La Corte Suprema de Brasil dio inicio este martes a la fase final del juicio por golpismo contra el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus antiguos colaboradores, en un proceso que el fiscal general, Paulo Gonet, calificó como la “defensa activa” de la democracia frente a un “intento de golpe”. Se calcula que los ocho reos podrían enfrentar penas de hasta 40 años de prisión.
La primera sesión, abierta por el presidente de la Primera Sala de la Corte Suprema, Cristiano Zanin, comenzó con la lectura del acta del proceso. Posteriormente, el magistrado Alexandre de Moraes, quien actúa como relator, presentó un resumen del caso y las acusaciones que enfrentan los implicados. Tras el informe de De Moraes, se pronunció el fiscal general, Paulo Gonet, quien tuvo un plazo de dos horas para justificar los cargos formulados por el Ministerio Público, basados en investigaciones de la Policía Federal.
Bolsonaro, de 70 años y actualmente bajo prisión domiciliaria, no asistió a esta primera audiencia. Su familia confirmó que alegó problemas de salud y no solicitó la autorización necesaria para estar presente, aunque planea seguir el juicio por televisión. El único reo presente en la sesión fue el general de reserva Paulo Sergio Nogueira, exministro de Defensa durante la gestión de Bolsonaro. Los demás acusados están siendo representados por sus abogados.
Según la Fiscalía, los ocho acusados integraban el “núcleo” de una trama golpista urdida por el líder de ultraderecha con el objetivo de mantenerse en el poder tras su derrota en las elecciones de octubre de 2022 frente al actual mandatario progresista, Luiz Inácio Lula da Silva. La acusación sostiene que Bolsonaro se negó a reconocer los resultados de las urnas y alentó protestas violentas y bloqueos de carreteras por parte de camioneros, todo dentro de una conspiración para impedir la investidura de Lula.
Este movimiento incluyó la instalación de campamentos de activistas ultras frente a numerosos cuarteles del Ejército, donde se pedía “abierta y públicamente un golpe de Estado”. El fiscal Gonet afirmó que la trama golpista, discutida incluso antes de las elecciones de 2022, comenzó con una dura campaña contra el sistema electoral y se concretó tras la derrota de Bolsonaro.
El Ministerio Público sostiene que esta escalada de acciones desembocó en el violento asalto a Brasilia del 8 de enero de 2023. Una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas ocuparon y depredaron las sedes de la Presidencia, el Parlamento y la propia Corte Suprema, donde se celebra el juicio, exigiendo una “intervención militar” para derrocar al Gobierno.
El fiscal general Gonet subrayó que la democracia brasileña “asume su defensa activa” con este proceso, calificando el panorama presentado por la denuncia como “espantoso y tenebroso”. Reveló que en la investigación se halló el borrador de un decreto que buscaba anular las elecciones, “intervenir” el Poder Judicial y ordenar la detención de algunos jueces, entre ellos Alexandre De Moraes, hoy relator del proceso. Además, se encontraron documentos sobre un plan para vigilar los movimientos de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin y el propio De Moraes, incluso sugiriendo la posibilidad de asesinarlos.
De Moraes, en su informe previo, sostuvo que la conspiración liderada por Bolsonaro pretendía “instalar un estado de excepción y una verdadera dictadura”. Aunque Gonet admitió que los ocho reos no participaron en “todas las fases del golpe”, afirmó que “todos colaboraron en cada etapa del proceso” con la intención de consumarlo.
Tras los pronunciamientos del relator y el fiscal, será el turno de las defensas de los ocho reos, incluyendo exministros y antiguos jefes militares, cada uno con una hora para exponer sus alegatos. Se espera que esta fase concluya este miércoles. El juicio quedará entonces listo para una sentencia, la cual se dictará en sesiones programadas para los días 9, 10 y 12 de septiembre de la próxima semana.
