La administración de Javier Milei dio de baja una serie de programas que anteriores gobiernos implementaron con el objetivo de capacitar y fortalecer a las pymes. El dato es que muchas de estas acciones no cumplían los objetivos con los cuales fueron creados.
Mediante el decreto 339/25, publicado este martes en el Boletín Oficial, derogó varios programas vinculados a la Ley de la Pequeña y Mediana Empresa, ley 24.467 y sus modificatorias 25.872 y 27.742, por considerar que distorsionaba precios.
En el marco de su política desreguladora, consideró que estos programas frenan “la dinámica natural del libre mercado” y atentan contra el decreto 70/23.
Cuando en Argentina existen más de 500 mil pymes, el universo al que apuntaban estos programas representaban el 0,03%. La norma puso como ejemplo el programa “Promoción de la Competitividad PyME, el Desarrollo de los Emprendedores y la Economía del Conocimiento”, cuyo presupuesto previsto para este año apuntaba a la asistencia de 150 empresas.
Entre los programas derogados, se encuentran:
- Sistema de información Mipyme, operado mediante agencias regionales.
- Red de Agencias de Desarrollo Productivo, que apuntaba a alcanzar un desarrollo sustentable de las pymes.
- Programa de Desarrollo de Proveedores, para vincular a las pymes con grandes empresas.
- Consorcios de empresas Pymes, con vistas a la exportación.
- Programa Nacional de Capacitación de los cuadros empresarios y gerenciales de las Pymes.
- Comisión Especial de Seguimiento, que evalúa el impacto de la ley sobre el empleo, el mercado de trabajo y la negociación colectiva.
- Programa Nacional de Apoyo al Empresariado Joven.
La norma, que lleva la firma del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el ministro de Economía, Luis Caputo, derogó los artículos 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 105 de la ley 24.467 y sus modificatorias y los artículos 1 al 9 y 12 al 14 de la ley 25.872.
Sobre el tema, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, señaló en su cuenta de la red social X que los programas “eran ineficientes, discrecionales y estériles”, al tiempo que reconoció que “había agencias que nunca se desplegaron, programas sin ejecución, capacitaciones irrelevantes, registros inútiles, consorcios de exportación que no tuvieron escala, vínculos forzados entre PyMEs y grandes empresas, esquemas de certificación de calidad, apoyo tecnológico e internacionalización que no lograron nada, y una burocracia costosa sin impacto”.
