El déficit fiscal primario mide la dinámica de ingresos y gastos, sin incluir el pago de intereses de la deuda pública, y sirve para vislumbrar la situación económica del Estado.
Entre enero y diciembre de 2022 el sector público nacional acumuló un “rojo” de $ 1.955 miles de millones (2,4% del producto interno bruto). Si bien esto se ubica por debajo de las metas planteadas en el acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional, que permitía un déficit fiscal primario del 2,5% del PIB, hay que tener en cuenta dos puntos importantes.
Por un lado, el FMI mide el déficit sobre el saldo de “base caja”, es decir que si el gobierno devenga un gasto pero no lo paga efectivamente, dicho gasto no tiene un impacto en la meta fiscal. Por otro, los elevados niveles de inflación le permitieron al gobierno reducir las erogaciones en términos reales durante la segunda mitad del año, lo cual implica que si la meta hubiera estado medida en términos nominales, no se hubiera cumplido.
Desempeño del déficti fiscal en 2022
Para analizar la dinámica del déficit fiscal podemos dividir al 2022 en dos períodos:
● Primer semestre
En los primeros seis meses del año, el gasto creció por encima de los ingresos fiscales. Desglosando el gasto público, conceptos como los subsidios económicos al transporte y la energía –en parte por la incidencia de la guerra entre Rusia y Ucrania y también por la postergación del esquema de segmentación de tarifas– y las prestaciones sociales explicaron el 70% del aumento.
● Segundo semestre
Tras el nombramiento de Sergio Massa como ministro de Economía de la Nación, se produce un quiebre en la dinámica fiscal con un gasto público que registró cinco meses consecutivos de reducción real. En el mes de septiembre hubo superávit por primera vez en el año.
¿Cómo disminuir el déficit fiscal?
Resulta imperativo contar con un plan de reordenamiento del sector público nacional que contemple como mínimo los siguientes lineamientos:
● Control del gasto público
Son dos los componentes claves sobre los que es viable realizar ajustes en el corto plazo: los subsidios y el gasto asistencial.
En referencia al primero, con el actual esquema de tarifas mantiene una fuerte incidencia de los subsidios sobre el déficit fiscal y la inequidad de seguir subsidiando a familias de ingresos medios y altos consumos (según datos de la EPH sólo el 5% de los hogares pagaría en la actualidad la tarifa plena).
Un esquema de tarifas consistente con el objetivo fiscal debería ser totalmente contrario a lo que se propone: todos los usuarios deberían pagar la tarifa plena, menos los usuarios de menores ingresos, que serían identificados para recibir una tarifa social que financie el mínimo consumo indispensable.
En relación al gasto asistencial, lo primordial es reordenar las erogaciones que se realizan desde el Ministerio de Desarrollo Social bajo reglas subjetivas, que dan pie a la discrecionalidad, principalmente los planes alimentarios y el plan Potenciar Trabajo.
La salida de la proliferación del asistencialismo requiere ordenar la economía para impulsar un masivo proceso de inversión productiva, actualizar Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos de manera que permitan la generación de empleos de calidad. Es igualmente importante en este sentido recuperar la calidad educativa en las escuelas de gestión pública y privada y la vinculación de sus contenidos con el mercado de trabajo.
● Ordenamiento tributario
Una organización tributaria tiene que apuntar a dos objetivos: la promoción del crecimiento económico y una distribución aceptable del ingreso. En función de esto es necesario un plan para unificar y simplificar impuestos de los tres niveles de gobierno, ya que el actual sistema tributario produce inseguridad jurídica y amplios canales para la elusión y la evasión. Por eso, aunque los contribuyentes son agobiados con altos impuestos, el Estado recauda mal.
También hay que eliminar la coparticipación haciendo que las provincias se financien mediante la recaudación de sus propios tributos en función de las ventas que se generan dentro de su territorio. De esta forma, se generarían incentivos para aumentar la actividad económica en las provincias. En la transición esto puede ser complementado con un Fondo de Convergencia que transfiera recursos desde las zonas más ricas a las más pobres, en el marco de un plan de desarrollo para las más rezagadas.
● Ordenamiento funcional
La intromisión de la nación en funciones y responsabilidades provinciales tiene impactos muy negativos. Ocurre con funciones como educación, salud pública, asistencia social, transporte, vivienda y urbanismo, entre otras.
Un principio básico para el ordenamiento integral del Estado es respetar la distribución de funciones entre las jurisdicciones que establece la Constitución. El Estado nacional sólo se debería enfocar en medir y difundir los resultados de la gestión de las provincias.
● Ordenamiento previsional
Implica tender a unificar las reglas jubilatorias, cerrar las moratorias (dejando y mejorando la Pensión Universal para el Adulto Mayor) y evitar la superposición de beneficios que hoy se produce entre la jubilación y la pensión por sobrevivencia.
En el resto del mundo, para contemplar la situación de personas mayores sin aportes se utilizan pensiones no contributivas que permiten moderar los costos financieros y evitar dar la señal de que aportar al sistema previsional no genera beneficios. Además, no se generan duplicación de beneficios, cosa que con las moratorias sí es posible al fallecer el titular de la jubilación, dado que por ser un beneficio contributivo habilita la generación de una pensión.
