El Gobierno nacional recogió en las últimas horas un inesperado apoyo empresarial en su puja con el Congreso Nacional por la sanción de un paquete de leyes que contemplan mayor gasto fiscal.
Distintas entidades representativas del sector privado y bancos, pusieron el foco en la fórmula de financiamiento propuesta para el aumento de jubilaciones y coinciden en que atenta contra la estabilidad macro económica y perjudica el respaldo crediticio a pymes.
“Las restricciones presupuestarias están presentes en cualquier familia, empresa o país. Tenerlas presentes al momento de decidir no implica insensibilidad, sino que, por el contrario, es condición necesaria para lograr una adecuada gestión de los recursos en beneficio del conjunto”, señaló este lunes en un comunicado de la Cámara de Comercio (CAC).
La entidad enfatizó que “la atención de sectores históricamente postergados es una tarea que debiera comprometernos a todos, pero hacerlo sin una exhaustiva evaluación de los efectos de las medidas es un camino erróneo”.
Al comercio se sumó el sector bancario que cuestionó con severidad uno de los puntos para conseguir la plata para pagar los aumentos.
El punto es la eliminación de las exenciones impositivas al régimen fiscal de las Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) sistema que sirve de anclaje financiero para las pequeñas y medianas empresas.
“Modificar este régimen sin un proceso adecuado de análisis técnico y de impacto, representa un grave error de política económica y un retroceso institucional que debilita la previsibilidad de las reglas de juego”, señaló un duro comunicado de las poderosas entidades bancarias.
La Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA), la Asociación de la Banca Especializada (ABE), y Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) le pidieron al Gobierno nacional y al Congreso que realicen “los actos jurídicos necesarios, en el marco de sus obligaciones y facultades, para preservar uno de los pilares del financiamiento productivo”.
La eliminación de estas exenciones como forma de financiamiento fueron incluidas en el artículo 10 de la ley aprobada el jueves pasado.
Las SGR son las encargadas de entregar avales para que muchas pymes puedan acceder a créditos. Según los datos oficiales, una de cada tres pymes obtiene fondos por esta vía, además el 35% del stock de préstamos bancarios a pymes tiene garantías del SGR. El total de avales en curso asciende a U$S 3.400 millones que respaldan aproximadamente 500 mil puestos laborales.
Las entidades bancarias sostienen que “el sistema de SGR ha funcionado durante años como un mecanismo público-privado eficiente y transparente, que ha generado impactos positivos tanto en la actividad productiva como en la recaudación tributaria”.
Asimismo, enfatizaron que “el costo fiscal asociado es ampliamente compensado por los beneficios económicos que genera, especialmente en términos de inversión, formalización y crecimiento de las pymes”.
En similar sentido se pronunciaron más de una decena de Bolsas de todo el país –incluida la de Córdoba-, las que reclamaron que la medida se revierta.
“Este cambio realizado sin debate ni consultas no solo aniquila un sistema virtuoso de financiamiento a las pyme, sino que también desarma un esquema público-privado de muchos años que ha demostrado eficiencia, compromiso patrimonial y un impacto positivo en la recaudación tributaria. El supuesto ‘costo fiscal’ que se intenta justificar es mínimo —apenas el 0,02% del PBI— frente a los beneficios económicos y sociales que el sistema genera”, señaló un comunicado conjunto.
A su vez, remarcaron que “la decisión legislativa representa un serio retroceso en materia de financiamiento productivo” y por ende exhortaron “a que se modifique esta situación antes de que se generen daños irreparables”.
Estas posiciones le dan un mayor sustento a la decisión del presidente, Javier Milei, de vetar las leyes sancionadas. Desde el oficialismo, aseguran que las propuestas de financiamiento incluidas en las leyes son insuficientes para afrontar los gatos adicionales.
Desde la Casa Rosada estiman un gasto en 2,5 puntos del PBI, mientras que los privados lo calculan entre 1,3% y 1,5%.
