En Argentina, hace más de medio siglo que los gobiernos de turno incurren en gastos superiores a los recursos con los que cuentan para costearlos, superando el obstáculo de la falta de ingresos por medio de la emisión monetaria o el endeudamiento.
Si los ciudadanos aceptaran los pesos convencidos de que el déficit fiscal se está reduciendo, disminuiría la inflación. Sin embargo, frente al antecedente de seis décadas con sistemáticos déficits fiscales y la persistencia a financiarlo con emisión, los argentinos tienden a rechazar los pesos, generando presiones sobre el tipo de cambio y los precios.
¿Qué tan urgente es el problema?
Una de las maneras de atenuar los impactos inflacionarios de la emisión excesiva es retirando pesos de la economía, utilizando los pasivos remunerados del Banco Central. Estos inducen a los bancos comerciales a usar el dinero que captan por los depósitos de las personas para suscribir títulos de deuda emitidos por el BCRA.
Los pasivos se componen principalmente de dos instrumentos. Por un lado, se encuentran las Letras de Liquidez, también conocidas como Leliq, que son deuda emitida a 28 días de plazo por el Banco Central y utilizada como promesas de pago con los bancos comerciales, y, por otro lado, los pases pasivos, funcionando de manera similar, sólo que son deuda a 1 día de plazo. Ambas herramientas le permiten al organismo sacar de circulación la emisión excedente, atenuando su impacto inflacionario, operación denominada “esterilizar”, en donde el dinero sigue siendo de la gente, pero los bancos en lugar de usarlo para prestarlo a las familias o las empresas, se lo “prestan” al Banco Central.
El problema de esta operación es que no es gratis dado que se deben pagar intereses a los bancos y a medida que más Leliq o pases se emiten, mayores son los intereses por pagar, que se suman a la emisión monetaria que demanda el financiamiento del déficit fiscal, siendo el resultado más emisión de pesos.
Para el gobierno entrante, los pasivos remunerados del organismo son uno de los desafíos más urgente dado que se acumula un pasivo que representa más de tres veces la cantidad de dinero en circulación, superando los 24 billones de pesos, en donde 1 de cada 4 pesos emitidos están en manos de la gente, mientras que los restantes fueron rescatados por el Banco Central con algunos de estos pasivos que devengan intereses.
Un aspecto que se suma a esta alarmante situación, es que desde las Paso y con más énfasis en la segunda vuelta electoral, los bancos han buscado reducir los plazos en los que tienen que mantener estos instrumentos, convirtiendo las Leliq a Pases Pasivos: en las Paso, el 73% de los pasivos del Banco Central eran Leliq, y hoy solo constituyen un 27%, mientras que los pases representan el 73%. Sin embargo, el problema que generan ambas herramientas es el mismo, dado que continúan reprimiendo a la inflación.
Por lo tanto, si las Leliq y pases se transformaran de manera inmediata en dinero en circulación, es lógico esperar un enorme aumento de la inflación, al punto incluso de alcanzar una hiperinflación, haciéndose explícita toda la inflación reprimida que el gobierno saliente no exteriorizó.
Desarmar la bola de pesos
Desarmar, de una forma no traumática, la enorme bola de pesos que hoy constituyen los pasivos del Banco Central requiere aumentar la confianza de la gente. Si esto sucede, la demanda de dinero por parte de la población argentina aumentaría, y en este caso, la inflación no se dispararía desenfrenadamente por el aumento de los pesos en circulación.
Pero frente a la historia argentina, esto se logrará únicamente si las personas perciben que los desequilibrios fiscales se están resolviendo y el nuevo gobierno busca genuinamente ingresar en una fase de equilibrio fiscal sustentable.
Si se analiza la forma en la que se compone el gasto público nacional, siguiendo los datos del Ministerio de Economía para 2022, se observa cómo el estado nacional ejecutó gastos en funciones provinciales, como la salud pública, educación básica, asistencia social, vivienda y urbanismo, y en subsidios económicos para las empresas públicas por el equivalente a más del 5% del PBI. Por lo tanto, mientras el Gobierno nacional continúe ejecutando funciones que no son su responsabilidad, el desequilibrio fiscal va a seguir.
¿Cómo resolver los crónicos desequilibrios fiscales?
Frente a esto, queda claro que es indispensable alcanzar un acuerdo con las provincias acerca de la reconstrucción de la organización federal, tanto en materia funcional como tributaria.
Por un lado, para llevar a cabo un ordenamiento funcional, se deben eliminar burocracias y gastos duplicados, estableciendo que cada nivel de gobierno se ocupe de las funciones que les corresponden: el Estado nacional, estará a cargo de las funciones interprovinciales delegadas como son la estabilidad política y económica, la representación ante el exterior y la infraestructura interprovincial, mientras que las provincias junto a sus municipios serán responsables de financiar y administrar los servicios sociales –incluyendo salud, educación, desarrollo social, vivienda y urbanismo– así como los servicios públicos urbanos –incluyendo distribución de electricidad, agua y saneamiento y transporte urbano–.
Por otro lado, para llevar a cabo un ordenamiento tributario, es necesario abordar la unificación y simplificación de los impuestos, así como la correspondencia fiscal, principio que implica que quien gaste sea el responsable de cobrar los impuestos para financiar ese gasto. Bajo este esquema, el gobierno nacional se deberá financiar con los impuestos al comercio exterior, la seguridad social y el impuesto a los ingresos (actualmente denominado impuesto a las ganancias), al tiempo que las provincias y municipios, con un IVA que absorba ingresos brutos y tasas municipales. De esta forma, los ciudadanos tendrán más claro a qué nivel de gobierno le pagan los impuestos y a quién reclamar por los servicios que reciben.
Mientras no se lleve a cabo un ordenamiento fiscal en relación con la forma en que el Estado nacional obtiene ingresos y ejecuta gastos, y a la manera en la que se gestionan los mismos, las prioridades seguirán desenfocadas y perderán efectividad todas aquellas medidas que intenten atenuar la inflación.
(*) Equipo Idesa
