Para que la economía argentina crezca, se deben dar muchas condiciones, pero básicamente tiene que existir sustentabilidad fiscal y externa.
Fiscal, para que el Estado argentino pueda proveer de sus servicios y cumplir con sus obligaciones a largo plazo. Dada la historia impresentable del país en la materia, para que resulte creíble se requiere mantener el equilibrio fiscal a rajatabla por varios años.
Sustentabilidad externa, para que Argentina pueda generar a futuro divisas genuinas para pagar sus importaciones y obligaciones con el mundo.
Eso demanda una trayectoria creciente de las exportaciones, que a largo plazo no crezcan menos que las importaciones. Ayudará mucho la expansión de las exportaciones de energía y minería, además de la tradicional agroindustria, la industria del conocimiento y algunas otras ramas industriales y de servicios.
Según estimaciones del Gobierno nacional, se pasaría de un superávit comercial en energía y minería de cerca de U$S 13 mil millones en 2025 (U$S 8 mil millones en energía y U$S 5 mil millones en minería) a U$S 45 mil millones de dólares en 2030 (U$S 30 mil millones en energía y U$S 15 mil millones en minería).
Un aumento de U$S 32 mil millones en el superávit comercial en cinco años, sólo por energía y minería. Se trata de una gran oportunidad para que Argentina no vuelva a tener problemas con sus reservas y con la balanza de pagos a largo plazo.
Oportunidad que, de todos modos, debe ser encauzada con mucha sintonía fina.
El nuevo tablero
A futuro, el mencionado flujo de dólares que provendrá de las exportaciones es probable que induzca un tipo de cambio real de nivel intermedio o relativamente bajo.
Eso dificultará la trayectoria de las exportaciones de algunas ramas industriales y complicará, sobre todo, a las que sustituyen importaciones, que suelen resultar más intensivas en mano de obra.
En ese contexto, algunas de ellas podrían resultar competitivas y sobrevivir, pero requieren que las variables que no controlan se ubiquen en niveles adecuados, en un tiempo razonable.
Son aquellas que dependen de decisiones del sector público, como las regulaciones laborales, la cantidad y calidad de la infraestructura, la eficiencia en los servicios públicos y, por supuesto, el nivel de los impuestos.
Solucionar algunos de estos problemas, como el de la infraestructura, podría demandar más gasto público, pero otros, en especial la reforma tributaria, demandarán menos erogaciones para mantener la racionalidad fiscal.
Las cuentas equilibradas son necesarias para asegurar la sustentabilidad fiscal y generar credibilidad, pero también para que el tipo de cambio real no resulte aún más bajo a largo plazo.
Ante la avalancha de dólares que generarán las exportaciones de energía, de minería y de agroindustria, una de las formas más efectivas para evitar una apreciación mayor del peso y un deterioro extra del sector transable tradicional es la compra de dólares por parte del Tesoro nacional, para engrosar reservas y pagar deudas.
Y para que eso no resulte inflacionario, se necesitará no ya equilibrio, sino superávit fiscal, e inclusive, la conformación de un fondo anticíclico.
Por lo tanto, se requiere bajar adicionalmente el peso del gasto público corriente, para viabilizar la reforma tributaria y mejorar la infraestructura, conservando el equilibrio fiscal.
En este sentido, se han logrado progresos importantes. En el lapso de 2005 a 2015, el gasto público consolidado de los tres niveles de gobierno pasó de 27% a 43% del producto interno bruto (PIB), con una suba de 16 puntos en 10 años.
Entre 2015 y 2019, el gasto bajó en cuatro puntos (43% a 39% del PIB), y entre 2019 y 2025 lo hizo en ocho puntos (39% a 31%). En este último período, cerca del 90% del ajuste fue entre 2023 y 2025.
Así, en los 10 años que van de 2015 a 2025, el gasto consolidado bajó 12 puntos del PIB (del 43% al 31%), aunque resulta claro que su peso debe seguir disminuyendo y por dos motivos.
El primero, porque, aún en 2025, el gasto se ubica cuatro puntos del PIB arriba del observado en 2005.
El segundo, porque se requiere seguir bajando la presión tributaria, ya que, a pesar de que se redujo 4,3 puntos el PIB entre 2015 y 2025, en el consolidado de los tres niveles de gobierno aún subsisten impuestos muy distorsivos por casi ocho puntos del PIB.
Los impuestos distorsivos
Hay cinco tributos distorsivos, dos de ellos nacionales: los derechos de exportación, o retenciones (0,9% del PIB), y el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como el impuesto al cheque (1,7%).
Otros dos son tributos provinciales: el Impuesto sobre los Ingresos Brutos (4,2% del PIB) y el Impuesto a los Sellos (0,6%).
Y, finalmente, un gravamen municipal: la Tasa de Seguridad e Higiene (0,5%).
Claro está que ya no resulta factible otro ajuste del gasto público en formato de shock, como el observado en 2024, para bajar impuestos por ocho puntos del PIB.
La solución ahora requiere una estrategia con tres pinzas:
1) Reducción gradual del gasto público en varios años, en los tres niveles de gobierno, liberando espacio para bajar impuestos.
2) Sustitución de algunos impuestos muy malos por otros menos nocivos para el crecimiento económico (por caso, cambiar Ingresos Brutos por un IVA ampliado o un impuesto que sólo grave las ventas a consumidor final).
3) Bajar el incumplimiento tributario que se advierte en los impuestos tradicionales que sobrevivirán en el tiempo.
La reducción adicional y gradual del gasto en los tres niveles de gobierno requerirá de un acuerdo marco, o sea, de un nuevo pacto fiscal, con compromisos de Nación, provincias y municipios para contener el gasto corriente, de modo que no suba más que la inflación por varios años.
Por ejemplo, si la economía crece 4% en 2026 y 3% anual en los siguientes tres años, y el gasto consolidado crece a la par de la inflación, que descendería de 23% a 5% en ese lapso, dentro de cuatro años el peso del gasto habrá bajado otros cuatro puntos del PIB, es decir, la mitad del esfuerzo que se necesita para eliminar impuestos distorsivos.
La otra mitad tendrá que salir de reemplazar impuestos malos por otros menos nocivos y por la mencionada reducción de la evasión.
El esfuerzo lo deben hacer todos los niveles de gobierno, porque todos ellos contribuyeron al aumento desmedido del peso del Estado entre 2005 y 2025 que restó competitividad al sector privado de la economía.
Vale advertir que el gasto primario en moneda constante bajó 24% en Nación en el acumulado entre 2023 y 2025 (sin considerar el recorte en las transferencias discrecionales a provincias, dado que estas se convierten luego en ajuste provincial), contra una caída del 12% en las provincias.
Aun así, el gasto primario nacional de 2025 resulta 51% mayor al del 2005 y 64% superior en el conjunto de provincias, contra una población que aumentó sólo 16% en dos décadas.
Ergo, se produjo un avance desmedido del sector público en las últimas dos décadas, que debe seguir siendo desarticulado para dar lugar a las reformas estructurales necesarias para que el sector privado, el tercero en discordia, pueda competir en el mundo.
Con relación a los recursos, si bien entre 2023 y 2025 los ingresos tributarios netos de Nación bajaron 4,4% en valores constantes, contra 9,8% que disminuyeron los ingresos de provincias (impuestos propios, transferencias automáticas y discrecionales recibidas desde Nación), si se compara lo ocurrido entre 2005 y 2025, los ingresos nacionales reales resultan mayores en 33% que hace 20 años contra 37% en provincias.
Esto se explica, sobre todo, porque entre 2016 y 2020 se eliminó la detracción del 15% a la coparticipación que financiaba a la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) desde 1993, aumentando así la participación provincial en la distribución de impuestos.
Queda claro que los tres niveles de gobierno deben seguir contribuyendo a la reforma tributaria y al resto de reformas estructurales, con un esfuerzo compartido, en algunos casos sustituyendo impuestos malos por otros menos malos, pero en los tres casos bajando adicional y gradualmente el peso del gasto, en términos de la producción, para generar espacio fiscal a reducciones tributarias extras, que pongan en competencia a la producción local.
