Este viernes amaneció en Brasil bajo el eco de una sentencia histórica. Un día después de que la Primera Sala del Supremo Tribunal Federal (STF) condenara al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus colaboradores más cercanos por la intentona golpista del 8 de enero de 2023, el país entró en una nueva etapa de debate político y jurídico. La resolución no sólo impone consecuencias financieras y penales a los acusados, sino que también abre un camino inédito para el futuro de la relación entre las Fuerzas Armadas, la democracia y la Justicia brasileña.
El máximo cuerpo judicial del gigante sudamericano determinó que Bolsonaro y los demás condenados deberán pagar, de manera conjunta, poco más de 23 millones de dólares como reparación por los daños ocasionados a la sede de los Tres Poderes durante los ataques del 8 de enero, cuando miles de manifestantes irrumpieron en los edificios del Congreso, del Palacio de Planalto y de la propia Corte Suprema. Esa indemnización, sin embargo, se hará efectiva sólo una vez agotados todos los recursos legales.
La sentencia abarca una amplia gama de delitos: organización criminal armada, tentativa de abolición violenta del Estado democrático de Derecho, golpe de Estado, daños agravados por violencia y amenaza grave, y daños al patrimonio protegido. El fallo, en consecuencia, deja claro que la intentona no fue un acto aislado de vandalismo, sino una conspiración organizada para quebrar la institucionalidad.
El futuro de los militares condenados
Un aspecto clave de la decisión del STF es que traslada al Superior Tribunal Militar (STM) la responsabilidad de juzgar la eventual degradación de los militares de alto rango involucrados. Entre ellos figuran los generales Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Braga Netto y el almirante Almir Garnier, todos cercanos a Bolsonaro y partícipes de la conspiración según la acusación.
De acuerdo con la Constitución, cualquier oficial de las Fuerzas Armadas que reciba una condena penal superior a dos años puede ser expulsado de la institución. No obstante, el STM sólo podrá pronunciarse una vez que la sentencia del STF quede firme, es decir, después de que se agoten todos los recursos. Este punto introduce una tensión adicional entre la Justicia civil y la militar, y anticipa un debate sobre el grado de responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas en los hechos de enero de 2023.
Cierre de ciclos
Al término de la sesión histórica del jueves, el presidente del STF, Luís Roberto Barroso, sostuvo que el fallo marca un antes y un después en la historia democrática brasileña. Aunque no votó, Barroso asistió al juicio y ofreció una declaración con fuerte carga simbólica:
“Creo que estamos cerrando los ciclos del atraso en la historia brasileña, marcados por el golpismo y por la quiebra de la legalidad constitucional. Estoy convencido de que algunas incomprensiones de hoy se transformarán en reconocimiento futuro”.
El magistrado rechazó de manera tajante la idea de que se tratara de una persecución política contra Bolsonaro. Para Barroso, la condena constituye un “punto de inflexión” que busca consolidar la democracia en un país históricamente golpeado por interrupciones institucionales.
Reacciones políticas y sociales
En el ámbito político, la condena desató un aluvión de reacciones. Los sectores progresistas la celebraron como un triunfo de la justicia y un freno al autoritarismo, mientras que la base bolsonarista denunció un supuesto “juicio político disfrazado de legalidad”.
Analistas políticos consideran que el fallo acentuará la polarización en Brasil, aunque al mismo tiempo podría fortalecer la institucionalidad al marcar un límite claro contra las tentativas de subvertir el orden democrático.
Para la sociedad brasileña, la noticia reaviva los recuerdos del asalto de enero de 2023, cuando la toma de los edificios de los Tres Poderes evocó los episodios más oscuros de la historia reciente del país.
En términos inmediatos, el proceso continuará con la presentación de recursos por parte de las defensas. Bolsonaro y sus colaboradores buscarán revertir la condena, aunque los especialistas coinciden en que las posibilidades de éxito son reducidas debido a la solidez de las pruebas presentadas.
El otro frente abierto será la Justicia castrense, donde se debatirá la degradación de los oficiales involucrados. La eventual expulsión de figuras como Heleno o Braga Netto tendría un impacto simbólico enorme, pues demostraría que ni siquiera los más altos mandos militares están por encima de la ley.
En paralelo, se abre una discusión sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la política brasileña. El 8 de enero de 2023 mostró hasta qué punto parte de los mandos estuvieron dispuestos a permitir, o al menos tolerar, intentos de subvertir el poder civil. El fallo del STF podría ser la primera señal de un reacomodamiento institucional.
