El Gobierno nacional introdujo modificaciones importantes en el sistema de salud, como la eliminación de las restricciones de precios al sector de medicina prepaga (aunque más tarde se puso como tope la inflación) y la incorporación de esas empresas al régimen de obras sociales.
Además, hubo cambios en el régimen farmacéutico para fomentar la competencia y reducir costos. Aunque hay consenso en que la transformación es necesaria, continúa la tensión en el sistema y, con los honorarios médicos que siguen atrasados, la deserción de profesionales no frena, con el consecuente malestar de los afiliados.
Hace dos décadas, la medicación representaba aproximadamente el 17% del gasto en salud. Ahora, esa participación se duplicó. Los avances en ese campo encarecieron los fármacos y cada vez hay más judicialización para que las empresas de salud los cubran.
Ese cambio de composición de los costos –al que se suma el mayor peso que también tiene la tecnología– incide en los aranceles que las obras sociales y prepagas abonan a los médicos, que estén por debajo de sus planteos.
Los colegios profesionales de todo el país hace tiempo vienen advirtiendo sobre la crisis en el sector. Entre médico y paciente están los financiadores y prestadores, que son los que acuerdan los valores sin la participación del profesional.
Los honorarios desactualizados y la precariedad con la que, en muchos casos, ejercen la profesión, desalientan el ejercicio de la medicina y sobrecarga a quienes continúan en actividad.
Estos problemas que atraviesa el sistema serán los ejes de la próxima edición del ciclo “Voces que suman”, que cuenta con la coordinación de Daniel Alonso y con la producción ejecutiva de Sebastián Gilli.
En el panel participarán Virginia Giordano (economista de Idesa); Jorge Cherro (presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados y de la Cámara de Entidades de Diagnóstico y Tratamiento Ambulatorio, Marcelo Orías (director de la carrera de Medicina de la Universidad Siglo 21) y Matías Buffa (gerente general de Prevención Salud, del Grupo Sancor Seguros).
Ejes
Los aspectos que abordarán incluyen si hay posibilidades de retener a los profesionales médicos sin una sustancial mejora de honorarios, qué formación requieren para poder desenvolverse en un sistema con “manta corta”, en el que son una variable del ajuste.
También cómo se organizan y financian las instituciones de salud para seguir en carrera, en cuánto mejoraron los números con los cambios en el sistema, qué queda pendiente, el rol del Estado y qué reglas deberían impulsarse para que el sistema no colapse.
Un aspecto por atender y en el que, hasta ahora, no se avanzó, es la actualización del Programa Médico Obligatorio (PMO), que fue sumando ítems pero sin fuentes de financiamiento. Es el gran punto pendiente en el que coinciden todas las partes.
Por el lado de las clínicas y centros de prestación de servicios de salud, llevan tiempo con problemas de sustentabilidad por los desequilibrios entre ingresos y gastos de los últimos años.
A comienzos de año propusieron que el Gobierno nacional instrumente un plan de consolidación de deudas con la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca). No hubo avances.
El objetivo es que se contemplen, por un lado, las obligaciones impositivas impagas -en muchos casos, son deudas de largo tiempo- y, por el otro, los saldos que aseguran tener a su favor al no poder descargar el IVA pagado en sus compras, dado que las entidades a las que proveen, obras sociales y prepagas, están exentas o tienen alícuotas reducidas.
Los incumplimientos de pagos se mantienen porque desde 2002 hay una normativa que impide a Arca hacer ejecuciones para reclamar los pagos.
El planteo de las instituciones pasa porque la caída de la ocupación, el congelamiento de precios en escenarios de alta inflación y las distorsiones tributarias y laborales dejaron a muchas al borde de la quiebra.
La baja de la inflación trajo alivio y, en esa línea, esperan una normalización de la situación impositiva.
En el caso de las prepagas, a partir de la resolución 645 de mayo último, todas deben informar mensualmente los precios de sus planes dentro de los cinco días posteriores a la publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La incidencia de un plan de medicina prepaga en el salario formal promedio es de 24% (era de 18% en octubre de 2023), según datos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf).
Ese mismo reporte señala que, antes del acuerdo con el Gobierno nacional, en abril de 2024 el gasto en medicina prepaga dentro del salario tuvo una incidencia de 27,5%, la máxima de los últimos 12 años.
Después se moderó el impacto, pero como en los meses posteriores el valor del plan creció más que la inflación y que los salarios, la incidencia volvió a aumentar, llegando a 23,5% en junio pasado.
Claro que hay diferencias entre franjas etarias. La ley 26.682 (marco regulatorio de la medicina prepaga) establece que “la diferenciación de la cuota por plan y por grupo etario sólo podrá darse al momento del ingreso del usuario al sistema”.
En ese marco, el decreto 102/2025 aclara que “el valor de la cuota de la última franja etaria no podrá superar el triple del valor de la cuota de la primera franja etaria”.
Para agendar
Protagonistas. Virginia Giordano (economista Idesa), Jorge Cherro (presidente Adecra y Cedim), Marcelo Orías (director de la carrera de Medicina de la Universidad Siglo 21) y Matías Buffa (gerente general de Prevención Salud).
Emisión. El martes 28 de octubre, en transmisión vía streaming por las plataformas de La Voz, de Los Andes, y de Vía País, además del perfil de La Voz en YouTube.
Apoyo. La actividad cuenta con el respaldo de Naranja X, Universidad Siglo 21, Prevención Salud, Municipalidad de Córdoba y Agencia Córdoba Turismo.
