¿Cuánto tarda un conflicto sangriento en dejar de ser noticia? ¿Después de cuántos miles de muertos deja de contabilizarse? ¿Cuán directamente proporcional a nuestros sesgos ideológicos es el grado de indignación por lo que sucede con un pueblo, en un país, en una región?
A medida que el tiempo fue pasando, desde aquel 2011 en que distintos grupos rebeldes comenzaron sus ataques al régimen, el interés de la opinión pública mundial por la guerra civil en Siria fue decayendo, poco a poco, hasta ser desplazado de las páginas periodísticas y de las redes.
Lo que no se detuvo nunca en este período fue el contabilizador de víctimas de ese enfrentamiento.
Según la ONG Observatorio Sirio de Derechos Humanos, al menos 613 mil personas murieron y 2,1 millones resultaron heridas. Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados (Acnur), 12 millones han sido desplazadas (internamente y a países vecinos), y más de 8 millones necesitan ayuda humanitaria para su subsistencia básica.
El detalle de esas cifras es un muestrario del terror: incluye a casi 30 mil niños, 55 mil personas torturadas en las prisiones, a víctimas mortales del ejército, de los grupos rebeldes, del Ejército Islámico, de bombardeos rusos… y la lista sigue.
Hasta 2011, la familia Assad llevaba 40 años en el poder, con sus miembros intercambiando el sillón presidencial rigurosamente. Hasta la semana pasada, fueron 53 años de autocracia y autoritarismo dominado por una sola familia y sus acólitos.
Puede resultar odiosa la comparación, porque un solo muerto es razón suficiente para rechazar un conflicto armado, de cualquier tipo, pero las cifras de víctimas de estos 13 años de enfrentamientos sirios no se igualan a ninguna otra crisis vigente, en ninguna región del mundo.
En 2023, la ONU creó una institución independiente para esclarecer el paradero de las decenas de miles de personas desaparecidas en Siria y ofrecer reparación a sus familias.
También el año pasado, la Corte Internacional de Justicia, a partir de presentaciones de Canadá y Países Bajos, ordenó al gobierno sirio que detuviera los actos de tortura bajo custodia.
Hace un año, la justicia francesa dictó órdenes de detención contra quien fue el presidente sirio hasta la semana pasada, Bashar al Assad; su hermano, Maher al Assad, y otros dos altos cargos, por complicidad en crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Nada de todo eso se materializó.
La indignación mundial, al menos en los últimos años, no parece haber ido de la mano de la realidad del pueblo sirio.
Tras el derrocamiento de Assad, el futuro del país es una incógnita: nadie sabe qué harán los vencedores, con quiénes se aliarán y con quiénes no, y qué puede cambiar realmente para esa castigada sociedad. Quizás por eso, gran parte de quienes respiran a partir del indignómetro mundial aguardan con expectativa, para saber de qué lado se pondrán en las redes.
En el camino queda el resultado de la mayor catástrofe humanitaria actual.
