El proyecto para otorgar un incremento extraordinario a los jubilados, que Diputados aprobó a principios de junio, podría poner fin a un sistema que hoy permite el acceso al financiamiento a más de 33 mil firmas entre microempresas (mypymes) y pequeñas y medianas empresas (pymes).
Es que uno de los artículos de la iniciativa elimina el incentivo tributario para fondear el sistema de sociedades de garantía recíproca (SGR).
El texto, de dos líneas, fue agregado en la Cámara Baja como parte de las fuentes de financiamiento para los mayores recursos que necesitaría el Gobierno para hacer frente al aumento jubilatorio propuesto por los legisladores de la oposición (el Ejecutivo ya anticipó su veto si obtiene sanción definitiva del Senado).
En su artículo 10, el proyecto deroga los beneficios impositivos que hoy tienen quienes aportan fondos a las SGR. Estos fondos son utilizados para otorgar avales a las pymes y que actualmente suman U$S 3.400 millones, equivalentes a 0,50% del PBI, según los datos de la Cámara Argentina de Sociedades y Fondos de Garantía (Casfog).
El peso de las SGR en el financiamiento Pyme
Las SGR otorgan garantías para que las Pymes puedan obtener crédito en mejores condiciones, tanto en el sistema bancario como en el mercado de capitales.
Es un sistema que asiste a las pymes de todo el país, más del 60% fuera de Buenos Aires, como se resaltó en una reunión que se realizó en la Cámara de Senadores esta semana, organizada por la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, que contó con representantes de distintos sectores involucrados en el financiamiento pyme.
Según la información de la cámara que agrupa a las SGR, uno de cada tres créditos bancarios otorgados a las mipyme en Argentina se emite con el aval de una entidad de garantía.
En el mercado bursátil, el sistema de SGR permitió desarrollar el financiamiento a través de instrumentos específicos para pyme, como los cheques de pago diferido, los pagaré bursátiles y las obligaciones negociables (ON).
Con estas herramientas, las empresas pueden financiar capital de trabajo y proyectos de inversión.
Casfog señala que en mayo de 2025 estaban vigentes más de 121 mil garantías, 52% del sector bancario y 48% en instrumentos avalados negociados en el mercado de valores.
En 2025, más de 33 mil pymes están recibiendo avales (60% por primera vez este año) por 46 entidades de garantía y a lo largo del tiempo se atendieron a más de 100 mil. El 70% son micro y pequeñas empresas.
“Las SGR vienen a corregir una distorsión del mercado, dando avales para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan obtener un financiamiento tanto bancario como vía mercado de capitales”, remarca Ignacio del Boca, gerente de Avales del centro SGR, dependiente de la Bolsa de Comercio de Córdoba.
De qué se trata el beneficio y cuál es su impacto fiscal
Los beneficios que se propone derogar están previstos en la Ley de Fomento para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa y establece distintos incentivos para que las personas destinen fondos de ahorro al sistema de SGR.
Lo más significativo es que los aportes de los socios partícipes y protectores a las SGR se pueden deducir del resultado del Impuesto a las Ganancias, siempre y cuando se mantengan invertidos por dos años.
Estos fondos son utilizados por las SGR para otorgar los avales para que las pymes tomen créditos bancarios o emitan cheques u instrumentos en el mercado de capitales.
La ley también prevé la exención de Ganancias por las utilidades y del IVA para toda la operatoria.
Sergio Lamas, director de financiamiento del área de competitividad de la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (Came), resaltó en el encuentro del Senado que en realidad este beneficio difiere el cobro del Impuesto a las Ganancias, ya que el crédito que otorgan las SGR con el fondo de riesgo vuelve en otros impuestos.
Según Casfog, no se deja de percibir el impuesto sino que se difiere su cobro en el tiempo: “El costo fiscal neto es prácticamente nulo. La exención impositiva para los aportes de los protectores (estimado en el presupuesto nacional en un 0,03% del PBI, por unos 208 mil millones de pesos para 2025) es ampliamente compensada por la recaudación que el propio sistema genera vía empleo, IVA y actividad inducida. En 2022, según Econviews, el impacto neto fue de apenas 0,004% del PBI”.
“Quien haya promovido esta iniciativa tiene un error conceptual porque no mira lo que se genera en la economía. Cuando un socio protector pone dinero en un fondos de riesgo y lo mantiene durante dos años, esos fondos se invierten, pero no en un instrumento financiero sino en la economía real, que va a financiar a la producción y la inversión”, opinó Nicolás Alfonso, titular de Focus IM Investment.
“Esta reforma es fatal, un certificado de defunción de las SGR. Al no contar con fondos para avalar a las Pymes, las SGR no tienen razón de ser”, concluyó Lamas.
