De manera simplificada, la Coparticipación Federal de Impuestos es un mecanismo a través del cual el Estado nacional recauda la mayor parte de los impuestos para luego distribuirlos entre el nivel nacional y el conjunto de las provincias. Las provincias, por su parte, hacen algo similar con sus municipios.
Este conjunto de redistribuciones entre los niveles de gobierno está directamente vinculado a la forma de organización federal del país.
Según datos brindados por el Ministerio de Economía, la presión tributaria de los impuestos nacionales y provinciales en Argentina –es decir, el peso relativo de los impuestos sobre la producción– se ubica en el orden del 30% del PIB, donde 25 puntos son impuestos nacionales y los cinco puntos restantes son provinciales.
A su vez, el conjunto de las provincias obtienen por la vía de la coparticipación aproximadamente un 8% del PIB, es decir, las provincias reciben más plata por la coparticipación que por propia recaudación.
Desde el punto de vista del desarrollo económico propio a nivel provincial, la coparticipación actúa como un incentivo negativo –tanto para las provincias que más aportan, como Buenos Aires, como para las que más fondos reciben del resto, como las del norte del país.
El esquema determina que los gobernadores reciban transferencias independientemente de la producción e ingresos generados en su territorio, lo que genera desinterés en atraer inversiones y estimular el esfuerzo productivo local, y posibilita el gasto discrecional de los fondos recibidos ya que no están condicionados a fines concretos.
Luego de 35 años de sancionada la ley de coparticipación se puede afirmar que en lugar de actuar como un mecanismo de promoción del desarrollo de las regiones menos desarrolladas lo ha sido para sostener el atraso relativo, el empobrecimiento y la ampliación de las brechas de desarrollo. El mecanismo de sacar recursos a las regiones más productivas del centro y sur del país para distribuirlos hacia las menos desarrolladas del norte argentino claramente fracasó.
En el año 2022, mientras el promedio en el monto de coparticipación que recibieron todas las provincias fue de 137 mil pesos por habitante, la región del noreste argentino (NEA) recibió 226 mil pesos por habitante y la región del noroeste argentino (NOA) recibió 215 mil pesos por habitante. Se esperaría entonces que las asimetrías de desarrollo regional se vieran muy reducidas.
Sin embargo, la información del Censo 2022 indica lo contrario, estas regiones son las que más déficits de infraestructura social tienen. Lejos de corregir las asimetrías de desarrollo entre regiones, la coparticipación las profundiza.
Corresponde preguntarse entonces hacia dónde se destinan los fondos recibidos. Frente a la falta de exigencias para la utilización de los fondos en programas que promuevan el desarrollo regional, buena parte de esos fondos terminan en empleo público y tareas de muy baja productividad. Esto es muy atractivo políticamente para el gobierno de turno. Por lo tanto, no es extremo pensar que la coparticipación benefició a los dirigentes de las provincias más pobres y empobreció a su población.
El camino para salir de la decadencia
El régimen de coparticipación es uno de los principales factores que explican la decadencia que sufre todo el país desde hace varias décadas, al ser una pieza clave para explicar el persistente déficit de desarrollo que tienen muchas provincias.
Es necesario modificar la coparticipación. Un camino posible implicaría sancionar una nueva ley en la que se corrijan las principales deficiencias que presenta el actual régimen, entre ellas disminuir las arbitrariedades existentes entre regiones y condicionar a las provincias para atraer más inversiones y generar más producción en sus territorios.
Sin embargo, llevar a cabo tal reforma requiere un acuerdo amplio de las provincias, situación que en numerosos intentos se ha vuelto inviable –ninguna provincia de las que hoy reciben más recursos de los que aporta está dispuesta a firmar una reforma–.
Frente a esto, y asumiendo que el régimen de coparticipación no tiene posibilidad de mejorar, una solución drástica y no libre de dificultades, pero viable, es volver a repartir los impuestos entre jurisdicciones respetando las fuentes tributarias del esquema originalmente previsto en la Constitución Nacional.
El Estado nacional debería sostenerse con el comercio exterior, a los ingresos y la seguridad social, mientras que las provincias deberían financiarse con los impuestos a las ventas –resultado de unificar el actual IVA con Ingresos Brutos y tasas municipales– y los impuestos al patrimonio.
A su vez, para asistir a las regiones más pobres –que serían las “perjudicadas” con este cambio– se debe crear un “fondo de convergencia”, mucho más reducido que la actual coparticipación, condicionado a planes de inversión de plazo cierto que induzcan a las provincias de menor desarrollo relativo a ejecutar políticas públicas que mejoren sus condiciones de infraestructura y producción.
