La ley de incentivo a la construcción que implementó beneficios fiscales para invertir con dinero declarado y un régimen para blanquear fondos está por concluir su primera etapa con muy pocos interesados.
La razón no hay que buscarla en la norma en sí –que se estima muy conveniente–, sino en el poco impulso de las autoridades para que esto funcione. No sólo es casi nula la difusión oficial de estos beneficios, sino que la reglamentación y la implementación tuvieron una demora que consumió gran parte de los plazos previstos en la norma.
La ley fue presentada por el Congreso en octubre y sancionada a fin de febrero de 2021. La primera demora se dio en su promulgación, que no se concretó hasta el 12 de marzo y desde ese día empezaron a correr los plazos para el blanqueo (plazos que sólo pueden modificarse por ley). Pese a esta “urgencia”, el decreto reglamentario se publicó recién el 19 de abril y la resolución de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) salió el 27 de ese mes.
Este lunes 10 de mayo se cumplen los primeros 60 días de plazo para que quien accede al blanqueo pague la alícuota más baja, del cinco por ciento. En los siguientes 30 días (hasta el 9 de junio) el costo se duplica, mientras que quien ingresa en el último tramo debe afrontar un 20 por ciento del impuesto especial.
Plazos ajustados
Todos los profesionales de estudios cordobeses consultados por La Voz coinciden en que hay algunas pocas consultas sobre el tema, pero que las trabas con las que se encuentran frenan a la mayoría.
Los escasos tiempos de puesta en marcha hicieron que las decisiones tuvieran que acelerarse, pero, aun así, los interesados chocan con los problemas operativos. “Un cliente me estuvo llamando el jueves todo el día, con los dólares, esperando que el banco le habilitara la cuenta para depositar”, ejemplifica Susana Llupiá, asesora impositiva de la Cámara de Desarrollistas Urbanos (Ceduc) y el Colegio de Escribanos.
Esteban Fada, socio del Estudio Fada y Asociados, coincide: “En bancos de primera línea, recién en mayo empezaron a abrir las cuentas especiales y hay que depositar la plata hasta el 10 de mayo sin saber dónde poner luego esos fondos porque todavía no se sabe qué proyectos van a calificar. Hay algo de interés en algunos clientes, pero los plazos son muy ajustados”.
El tema se agrava cuando se quiere traer dinero del exterior, porque los asesores financieros recomiendan dejar un margen de 72 horas hábiles para prever problemas logísticos.
Llupiá señala otro tema incierto: falta que la provincia de Córdoba adhiera al proyecto de blanqueo por los impuestos provinciales. “Esto es muy importante porque si no lo hace, sería un alto riesgo exteriorizar”, remarca, ya que se podría reclamar el pago de Ingresos Brutos para atrás.
“El plazo para la alícuota del cinco por ciento es de cumplimiento casi imposible porque no hay tiempo para materializarlo. Quedaría el del 10 por ciento que vence el 9 de junio y que tiene más posibilidades. La tercera etapa del blanqueo la veo muy difícil, un 20 por ciento parece una alícuota muy alta para blanquear”, apunta Gustavo Farina, socio de Impuestos de Deloitte en Córdoba.
Es por esta razón que los tributaristas esperan que se pueda implementar una extensión del plazo, aunque sea por decreto, y recuerdan que así se hizo en el caso de la moratoria de octubre de 2020. “Tiene que haber una prórroga importante de la adhesión del cinco por ciento, de unos tres meses, para que la gente lo asimile. Algo similar sucedió con el Cedin (Certificado de depósito para inversión), en 2013, que al principio arrancó lento y luego de varias extensiones anduvo bien”, opina el tributarista Marcelo Badra.
Dinero “en blanco”
La ley tiene otra parte que implementa beneficios fiscales para quienes inviertan en proyectos inmobiliarios con fondos ya declarados y también para quienes ceden terrenos con fines de construcción. “Este último es un buen beneficio para una empresa que tenga inmuebles en su patrimonio porque puede pagar los impuestos (Ganancias o el Impuesto a la Transferencia de Inmuebles) por lo percibido en lugar de lo devengado y porque puede actualizar el costo”, puntualiza Badra.
Para los primeros, quienes quieran destinar dinero “en blanco” a la construcción, se establece la exención de Bienes Personales por el monto invertido y, además, el uno por ciento se puede tomar como pago a cuenta de este tributo para la declaración anual 2020, 2021 o 2022. “Es interesante, por ejemplo, para alguien que tenía dólares en una caja fuerte, que sí tributa. Ahora los podrían volcar a una obra y no pagaría, además de tomar el uno por ciento como pago a cuenta”, dice Farina.
El tema acá es que también hay plazos cortos: recién el 7 de junio se habilita el registro de proyectos inmobiliarios para que la Afip otorgue el código que se debe incluir en la declaración jurada para computar los beneficios, y el 11 de ese mes comienzan los vencimientos anual de Bienes Personales. “Quien invierta antes estará con la incertidumbre de saber si es apto o no”, agrega.
