LA HAYA, Holanda (AP) — Funcionarios israelíes suenan cada vez más preocupados por la posibilidad de que la Corte Penal Internacional (CPI) emita órdenes de arresto en contra de los dirigentes del país luego de más de seis meses de guerra en la Franja de Gaza.
El primer ministro Benjamin Netanyahu escribió el viernes en términos generales sobre las acciones de la CPI en contra de soldados y funcionarios israelíes, y el Ministerio de Asuntos Exteriores también ha indicado que sigue de cerca los informes sobre posibles acciones.
La CPI se creó hace más de una década para combatir la impunidad por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y otros delitos graves que no son procesados por los países. Al no contar con una fuerza policial, la CPI depende de los Estados miembro para detener a los sospechosos.
Netanyahu publicó el viernes en la red social X que Israel “nunca aceptará ningún intento de la CPI para socavar su derecho inherente a la defensa propia”.
“Si bien la CPI no afectará las acciones de Israel, establecería un peligroso precedente”, escribió.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel indicó la noche del domingo que ha informado a misiones en el extranjero sobre “rumores” de que la corte pueda ordenar el arresto de altos funcionarios políticos y oficiales militares de Israel. La agencia no reveló la fuente de estos rumores.
En un comunicado enviado por email a The Associated Press, la fiscalía de la corte se negó a comentar a detalle.
Los 124 Estados que pertenecen a la Corte Penal Internacional firmaron en 2002 un tratado conocido como el Estatuto de Roma. Algunas decenas de países no firmaron el documento y no aceptan la jurisdicción del tribunal en materia de crímenes de guerra, genocidio y otros delitos. Entre esas naciones se encuentran Israel, Estados Unidos, Rusia y China.
La CPI se involucra cuando los países no son capaces o no están dispuestos a enjuiciar estos crímenes en su territorio. Israel argumenta que cuenta con un sistema jurídico funcional, y los desacuerdos entre la capacidad o disposición de un país para iniciar un proceso legal han sido motivo de disputas previas entre el tribunal y ciertas naciones.
En 2020, el entonces presidente estadounidense Donald Trump impuso sanciones económicas y restricciones de viaje a la fiscal de la CPI y a otro funcionario de la fiscalía del tribunal. El personal de la corte investigaba a fuerzas y funcionarios de inteligencia de Estados Unidos y de sus países aliados por posibles crímenes de guerra en Afganistán.
Su sucesor, el presidente Joe Biden, cuyo gobierno ha brindado importante apoyo militar y político a Israel para su ofensiva en la Franja de Gaza, retiró las sanciones en 2021.
La CPI tiene 17 investigaciones en curso, ha emitido un total de 42 órdenes de arresto y ha detenido a 21 sospechosos. Sus jueces han condenado a 10 de los sospechosos y absuelto a cuatro.
En sus primeros años, la CPI fue objeto de críticas por enfocarse en crímenes en África —10 de sus investigaciones son en naciones africanas—, pero ahora tiene pesquisas abiertas en Asia, Europa, Oriente Medio y Latinoamérica.
Israel a menudo acusa a organismos internacionales, como Naciones Unidas, de un sesgo en su contra. La CPI no es un órgano de la ONU, pero aceptó al “Estado de Palestina” como integrante en 2015, un año después de que los palestinos aceptaron la jurisdicción del tribunal.
La fiscal del tribunal en aquel entonces anunció en 2021 una investigación sobre posibles crímenes de guerra en territorio palestino. Netanyahu calificó la decisión de hipócrita y antisemita.
El fiscal actual de la CPI, Karim Khan, visitó Ramala e Israel en diciembre pasado, y se reunió con funcionarios palestinos y con familiares de israelíes que fueron asesinados o capturados por combatientes de Hamás durante el ataque del 7 de octubre que desencadenó la ofensiva israelí.
Khan señaló que las acciones de Hamás fueron “algunos de los crímenes internacionales más graves que conmocionaron la consciencia de la humanidad, crímenes por los que la CPI fue creada para abordarlos”, e hizo un llamado para la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes.
Khan añadió que “las leyes humanitarias internacionales aún deben aplicarse” en la guerra entre Israel y Hamás.
Hace un año la corte ordenó el arresto del presidente ruso Vladímir Putin por cargos de responsabilidad en el secuestro de niños en Ucrania. Rusia respondió con sus propias órdenes de arresto para Khan y jueces de la CPI.
Entre otros gobernantes de renombre que han sido acusados por la corte se incluye al dictador sudanés Omar al-Bashir por acusaciones como genocidio en la región de Darfur. El exmandatario libio Muamar Gadafi fue detenido y asesinado por insurgentes poco después de que la CPI ordenó su arresto por cargos relacionados con la represión de protestas antigubernamentales en su país en 2011.
