En la cruzada por bajar la inflación, el gobierno de Javier Milei se juega la vida, y por eso hacia ese objetivo apuntan todos sus esfuerzos.
Uno de los frentes de combate de esta batalla son las góndolas, en especial las de las mayores cadenas de supermercados: un sector en el que no más de ocho jugadores concentran el 35% del consumo masivo.
Esa concentración también permite al Gobierno dialogar de manera directa con el sector y disponer medidas cuya aplicación resulte factible. La última fue la facilitación de condiciones para importar de manera más barata y ágil unos tres mil productos de la canasta básica, entre ellos, carnes, lácteos, frutas y verduras, bebidas, productos de almacén y de limpieza.
Con eso, la expectativa del ministro Luis Caputo es ampliar la oferta en la góndola y lograr que bajen los precios. El ministro de Economía considera que las grandes industrias se pasaron de largo con los incrementos que disponen desde diciembre de 2023, fijados a un dólar de $ 1.500 que no llegó.
La “mojada de oreja” apunta en especial a la veintena de grandes proveedores que generan el 80% de las ventas de los súper: nombres como Molinos Río de la Plata, Arcor, Unilever, AGD, Coca-Cola y Procter & Gamble, entre otros. Vale destacar que la apertura importadora también está habilitada para estos actores.
Pero lo que busca Caputo es dotar a los súper de una carta extra en el truco que vienen jugando con sus proveedores, al calor de la suba de precios. ¿Servirá para cantar truco o no más que un falso envido?
“Aunque no nos restituye poder para determinar los precios, es cierto que tiende a equilibrar un poco más la relación con los proveedores, que hoy es tensa”, explican en off desde las grandes superficies. “Hoy se trata más que nada de una advertencia, una señal de alerta contra la inercia con que se siguen subiendo los precios. Pero hay que ver hasta dónde lleva el Gobierno esta apertura”, agregan.
Poco impacto en el corto plazo
Lo que Economía dispuso fue suspender, por 120 días, el cobro de la percepción de IVA adicional e Impuesto a las Ganancias a las importaciones de los productos listados.
A la vez, el Banco Central bajó el plazo de pago de esas importaciones del esquema general de pagos en cuatro cuotas a los 30, 60, 90 y 120 días a una sola cuota a los 30 días.
Fuentes de una cadena con alcance nacional precisan el impacto real de la medida en tiempo y espacio: “Analizamos que las reducciones impositivas son interesantes; ahora estamos evaluando los costos logísticos de importar, que son importantes. Con eso, se empezarán a tomar decisiones. No será un proceso rápido ni que alcance a muchos bienes en el corto plazo”.
Corren con ventajas las compañías con proveedores ya desarrollados en el exterior, un proceso que no es rápido; y los productos sobre los que ya hay ejercicio de importación, como el atún y otras conservas, por ejemplo.
Esa es la percepción compartida entre las cadenas. Respecto de la oferta exterior disponible a precios competitivos, la mirada inicial casi se focaliza en Brasil, desde donde podrían ingresar más frutas y verduras. En materia de lácteos, la compañía uruguaya Conaprole aparece como un proveedor con chances de capturar la oportunidad.
Eso sí, generar una presencia numérica de importados que impacte en la góndola no será un proceso rápido, aclaran desde los súper. Salvo excepciones, no se notará de manera significativa antes de los 60 a 90 días, con mucho “optimismo”, advierten.
Eso también pone marco a la expectativa de baja de precios en el corto plazo. Las industrias continúan reticentes a cortar con las subas y la caída de ventas sigue impulsando al canal a priorizar mecanismos que empujan el volumen, como descuentos en segunda unidad y opciones de 2x1, antes que a bajar valores, tal como reclama Caputo.
Esta semana, el Indec difundió su habitual Encuesta de Supermercados. En enero, el consumo se desplomó 13,8% (dato nacional) respecto de igual mes de 2022, la baja más aguda desde la pandemia. En Córdoba, los supermercados facturaron ese mes en conjunto $ 108.305 millones.
El estudio suma en esta edición un sondeo realizado a todas las cadenas en el país, donde se pone número a la expectativa generalizada de mayor inflación y al pesimismo en ventas. El 84,7% de los súper aseguran haber subido precios en febrero (mes de toma de datos) y casi el 90% (86,4%) cree que de marzo a mayo los precios seguirán aumentando.
A la vez, la baja en la demanda de productos es considerada por amplia mayoría como el principal problema hoy para sostener la actividad.
La mitad de los supermercados creen que en los próximos tres meses (marzo-mayo) las ventas seguirán cayendo; mientras que otro 44% considera que no tendrán variación. Sólo el 6% tiene expectativa de que crezcan.
Esta disminución del consumo es la variable con mayor poder de frenar la carrera de los precios, según se analiza en el sector.
Industriales y productores, en llamas
La liberalización de importaciones anunciada este mes puso en guardia a la industria. La grandes alimenticias sentaron posición a través de la entidad que las representa, y donde tienen fuerte injerencia: la Unión Industrial Argentina (UIA). La UIC local se sumó al reclamo.
“Mientras los productores nacionales deben pagar en cuatro cuotas mensuales y con impuesto Pais los insumos necesarios para la fabricación, los importadores de bienes terminados estarán exentos de impuestos y tendrán acceso total a las divisas necesarias en un solo pago a 30 días. El anuncio realizado afecta seriamente la competitividad de las empresas que operan, producen y emplean en el país”, clamó la UIA.
Fuera de micrófono, algunas grandes compañías amenazaron con analizar la posibilidad de traer productos terminados y dejar de producirlos localmente si resulta más conveniente; una amenaza que busca cruzar la interpuesta por Caputo.
En el caso de la carne de cerdo, incluida en la lista de alimentos que el Gobierno nacional autorizó importar, la medida causó sorpresa entre los productores y la industria de chacinados, por considerar que el ingreso de cortes –en especial desde Brasil– va a perjudicar de manera notable a las granjas que producen cerdos.
“En los últimos tres meses, el precio del cerdo al productor cayó 25% y en las cadenas bajó solo 5%. La culpa no es del productor, sino que la distorsión está en la cadena de comercialización”, aseguró José Arrieta, presidente de la Cámara de Productores Porcinos de Córdoba e integrante de la Federación Porcina Argentina.
Históricamente, el ingreso de carne porcina de Brasil –en especial de cortes como la bondiola- quitó incentivos a la producción nacional, que en la última década viene creciendo a tasas anuales de dos dígitos.
La importación de cerdo prevé además un alivio impositivo que incrementaría aún más la brecha de competitividad con respecto al producto nacional, que tiene una alta carga tributaria doméstica y costos crecientes.
Sobre esto último, el alto componente impositivo que tienen los productos de la canasta básica en Argentina, puso foco la industria.
Un oportuno estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) lo midió en números, promediando el impacto sobre distintos grupos de bienes a lo largo de toda la cadena, desde el inicio de su producción hasta la góndola.
“De una canasta de bienes habitual formada por estos productos con un valor al día de hoy de $ 50.064, se ha verificado una carga tributaria de $ 21.993, es decir, del 43,9% del valor de la compra”, reveló.
