Río de Janeiro amaneció paralizada. Calles vacías, escuelas cerradas, accesos bloqueados. Desde Botafogo, el barrio del sur sobre la Bahía de Guanabara y con vista al morro Pan de Azúcar hasta el norte, se trata de una ciudad en shock.
El antropólogo y sociólogo cordobés Nicolás Cabrera afirma: “Ayer se paralizó todo: los accesos al aeropuerto, las clases, los comercios. Río quedó suspendida”, ilustra.
El saldo del operativo ejecutado por la policía militar en las favelas Complexo das Penhas y Alemão ascendía este martes a 119 personas muertas, entre civiles, presuntos narcotraficantes y al menos cuatro policías. “Una tragedia social por donde se la mire”, resume Cabrera.
El investigador, becario posdoctoral del Conicet e integrante del Idacor (UNC), es profesor en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde también investiga problemáticas relacionadas con la seguridad y la violencia urbana.
Territorios en disputa
“Río tiene vastas áreas bajo control de organizaciones criminales y de milicias parapoliciales ilegales –explica–. Es una ciudad en permanente disputa territorial por grupos fuertemente armados. Esto ocurre desde los años 1980, pero el conflicto se intensificó en el último tiempo”.
En ese contexto se ejecutó ayer el operativo policial considerado el más sangriento en la historia de la ciudad.
“No es un hecho aislado –aclara Cabrera–, sino el resultado de una política estatal de guerra total contra el narcotráfico, conducida por el gobernador Claudio Castro, un dirigente ultraderechista y abiertamente bolsonarista”, apunta el experto.
Castro asumió el gobierno estatal tras la destitución de Wilson Witzel, en abril de 2021. Lo hizo prometiendo “guerra total” al narcotráfico. “Desde que llegó al poder, llevó adelante las tres masacres más grandes de la historia de Río. La de ayer fue la peor”, señala el antropólogo.
Bajo su mando, las operaciones son ejecutadas por el temido Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y la Policía Militar, equipada con fusiles y armas de combate. “Para tener una referencia –compara Cabrera–, la Policía de Córdoba usa pistolas 9 milímetros como arma reglamentaria. En Río, la policía militar entra con fusiles. Es una política de guerra abierta contra su propia población”, reflexiona.
Y aclara: “La seguridad en Brasil depende de los gobernadores, no del Gobierno Federal. Por eso es importante evitar lecturas erróneas: esto no fue una orden de Lula da Silva, sino de un gobernador bolsonarista que usa la violencia como herramienta política”.
Más muertos que fusiles
El “mayor logro” de la operación, según el Gobierno estatal, fue la confiscación de unos 100 fusiles. Cabrera ironiza: “¿A qué costo? Hay más muertos que armas confiscadas. Son ejecuciones sumarias, sin debido proceso. Cientos de familias destrozadas. No se puede hablar de éxito en una tragedia de semejante magnitud”.
Para Cabrera, el operativo debe leerse también en clave electoral. “Estamos a menos de un año de las presidenciales de 2026. Claudio Castro probablemente crea que este tipo de intervenciones violentas le dará rédito político y electoral. Busca consolidar su imagen de líder fuerte frente a la criminalidad”.
El sociólogo advierte sobre una tendencia peligrosa: “En Brasil, la derecha radical aprendió que el discurso de mano dura genera adhesión social, especialmente cuando se construye sobre el miedo. Pero esa política no reduce el crimen: lo multiplica. Lo que vemos es la normalización del terror de Estado en los barrios populares”.
La llamada “lucha contra las drogas” se convirtió, dice, en una coartada política. “La política de guerra total es ineficaz. No resuelve nada, destruye los lazos comunitarios y genera un círculo de violencia sin salida. Los mismos territorios son intervenidos una y otra vez, sin que cambie nada”.
Los operativos, agrega, “producen más resentimiento y desconfianza hacia las instituciones. Así, la gente de las favelas no ve al Estado como garante de derechos, sino como una amenaza. Eso erosiona la democracia”, razona.
Cabrera sostiene que la violencia estatal se volvió estructural. “La idea de que la violencia puede resolver la violencia es un contrasentido. Se instala una pedagogía del miedo. Las fuerzas del orden actúan como un ejército de ocupación dentro del propio país”.
Y concluye: “La guerra contra el narcotráfico está fracasando en toda Latinoamérica. La violencia estatal indiscriminada sólo profundiza la desigualdad y perpetúa las economías ilegales. Mientras no se aborde la raíz social del problema –la exclusión, la falta de oportunidades, el abandono estatal–, seguiremos contando muertos”, concluye.
