En un evento que reavivó el debate sobre los protocolos de ejecución y la ética médica, Byron Black fue ejecutado este martes por la mañana en Tennessee. La particularidad de este caso radica en que la ejecución se llevó a cabo sin desactivar su desfibrilador cardioversor implantable (ICD), un dispositivo médico vital que, según las preocupaciones, podría haberle causado descargas o prolongado su agonía una vez que los químicos letales hicieran efecto.
Testigos presentes reportaron momentos de angustia: poco después de que comenzara la inyección letal, Black comentó a un asesor espiritual que estaba sufriendo mucho. También se le escuchó suspirando y respirando con dificultad mientras la ejecución avanzaba.
El debate por la ejecución de un preso con desfibrilador
Byron Black, de 69 años, presentaba un cuadro clínico complejo, que incluía demencia, daño cerebral, insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva y otras condiciones, lo que le obligaba a usar una silla de ruedas.
Su desfibrilador cardioversor implantable, descrito como un pequeño dispositivo electrónico alimentado por batería colocado quirúrgicamente en el pecho, cumplía la doble función de marcapasos y desfibrilador de emergencia.
Los abogados de Black habían argumentado que desactivar el ICD no requería cirugía, solo la colocación de un dispositivo de programación sobre el implante para enviar un comando de desactivación. Este caso es notablemente inusual; tanto los defensores de Black como el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, una organización sin fines de lucro, afirmaron no tener conocimiento de otros casos similares en los que un recluso haya presentado reclamos sobre ICDs o marcapasos.
Batalla legal y revocación judicial
El camino hacia la ejecución estuvo plagado de batallas legales. A mediados de julio, un juez de primera instancia se alineó con los abogados de Black, dictaminando que los funcionarios debían desactivar el dispositivo para evitar el riesgo de dolor innecesario y la prolongación de la ejecución.
Sin embargo, esta decisión fue rápidamente revocada por la Corte Suprema del estado, que intervino argumentando que el juez de primera instancia carecía de autoridad para ordenar tal cambio.
El estado de Tennessee, por su parte, sostuvo que la inyección letal no provocaría una descarga del desfibrilador de Black y que, de todos modos, él no las sentiría. Los abogados de Black contrarrestaron que, incluso si el pentobarbital (el fármaco letal) dejara a alguien sin respuesta, esto no garantizaba que no fuera consciente o que fuera incapaz de sentir dolor.
La última esperanza de Black se desvaneció el lunes, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó su apelación final. Poco después, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, se negó a detener la ejecución.
El caso de Black también trajo a colación las consideraciones éticas en la pena de muerte. La mayoría de los profesionales médicos consideran que la participación en ejecuciones es una violación de la ética del cuidado de la salud.
Además de la controversia por el desfibrilador, el equipo legal de Black había intentado, sin éxito, obtener una nueva audiencia para determinar si era una persona con discapacidad intelectual y, por tanto, no elegible para la pena de muerte según precedentes de la Corte Suprema de EE. UU.. Black también había buscado que los tribunales determinaran si era incompetente para ser ejecutado.
Antecedentes del condenado
Byron Black fue condenado por un crimen cometido en 1988: el asesinato a tiros de su novia, Angela Clay, de 29 años, y sus dos hijas, Latoya Clay, de 9, y Lakeisha Clay, de 6.
Los fiscales alegaron que el motivo fue un ataque de celos. En el momento de los asesinatos, Black se encontraba en libertad condicional, cumpliendo una condena por haber disparado previamente al esposo de Clay, de quien ella estaba separada.
*Con información de Agencia AP
