El 2024 representó un hito histórico en la dinámica fiscal de Argentina. En 2024, los ingresos públicos se mantuvieron constantes en torno al 16,8% del PBI, mientras que todos los componentes del gasto primario experimentaron reducciones en términos reales, acumulando una disminución total del 4,5% del PBI. Este ajuste, facilitado por la licuación del gasto en un escenario de alta inflación, logró revertir el déficit fiscal financiero del 4,6% del PBI registrado en 2023 y convertirlo en un superávit del 0,3% del PBI.
El reto ahora es mantener el superávit en un escenario de baja inflación. ¿Cuáles son los desafíos que aún deben afrontarse?
Ajuste fiscal: ¿cómo se logró y cuáles son los riesgos?
El ajuste fiscal implementado en 2024 se basó principalmente en la reducción del gasto público. Una parte de este recorte podrá mantenerse siguiendo estrategias similares, como la disminución de la masa salarial mediante la reducción del empleo público y la continuidad de una política salarial austera. En cuanto a las jubilaciones, aunque es crucial avanzar hacia un ordenamiento integral del sistema previsional, las erogaciones a corto plazo se mantendrán controladas gracias al esquema de movilidad que ajusta los aumentos según la inflación, siempre y cuando no se renueven las moratorias previsionales.
No obstante, existe una parte del gasto que plantea riesgos: las transferencias discrecionales a provincias y la inversión en infraestructura. Respecto a esta última, el gobierno ha anunciado su intención de promover mecanismos para que empresas privadas asuman el mantenimiento y desarrollo de nueva infraestructura, un proceso que resulta tan complejo como urgente.
Sin embargo, el desafío más crítico radica en las consecuencias de la drástica reducción de las transferencias no automáticas a las provincias. Si bien esta medida apunta en la dirección correcta al eliminar solapamientos que generan ineficiencias, su implementación unilateral podría llevar a provincias y municipios a reaccionar con aumentos en los impuestos locales. Esto incluye tributos regresivos como Ingresos Brutos y tasas municipales, lo que agravaría los problemas de competitividad económica.
Un pacto fiscal para un desarrollo competitivo y sostenible
Para mantener el superávit fiscal y abordar los desafíos de competitividad, resulta fundamental establecer un Acuerdo de Coordinación Fiscal entre la Nación y las provincias. Este acuerdo debería incluir, como primer punto, un ordenamiento funcional del sector público, definiendo con claridad las responsabilidades de cada nivel de gobierno: el Estado nacional se encargaría de las funciones interprovinciales, mientras que las provincias y municipios asumirían las funciones locales. El objetivo es eliminar solapamientos que perjudican la eficiencia y la calidad de la gestión pública.
El segundo componente clave del acuerdo sería un ordenamiento tributario que elimine la superposición de impuestos y establezca claramente qué tributos financian a cada nivel de gobierno. Esto permitiría reemplazar el esquema de coparticipación por un sistema de correspondencia fiscal, en el que cada nivel de gobierno cubra sus funciones con los recursos que genera.
El ajuste fiscal implementado fue decisivo para superar la delicada situación de finales de 2023. Sin embargo, es crucial evitar que, ante la drástica reducción de las transferencias a las provincias, estas reaccionen aumentando impuestos, lo que agravaría los problemas de competitividad económica. Por ello, la firma de un Acuerdo de Coordinación Fiscal es una tarea prioritaria y urgente. Solo con un sistema eficiente y consensuado se podrá garantizar un desarrollo sostenible y competitivo para el país.
