Cuando el carismático líder de oposición Boris Nemtsov fue asesinado a tiros en un puente cerca del Kremlin en febrero de 2015, más de 50 mil moscovitas expresaron su sorpresa e indignación al día siguiente del crimen descarado. La Policía se mantuvo al margen mientras marchaban y coreaban consignas antigubernamentales.
Nueve años después, rusos sorprendidos y furiosos salieron a las calles la noche del 16 de febrero, cuando supieron que el popular líder opositor Alexei Navalni había muerto en prisión. Pero esta vez, quienes depositaban flores en monumentos improvisados colocados en ciudades importantes, se encontraron con la Policía antimotines, que arrestó y arrastró a muchos de ellos.
En los años transcurridos entre uno y otro suceso, la Rusia de Vladimir Putin pasó de ser un país que toleraba cierto disenso a convertirse en uno que lo reprime de manera implacable. Arrestos, juicios y largos períodos en prisión, que alguna vez fueron infrecuentes, ahora son comunes, especialmente después de la invasión de Ucrania por parte de Moscú.
Además de hacerlo contra sus opositores políticos, el Kremlin ahora arremete contra grupos defensores de derechos humanos, medios independientes y otros miembros de organizaciones de la sociedad civil, activistas LGBTQ+ y ciertas denominaciones religiosas.
De autoritario a totalitario
“Rusia ya no es un Estado autoritario, es un Estado totalitario”, dijo Oleg Orlov, copresidente de Memorial, el grupo ruso de derechos humanos centrado en la represión política. “Todas estas represiones tienen como objetivo suprimir cualquier expresión independiente sobre el sistema político de Rusia, sobre las medidas de las autoridades, o de cualquier activista civil independiente”.
Un mes después de hacer ese comentario a AP, Orlov, de 70 años, se convirtió en una estadística del propio grupo: fue esposado y sacado de un tribunal tras ser condenado por criticar al Ejército por el caso de Ucrania y sentenciado a dos años y medio de prisión.
Memorial calcula que existen cerca de 680 presos políticos en Rusia. Otro grupo, OVD-Info, dijo en noviembre que 1.141 personas están tras las rejas por acusaciones políticamente motivadas, más de 400 reciben otros castigos y cerca de 300 más son investigadas.
El regreso de la represión
Un tiempo después del colapso de la Unión Soviética, parecía que Rusia había cambiado de página y la represión generalizada pasaba a ser cosa del pasado, dijo Orlov, defensor de derechos humanos desde la década de 1980.
Si bien hubo casos aislados en la década de 1990 bajo el régimen del presidente Boris Yeltsin, Orlov dijo que las grandes represiones comenzaron paulatinamente después de que Putin llegó al poder en 2000.
El magnate petrolero en el exilio Mijail Jodorkovski, que pasó 10 años en prisión tras desafiar a Putin, dijo a AP en una entrevista reciente que el Kremlin comenzó a sofocar el disenso aun antes de su arresto en 2003. Purgó al canal de televisión independiente NTV y fue tras otros oligarcas que lo desafiaron, como Vladimir Gusinsky o Boris Berezovsky.
Cuando Putin recuperó la presidencia en 2012 tras evadir los límites del cargo al desempeñarse como primer ministro durante cuatro años, fue recibido con protestas masivas. Las consideró como inspiradas por Occidente y quiso arrancarlas de raíz, dijo Tatiana Stanovaya, del Centro Carnegie para Rusia y Eurasia.
Muchas personas fueron arrestadas, y más de una docena recibió condenas de hasta cuatro años de prisión tras las protestas. Pero principalmente, señaló Stanovaya, las autoridades “creaban condiciones en las que la oposición no pudiera prosperar”, en lugar de desmantelarla.
Entre 2013 y 2014, Navalni fue condenado dos veces por malversación de fondos y fraude, pero sus sentencias fueron suspendidas. Su hermano fue encarcelado, en lo que se considera un movimiento para presionar al líder opositor.
Crimea, pandemia y guerra en Ucrania
La anexión de Crimea por parte de Moscú en 2014 generó una oleada de patriotismo e impulsó la popularidad de Putin, lo que envalentonó al Kremlin.
Mientras tanto, la tolerancia a las protestas se redujo. Las manifestaciones encabezadas por Navalni en 2016 y en 2017 dieron lugar a cientos de arrestos; en los mitines masivos del verano de 2019, otros manifestantes fueron condenados y encarcelados.
El Kremlin usó la pandemia de Covid-19 en 2020 como excusa para prohibir las protestas. Hasta el día de hoy, las autoridades se niegan a permitir las marchas, mencionando las “restricciones por el coronavirus”.
Luego, con la invasión a Ucrania en 2022, Rusia promulgó nuevas leyes represivas que sofocaban cualquier protesta contra la guerra y las críticas al Ejército. El número de arrestos, de demandas penales y de juicios creció de manera desaforada.
Así, críticos del Kremlin fueron encarcelados, y su prominencia no pareció importar. Por caso, Navalni fue sentenciado a 19 años, mientras otro opositor, Vladimir Kara-Murza, obtuvo la pena máxima de 25 años por traición.
Los activistas señalan que, en la actualidad, las sentencias de prisión se han vuelto más largas en comparación con las que se imponían antes de la guerra contra Ucrania. Cada vez más, las autoridades han apelado sentencias con penas más livianas. En el caso de Orlov, los fiscales buscaban someter a un nuevo juicio su condena previa, que inicialmente se reducía a una multa; posteriormente, fue sentenciado a prisión.
