La Cámara de Diputados de Uruguay da un paso trascendental al aprobar, en la madrugada de este miércoles, un proyecto de ley que legaliza la eutanasia, sentando un marco legal para acceder a la muerte asistida en casos específicos.
De ser ratificada por el Senado, esta medida posicionaría a Uruguay como el tercer país de América Latina en permitir la muerte asistida, sumándose a Colombia y Ecuador.
Votación histórica y marco legal propuesto en Uruguay
La aprobación en Montevideo se logró con 64 votos a favor y 29 en contra, superando el mínimo requerido de 50 escaños de los 99 que componen la cámara baja. El intenso debate se extendió por más de cinco horas antes de la votación.
El texto aprobado busca establecer un marco legal que regule y garantice “el derecho de las personas a transcurrir dignamente el proceso de morir, en las circunstancias que ellas determinen”.
La iniciativa propone ofrecer una muerte “indolora, apacible y respetuosa” a aquellos que la soliciten y cumplan con los requisitos establecidos.

Requisitos para acceder a la muerte asistida
El proyecto de ley especifica claramente quiénes podrán acceder al procedimiento de eutanasia:
- Mayores de edad.
- Personas con capacidad psíquica plena.
- Individuos que atraviesen la etapa terminal de una enfermedad incurable e irreversible.
- Aquellos que sufran dolores que resulten insoportables.
Es fundamental que la solicitud cuente con la aprobación de al menos dos profesionales de la salud. Además, la norma limita el acceso a ciudadanos uruguayos o extranjeros con residencia acreditada en el país.
Antecedentes y panorama regional e internacional
El debate parlamentario sobre la eutanasia en Uruguay se inició formalmente en 2019, aunque una propuesta similar presentada en 2022 no logró prosperar en el Senado.
Desde 2013, la legislación uruguaya ya contempla el derecho de los pacientes terminales a rechazar tratamientos médicos que prolonguen la vida. No obstante, la eutanasia y el suicidio asistido continúan tipificados como “homicidio piadoso” en el Código Penal.
En la región latinoamericana, Colombia posee un marco regulatorio consolidado para la eutanasia desde 1997, fortalecido por sentencias y protocolos médicos. Ecuador, por su parte, despenalizó la práctica en 2023 mediante un fallo de la Corte Constitucional, aunque aún no ha sido aplicada.
A nivel internacional, varios países como Bélgica, Países Bajos, España, Canadá, y algunas jurisdicciones de Australia y Estados Unidos, permiten la eutanasia o el suicidio asistido bajo diversas condiciones. La discusión global se centra en el delicado equilibrio entre el respeto a la autonomía individual y las garantías éticas y médicas del procedimiento.
Próximos pasos y fuerte respaldo ciudadano
El texto aprobado por la Cámara de Diputados es el resultado de un trabajo legislativo impulsado por el Frente Amplio a inicios de 2025, contando con el respaldo de sectores de la oposición. La Comisión de Salud de la cámara baja había dado su aval en julio.
Para su entrada en vigor, la norma debe ser ratificada por el Senado, donde el oficialismo cuenta con mayoría. Según legisladores de la bancada, el objetivo es someterla a votación antes de que finalice el año.
El respaldo ciudadano es significativo: una encuesta de Factum realizada en 2022 reveló que un 77% de la población uruguaya se manifestó a favor de la legalización de la eutanasia en circunstancias específicas. Este apoyo popular, sumado a la mayoría parlamentaria, incrementa notablemente las posibilidades de que esta iniciativa se convierta en ley en los próximos meses.