galante, integrante de la comisión directiva de la Cámara de Sociedades y Fondos de Garantías (Casfog).
En diálogo con el streaming de La Voz, el directivo insistió: “Hemos estado en el congreso explicando el tema a los diputados (el cambio fue probado primero en esa cámara, luego el Senado lo hizo ley). Estamos convencidos de que las jubilaciones deben mejorar, pero para eso hay que atraer inversiones que creen empleos. El sistema de SGR contribuye precisamente a eso: avalamos al 85% del entramado productivo, las pymes, para que logren fondearse y crecer, contratar personal. Ellas son las que general el 90% del empleo en el país”.
Galante también enfatizó que la exención aplica a los fondos aportados a la SGR por los socios protectores (grandes empresas, inversores individuales); pero no al funcionamiento de esas entidades que, cuando prestan dinero, pagan todos los tributos correspondientes.
Milei también esta en contra
La eliminación del estímulo fiscal quedó firme la semana pasada cuando el Congreso dio la segunda sanción al cambio en las jubilaciones. Resta ver si el presidente Javier Milei vetará, tal como anticipó, la norma y así desactivará este cambio.
A través de la red social X, el Presidente se solidarizó con el reclamo de las SGR y cuestionó al Congreso por la decisión. “Cada cosa que toca la política rompe todo”, escribió al repostear un comunicado firmado por 12 bolsas de valores y mercados bursátiles del país y difundido el fin de semana.
La nota rechaza la modificación del régimen fiscal de las SGR por considerarla una amenaza directa al financiamiento pyme y al empleo.
“Esta medida implica un golpe directo a uno de los instrumentos más eficientes y federales con los que cuentan las pequeñas y medianas empresas para acceder al financiamiento formal, tanto bancario como bursátil. Las SGR cumplen un rol irremplazable en el desarrollo productivo argentino: han asistido a más de 100.000 Mipymes en todas las provincias, sosteniendo más de 500.000 empleos formales y movilizando más de 3,8 billones de pesos en crédito productivo”, destaca el comunicado firmado, entre otras entidades, por la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, Córdoba y Rosario.
Para las instituciones bursátiles, este cambio realizado sin debate ni consultas aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las pyme. “La decisión legislativa representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo. Exhortamos a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables en un gran sector de las pequeñas y medianas empresas argentinas”, reclamaron.
El grupo firmante se completa con el Mercado Argentino de Valores, Byma, A3, y las bolsas de comercio de Santa Fe, Chaco, Mendoza, Bahía Blanca; la Bolsa de Comercio de Confederada (Corrientes) y la Caja de Valores.
Todos los bancos, en contra
A la demanda conjunta del sector bursátil se sumó este lunes el pronunciamiento del sistema financiero. Los bancos, aglutinados en la Asociación de Bancos Argentinos (Adeba), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) difundieron un duro comunicado.
“Modificar este régimen sin un proceso adecuado de análisis técnico y de impacto, representa un grave error de política económica y un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego”, coincidieron las entidades.
Insistieron además: “Desde ABA, ABE y Adeba exhortamos al Poder Ejecutivo Nacional y al Congreso a realizar los actos jurídicos necesarios, en el marco de sus obligaciones y facultades, para preservar uno de los pilares del financiamiento productivo en la Argentina”.
Los bancos destacaron que el crédito productivo viene creciendo con fuerza, duplicándose en términos reales en el último año, pero aún se encuentra muy por debajo de los niveles observados en países comparables de la región.
“Las SGR son un instrumento relevante para sostener e impulsar este proceso. Su desfinanciamiento o debilitamiento afectará directamente a la inversión, la generación de empleo y la competitividad de miles de empresas en todo el país”, cerraron.
