Recientemente, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) y el Banco Mundial (BM) actualizaron sus perspectivas económicas globales. Allí advierten una importante, aunque desigual, recuperación de la economía mundial, muy dependiente de los avances en vacunación y de las políticas de contención para mitigar los impactos económicos de la pandemia.
Aparecen, no obstante, señales de alerta, entre las que se destacan, además de la aparición de nuevas variantes del virus, una lenta recuperación del empleo y una aceleración inflacionaria, en parte causada por la gran magnitud de los estímulos fiscales y monetarios.
La Argentina es un caso extremo de estancamiento del empleo y elevada inflación, pero debido a factores idiosincráticos, previos a la pandemia, que se acentuaron desde el último año.
En cuanto a las condiciones prepandemia, el estancamiento de la actividad y del empleo de calidad se viene sufriendo desde hace más de una década; entre 2010 y 2019, el empleo formal privado creció menos que la población y el producto interno bruto (PIB) creció sólo 3,3 por ciento, esto es menos que en el 91 por ciento de las economías del mundo.
Por su parte, la elevada inflación es un mal crónico con raíz fiscal que nos afecta por décadas.
La pandemia encontró así a nuestro país en una situación de estancamiento, alta inflación, y un sector público desfinanciado que aumentó fuerte el gasto para mitigar su impacto, recurriendo a la emisión monetaria.
Como consecuencia, la aceleración inflacionaria de este año no es fruto de un exceso de estímulo a la demanda, como ocurre a nivel global, sino de la excesiva monetización del déficit fiscal de 2020 ante la falta de recursos genuinos para financiarlo.
El deterioro de los indicadores del mercado laboral fue también muy fuerte; el desempleo, bien medido, fue de 15 por ciento a fines de 2020, último dato disponible.
Aunque con alguna mejora a inicios de año, el empleo se estaría resintiendo en el segundo trimestre por las nuevas cuarentenas ante la escalada de contagios.
Esto impacta en la actividad; la recaudación del IVA local en mayo fue 8,1 por ciento inferior a la de abril y las expectativas de caída de actividad en el segundo trimestre pasaron de 1,5 por ciento en abril a 2,3 por ciento en mayo. Como resultado, se estima que más de un millón de personas que perdieron su empleo con la pandemia aún no han logrado reinsertarse al mercado de trabajo.
A su vez, persiste el aumento de las distorsiones y los controles sobre los mercados que aumentan la desconfianza y la imprevisibilidad, lo que retrasa las inversiones y las perspectivas de una recuperación sostenida. En ese sentido, según la OCDE, mientras que la mayoría de los países tardarán menos de tres años recuperarse, a Argentina le llevará casi siete años volver el ya alicaído nivel de ingreso per capita que tenía a fines de 2019.
Una gran preocupación, en este contexto de elevada inflación, hace a las herramientas que se utilizan para intentar contenerla. El congelamiento de tarifas y la represión cambiaria son los principales instrumentos de política que se usan para contener la inflación. Pero no sólo son poco efectivos, sino que generan distorsiones, brecha cambiaria y subsidios, que en algún momento no podrán sostenerse más, y provocarán una aceleración inflacionaria adicional.
La inflación tiene al menos otros dos carriles adicionales por los que se desplaza que no pueden frenar estos instrumentos. Uno de ellos es el exceso de emisión monetaria ya mencionado y otro son los salarios. Si se prevé que la pauta inflacionaria de 29 por ciento es imposible de cumplir, aumentan los reclamos sindicales para revisar las paritarias, y por lo tanto la presión sobre los costos laborales, que volverán a trasladarse a precios.
¿Qué hacer?
Para normalizar la economía se requiere volver al financiamiento internacional para poder levantar el cepo cambiario, pero esto es imposible en las condiciones actuales.
Argentina tiene las más baja calificación de deuda posible, según Standard & Poor’s, situación que comparte sólo con cuatro países: Angola, República Democrática de Congo, Mozambique y Zambia.
Como el Banco Central no tiene suficientes reservas, el Gobierno se ve forzado a mantener los fuertes controles cambiarios. El fuerte aumento de la entrada de divisas del agro es un alivio, pero no alcanza. Las reservas alcanzan para pagar los compromisos que quedan este año, pero no para afrontar las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) de más de 18 mil millones de dólares por pagar en 2022.
Y como el país no tiene acceso al financiamiento internacional a bajo costo, los caminos posibles son acordar con el FMI o dilatar la negociación y entrar en retraso de pagos. Esto último sería la intención de parte del Gobierno, lo que llevaría al país a una situación irregular con el organismo, algo muy poco común a nivel mundial.
Sólo dos países estuvieron en situación de retraso de pagos con el FMI recientemente, Somalia y Sudán. El primero entró en un programa de reestructuración con todos sus acreedores que se cerró en marzo de 2020, mientras que el segundo acaba de llegar a un acuerdo. En ambos casos, las deudas con el FMI no superaban los mil millones de dólares, nada en comparación a los 44.700 millones de dólares que debe Argentina; además, ambos acuerdos están condicionados a la implementación de un plan de reformas, algo sobre lo que el Gobierno nacional no muestra mucha convicción.
Es por ello que, aún si llegara a un acuerdo con el organismo, no necesariamente se logrará transmitir la confianza suficiente para reducir el riesgo país y acceder a financiamiento internacional a bajo costo para normalizar la economía.
Pero más allá de eso, un dato no menor es que si, tal como lo pretenden el FMI y el ministro de Economía, Martín Guzmán, es el Congreso el que deba decidir sobre el acuerdo, el resultado electoral de noviembre marcará el rumbo de la economía para los próximos años.
En la Cámara Baja, el oficialismo necesitar obtener 60 bancas de las 127 que se renuevan para tener cuórum propio; la oposición, 74; un enorme desafío para las dos fuerzas políticas.
* Director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Bolsa de Comercio de Córdoba
