Cualquier persona que nació en los albores de la década de 1970 sabe que el mundo ha experimentado cambios profundos y acelerados en el último medio siglo.
Incluso, fue en aquellos años en los que parte de la matriz productiva de los países más desarrollados empezó una transformación tecnológica que provocó mutaciones en sus industrias y en el comercio mundial, una carrera a la que la Argentina llegó tarde, con el cuerpo ladeado y mucha heterogeneidad.
Fue en aquel mundo de hace 50 años cuando se estableció el régimen de incentivos fiscales y aduaneros que moldeó a la economía de Tierra del Fuego, para darle viabilidad a esa parte del país alejada de los principales centros de producción y de consumo.
Atravesadas por las tensiones geopolíticas con Chile, las medidas apuntaron a incrementar la cantidad de habitantes y a promover la radicación de industrias.
Se logró. La población se multiplicó por 14 y se desarrolló un polo de producción y ensamblaje de bienes electrónicos de consumo. El producto interno bruto (PIB) per capita fueguino es uno de los más altos del país, y la cantidad de empresas y de empleo en relación con la población están por encima del promedio nacional.
Miles de familias migraron hacia allá. En la década de 1980, la empresa Aurora Grundig llegó a tener cinco plantas en Ushuaia, que bajaron sus persianas cuando no pudieron competir con la liberación de importaciones que hubo 10 años después.
Ya por entonces había señales de que algo no estaba funcionando bien y de que era muy alta la dependencia de las protecciones para productos cuyo destino son el mercado interno y que se pagan más caros aquí en comparación con los países de la región.
Lunes otra vez
La historia se repite; ya ni interesa si lo hace como tragedia o como farsa. Es lunes otra vez y se vuelve a exponer una estéril polarización entre defensores y detractores de un régimen con un diseño de incentivos que sirvieron en un momento, pero que no han alcanzado para alumbrar un ecosistema productivo sustentable, más diverso, competitivo y con menos dependencia.
Un detallado trabajo de investigación realizado hace tres años por Fundar (el centro de estudios de políticas públicas que impulsan los hermanos Sebastián y Santiago Ceria) calculó que el fisco nacional “renuncia” cada año a U$S 1.000 millones para sostener el esquema que, con leves retoques, fue prorrogado hasta 2053, con una evaluación de resultados en 2038.
La anunciada quita escalonada de aranceles a la importación de celulares es una llaga que, en rigor, no toca ni una sola palabra del régimen, sino que cambia las condiciones para el resto.
El CEO del Grupo Newsan, Luis Galli, cree que será difícil seguir produciendo celulares en el país. Sobre todo los de menor gama. Esa compañía concentra, junto con Mirgor, de Nicolás Caputo, las mayores operaciones con aparatos móviles.
No menos cierto es que conservarán ventajas en el impuesto interno, aunque las empresas fueguinas y el Gobierno de esa provincia creen que eso no alcanza para compensar el impacto que tendrán las importaciones.
También sigue vivo el fondo fiduciario para la ampliación de la matriz productiva fueguina, que acumula alrededor de $ 180 mil millones y cuya administración encabeza Noelia Ruiz, una exdiputada bonaerense del PRO, a quien en la política porteña se la liga al asesor presidencial Santiago Caputo.
Todos engranajes de un sistema deformado para sostener el statu quo de quienes están involucrados: ayer, hoy y ¿mañana?
Por eso, el fondo de la cuestión, aunque lo involucra, va más allá del régimen. El argumento de que una reforma podría destruir puestos de trabajo es real, pero no debería invalidar la búsqueda de un nuevo esquema, con transición incluida, para habilitar las reconversiones que reduzcan el alto nivel de dependencia.
En esa trama, la llave de la diversificación productiva podría apuntar a potenciar otros sectores, como la economía del conocimiento, el turismo, actividades científicas y académicas, hidrocarburos, puertos y logística. Es una discusión. Está abierta. No debería insumir otros 50 años.
