En medio del debate por la reforma laboral, una de las estrategias que se mencionan es la de generar los incentivos adecuados para reducir la informalidad, que en Argentina equivale a la mitad más uno del mundo del trabajo, si se consideran las modalidades precarias.
El economista y empresario pyme Gustavo Lazzari apela a la didáctica para explicar que la modernización en las regulaciones no implica, por sí sola, la creación de empleo o el pasaje a un estatus de relación de dependencia formal.
“Si lo comparamos con un auto, sería como ponerle ruedas”, señala. El motor, está claro, es el del crecimiento económico.
Se suele hablar de los costos ocultos de la informalidad para aglutinar allí las consecuencias mediatas, como por ejemplo la presión sobre el esquema jubilatorio y, por lo tanto, una hipoteca continua para las cuentas públicas y para los mecanismos de financiamiento.
Eso cobra relevancia en el tiempo ya que, sin correcciones, los impactos serán cada vez más complejos. Además, el bono demográfico del que goza el país (muchas más personas en edad laboral que pasivas) comenzará a revertirse en 15 años.
Durante este período, la población total crecerá muy poco, pero cambiará su composición, por el descenso en la fecundidad y el aumento de la longevidad.
Se calcula que alrededor de 2040 se producirá el ingreso masivo al mercado de trabajo de la generación nacida después de 2015, que es significativamente más pequeña por la caída en la cantidad de nacimientos.
Pero hay más. Un estudio de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) revela que las personas con un empleo informal tienen más riesgo de muerte que las que están registradas, ya que estas últimas gozan de un mayor y mejor acceso a los servicios de salud.
Una cosa es suponer eso, por puro silogismo, y otra es demostrarlo con datos: según ese trabajo, de cada 1.000 personas de entre 20 y 64 años que aportan al sistema previsional, cada año mueren casi dos (la tasa es 1,7).
Ese índice sube a 4,5 por mil entre quienes no son aportantes. Por lo tanto, la tasa de mortalidad de los trabajadores registrados es 62% más baja que la de las personas que no tienen aportes personales ni contribuciones de sus empleadores.
Factor de riesgo
Con este panorama, la informalidad laboral bien podría ser considerada como un factor de riesgo de tipo social.
Por ejemplo, las enfermedades vinculadas con el sistema circulatorio son la principal causa de muerte en la Argentina. En este grupo entran la insuficiencia cardíaca, las dolencias isquémicas del corazón y los trastornos cerebrovasculares, entre otras afecciones.
Hay factores de riesgo que se relacionan con características biológicas (por caso, edad, sexo o antecedentes familiares) o con hábitos (tabaquismo, tipo de alimentación, sedentarismo, etcétera).
Pero también hay vinculaciones socioeconómicas, como la pobreza o el tipo de trabajo que realiza una persona, que eventualmente lo expone a ciertas condiciones de estrés.
Por ejemplo, alguien que se desempeña de manera informal y sólo accede al servicio público de salud, puede que, desalentado por los tiempos de espera para un turno, sea menos propenso a realizarse controles médicos de rutina que ayudan a la prevención o detección temprana de alguna patología.
El trabajo se realizó con datos consolidados de 2022-2023 y contabiliza 11,3 millones de aportantes previsionales, cifra en la que ingresan las personas del régimen general (6,5 millones), las que alimentan a las cajas jubilatorias no transferidas (dos millones) y las aportantes de regímenes especiales (581 mil).
También incluye a monotributistas (1,5 millones), autónomos (335 mil) y personal de casas particulares (389 mil). En este renglón, hay que considerar que en los últimos dos años hubo un fuerte crecimiento en la cantidad de adhesiones al Monotributo.
En tanto, contabiliza 15,5 millones de no aportantes, universo en el que las mujeres son el 58%, otro punto sensible en el provecho del bono demográfico, ya que una de las vías de aumento de la tasa de empleo debería ser la mayor participación femenina.
El estudio de Anses concluye que “la condición de aportante previsional funciona como un factor protector ante el riesgo de muerte”. Prueba de ello es que con cada duplicación de ingresos, el riesgo relativo se reduce sólo 6% para el total de aportantes, pero 17% para quienes están en relación de dependencia de manera formal.
