El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, inicia este sábado un nuevo período de gobierno que se extenderá hasta 2029, con una agenda marcada por tres desafíos cruciales y urgentes: la lucha contra el crimen organizado, el saneamiento de las finanzas públicas y la creación de empleo, especialmente para los jóvenes. Tras completar el mandato inconcluso de Guillermo Lasso, Noboa buscará ahora consolidar su proyecto político en un contexto de alta inseguridad, de crisis fiscal y de tensiones legislativas.
Su nuevo mandato llega tras imponerse en segunda vuelta a la candidata correísta Luisa González. Durante su corto gobierno anterior, Noboa enfrentó crisis profundas, especialmente en materia de seguridad, que lo llevaron a declarar en enero de 2024 un “conflicto armado interno” contra las bandas del crimen organizado. Esa medida permitió la intervención directa de las Fuerzas Armadas en operaciones de seguridad interna y marcó el inicio de una política de mano dura que ahora deberá sostener y afinar en medio de una creciente preocupación internacional por los derechos humanos.
Récord en la región
Ecuador cerró 2024 con la tasa de homicidios más alta de Latinoamérica y, en el primer trimestre de 2025, el repunte ha sido preocupante, con un promedio de un asesinato por hora. Esta situación posiciona a la violencia criminal como la principal causa de preocupación de la ciudadanía: al respecto, el Gobierno respondió con una nueva ley para desarticular las economías criminales asociadas al conflicto interno.
El proyecto legal, enviado recientemente a la Asamblea Nacional (Legislativo), plantea ampliar las facultades de las Fuerzas Armadas y de la Policía, incluso mediante indultos presidenciales a miembros de las fuerzas de seguridad investigados por violaciones a los derechos humanos. Esta propuesta generó polémica y podría convertirse en el primer test de gobernabilidad para Noboa, quien cuenta con una mayoría parlamentaria frágil, sostenida por alianzas inestables con Pachakutik y con el Partido Social Cristiano.
Según el analista Santiago Basabe, de la Universidad San Francisco de Quito, el riesgo de tensionar una mayoría tan volátil con proyectos altamente controversiales refleja la ausencia de un plan político claro por parte del Ejecutivo. “El Gobierno debería evitar exponer su capital político en propuestas que pueden generar rechazo, incluso entre sus aliados”, razonó el experto.
Pesada herencia
En el plano económico, Noboa enfrenta una situación heredada de años de gasto público desbordado y bajo crecimiento. El déficit estatal superó los U$S 4.800 millones en 2023 y, aunque se redujo a poco más de U$S 3 mil millones en 2024, sigue representando una amenaza para la estabilidad macroeconómica del país. A ello se suma una pesada carga de pagos por deuda externa previstos para 2026.
El Gobierno cuenta con un respaldo clave del Fondo Monetario Internacional (FMI), que aprobó en 2024 un crédito por U$S 4 mil millones, condicionado a reformas estructurales. Entre las prioridades del Ejecutivo, están la mejora en la recaudación tributaria y la revisión de subsidios a los combustibles, una medida políticamente sensible que provocó protestas masivas en el pasado.
A corto plazo, Noboa busca dinamizar la economía a través del estímulo a las exportaciones y de la atracción de inversión extranjera, especialmente en sectores como el minero. El país registró una contracción del 2% del PIB en 2024, pero se espera un rebote del 2,8% en 2025. Sin embargo, Basabe advierte que, aunque el modelo de Noboa prioriza al sector privado, “todavía no hay claridad en la política fiscal ni en cómo se abordará la informalidad laboral”.
Asignatura pendiente
La generación de empleo juvenil fue una de las principales banderas de Noboa en su primera campaña. Sin embargo, tras año y medio de gobierno, ese objetivo aún está lejos de cumplirse. En su nuevo mandato, se espera que vuelva a impulsar reformas laborales, como la contratación por horas, que en 2023 fue rechazada en un referéndum.
Además del empleo, sectores sensibles como salud y educación también figuran entre las demandas más urgentes de la ciudadanía. Con un nivel de aprobación todavía alto, Noboa ya no contará con los tradicionales “100 días de tolerancia” que suelen concederse a los nuevos mandatarios. Por eso, el desafío será traducir rápidamente su popularidad en acciones concretas.
