Al iniciar su gestión, el gobierno de Javier Milei redujo el financiamiento para obras públicas a las mínimas necesarias para incentivar algunas actividades económicas y del Estado. El planteo fundamental del Ejecutivo es que el sector privado debe financiar y ejecutar los proyectos.
Córdoba fue una de las provincias más perjudicadas en este recorte, tanto en materia de mantenimiento, como es el caso de la autopista Córdoba-Rosario, como en el desarrollo de obras nuevas, entre otras la finalización de la ruta 19, que finalmente fue tomada por la Provincia (el mes pasado se licitaron las obras para finalizar el tramo hasta San Francisco).
En este marco, el sector de la construcción advirtió que este esquema va a generar problemas a corto plazo, provocando que la provincia tenga menos infraestructura de la que necesita para su economía.
Es por esto que el Foro de Análisis Económico de la Construcción (Faec), encabezado por el economista Gastón Utrera, junto a la delegación Córdoba de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), presidida por Horacio Berra, presentaron este jueves una serie de datos sobre las inversiones en infraestructura necesarias en la provincia y las que efectivamente se vienen realizando
En función de los datos recogidos a nivel nacional, Córdoba necesita invertir en infraestructura entre el 12% y 18% del presupuesto provincial en erogaciones de capital.
Según los datos de la Faec, entre 1983 y 2024, Córdoba invirtió en promedio el 12,8%; el mejor momento fue en 2017 (20,7%) y 2018 (22,3%), durante la presidencia de Mauricio Macri. A pesar de los problemas, 2024 no fue un mal año ya que se invirtió 20,8% de las erogaciones de capital en la provincia.
El estudio muestra además un índice que parte de valor 100 en 1983 para medir la inversión efectivamente ejecutada en pesos a un valor constante. El promedio se ubicó en 222,6, el pico se registró en 2017 con 633,8 y en 2024 llegó a 542,1. El índice no implica que todo se haya traducido en obras, ya que incluye el aumento en los costos, los esquemas de redeterminación de los valores y otras distorsiones generadas por la inflación.
De todas maneras, la inversión representó 1,7% del producto geográfico bruto de la provincia (PGB) en el promedio 1983-2024. El año pasado, ese porcentaje llegó a 2,9%. Si bien no es comparativo, cabe destacar que la metodología del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señala que Argentina necesita inversiones por U$S 204 mil millones en 10 años, equivalentes a 40% del PIB, para lograr objetivos de desarrollo a mediano plazo.
En este marco, Berra insistió en que la Provincia debe cambiar el esquema de redeterminación, que ajusta los valores de pagos, para que el presupuesto no quede desfasado de los aumentos de costos. Actualmente, los precios se ajustan cuando la inflación mensual llega a 10%, lo que ha quedado bastante por encima de los actuales niveles inflacionarios.
Financiamiento privado
Para los empresarios, la mayor preocupación es la firmeza del Gobierno en su posición de que sea la inversión privada la que financie la obra pública.
“Durante el gobierno de Macri se realizó un estudio de 40 mil kilómetros de rutas en el país; el relevamiento determinó que sólo dos mil kilómetros, sólo el 5%, eran rentables para un esquema de peajes que genera los fondos suficientes para el mantenimiento”, explicó Berra.
Al respecto, el análisis realizado por Utrera muestra la imposibilidad de esquemas totalmente financiados por el sector privado y lo relevante que son los fondos públicos, sobre todo en obras que no son financiables por el sector privado, como una cárcel, cloacas o un puente. En este marco, recomienda un modelo intermedio donde el aporte privado se lleva al máximo posible y el resto lo cubre el sector público.
“El grado de financiamiento público y privado depende de factores como el tipo de obra pública, el nivel de seguridad jurídica, la estabilidad macroeconómica y la existencia de marcos regulatorios y contractuales adecuados”, agregó el economista.
Actualmente, hay obras en el país que se está financiando el sector privado, con participación secundaria del sector público. Por ejemplo, un grupo de 20 empresas petroleras instaladas en Vaca Muerta financia el gasoducto para que el gas se pueda exportar; el grupo está encabezado por YPF.
Estos planteos se llevarán a las Jornadas de Infraestructura, que se realizarán en el marco de la Expo Camarco, del 16 al 18 de septiembre en el Centro de Convenciones Córdoba.
Necesidad de viviendas
Al advertir que se frenaron los planes de vivienda, el Faec advirtió que para terminar con el déficit habitacional en todo el país en los sectores pobres de la población, en los próximos 10 años, se deberían construir más de 52 millones de m2, lo que implica fondos por U$S 32.793 millones. En Córdoba, en ese mismo lapso de tiempo y para el mismo sector social, se requiere construcción de 3,9 millones de m2, lo que implica una erogación de U$S 2.415 millones. “Este es un tipo de obra que el capital privado no está interesado en invertir”, advierten desde Camarco.
