Una de las formas más comunes que utilizan los economistas para medir la desigualdad es el Coeficiente de Gini. Se trata de un índice con valores que oscilan entre 0 y 1. Cuando el valor se acerca a 0 indica una distribución más equitativa de los ingresos, mientras que valores cercanos a 1 denotan una mayor disparidad socioeconómica. En Argentina, el Indec informó recientemente que este indicador fue de 0,435 en el 4to trimestre del 2023, mostrando un aumento de la desigualdad en la comparación interanual.
Por otro lado, el porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza alcanzó el 41,7% en el 2do semestre de 2023 (Indec) y, al comparar con respecto al 1er semestre del mismo año, la incidencia de la pobreza registró un aumento en las personas de 1,6 puntos porcentuales.
Son dos conceptos distintos pero complementarios. Mientras que la desigualdad señala las disparidades en la distribución de recursos dentro de una sociedad, la pobreza expresa la carencia o escasez de bienes y servicios necesarios para satisfacer las necesidades básicas de las personas y hogares. Ambos fenómenos, que caracterizan a la economía de un país, experimentaron variaciones ascendentes.
El efecto de la inflación en la desigualdad
En el 4to trimestre de 2019 el Coeficiente de Gini tenía un valor de 0,439 para luego experimentar sucesivas caídas en los años siguientes. Sin embargo, esta reducción de la desigualdad coincidió con la pandemia por Covid-19, cuando la pobreza aumentó abruptamente como resultado de las medidas de confinamiento. El descenso del indicador no fue sinónimo de mejoras en el bienestar de la sociedad, sino que se explicó principalmente por una caída generalizada –achatamiento– en los ingresos de todos los estratos socioeconómicos, pero más pronunciada en los deciles más altos.
En 2023, hubo un cambio de tendencia, ya que el Coeficiente de Gini volvió a subir en el 4to trimestre de 2023 hasta un valor de 0,435. La reversión del proceso de caída que se venía observando en los años anteriores coincide con el rebrote inflacionario. La variación mensual del Índice de Precios al Consumidor mostró una clara tendencia alcista durante todo 2023, comenzando con cifras en torno al 6% y finalizando el año con 25,5% de inflación mensual.
La inflación impacta de manera desigual en los ingresos de los distintos segmentos socioeconómicos. Los grupos de ingresos bajos por lo general son informales y cuentapropistas y carecen de mecanismos institucionalizados para ajustar sus salarios frente al aumento del costo de vida.
Mientras que los grupos de ingresos más altos, por lo general trabajadores formales, con instancias de negociación garantizadas por ley y ajustes periódicos, tienen mayor resguardo de su salario frente al aumento de precios. Al mismo tiempo, suelen tener mayores oportunidades financieras de resguardo, pudiendo recurrir a instrumentos que les permiten preservar sus ingresos y mantener su nivel de vida incluso en períodos de alta inflación.
Un factor que también aumentó la desigualdad en el periodo fue la eliminación del Impuesto a las Ganancias para los ingresos laborales. Como resultado de ello, miles de trabajadores de los deciles más altos dejaron de tributar sobre sus ingresos personales, implicando en muchos casos aumentos considerables en su ingreso disponible.
El Estado puede reducir la desigualdad
La reducción de la desigualdad es un objetivo ampliamente compartido en la sociedad. Sin embargo, para alcanzar este ideal. La estabilidad macroeconómica es el principal factor para la promoción de una distribución más equitativa del ingreso a largo plazo. Cuando la economía experimenta periodos de crecimiento sostenido y baja inflación, se generan mayores oportunidades de empleo y se fortalecen los ingresos de los trabajadores. Asimismo, un entorno macroeconómico estable fomenta la inversión y el desarrollo empresarial, lo que puede contribuir a la generación de trabajos y a la mejora de las condiciones de vida de manera sostenible.
La intervención del Estado a través de políticas públicas también tiene una redistribución de ingresos, a través de mecanismos como los impuestos y la ejecución del gasto público. La manera en que se diseñan y aplican estas políticas puede determinar la equidad económica a largo plazo.
En primer lugar, se necesita de una modernización laboral con políticas que estimulen a las empresas a generar empleo genuino, eliminando barreras a la contratación y costos de despido injustificados e imprevisibles. Luego, con respecto a lo previsional, el ordenamiento requiere que se adapten las normas previsionales a la realidad y se contemplen los cambios que permitan absorber los impactos del envejecimiento poblacional. Finalmente, en el ámbito impositivo, es fundamental una estructura tributaria más progresiva para avanzar hacia una sociedad más equitativa y justa.
