El Gobierno chileno emitió un comunicado en el que desmiente que el presidente Sebastián Piñera participara en la venta de la empresa Minera Dominga a su amigo personal Carlos Alberto Délano utilizando un paraíso fiscal en Islas Vírgenes Británicas en 2010, en su primer mandato presidencial.
La investigación asegura que Piñera traspasó acciones de Minera Dominga por 152 millones de dólares en tres pagos, el último de ellos condicionado a la decisión del Gobierno sobre la designación como reserva natural del terreno en el que está emplazado el mineral, que fue rechazada por la autoridad ambiental en 2011.
“Los hechos mencionados respecto de la venta de Minera Dominga ya fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público y los Tribunales de Justicia durante 2017 y la Fiscalía recomendó terminar la causa por la inexistencia de delito, ajustarse a la ley y la falta de participación del presidente Sebastián Piñera en la mencionada operación”, ha apuntado el Palacio de La Moneda en un comunicado.
“La decisión de la Fiscalía fue acogida por el Tribunal de Primera Instancia y ratificada unánimemente por la Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia”, ha subrayado la Presidencia.
“El Presidente nunca ha participado ni ha tenido información alguna respecto del proceso de venta de Minera Dominga, operación que se produjo en el año 2010, cuando el mandatario ya no tenía ninguna participación en la administración de esas empresas”, ha añadido.
Desde Presidencia han explicado que Piñera “no participa en la administración de ninguna empresa desde hace más de doce años, antes de asumir su primera presidencia”. “Ni el Presidente Piñera ni su familia poseen sociedades de inversión constituidas en el exterior”, ha remachado La Moneda.
El comunicado reconoce que “en el pasado, las empresas domiciliadas en Chile que pertenecen a la familia Piñera fueron accionistas de sociedades constituidas en el exterior”, pero asegura que “la existencia y su participación en esas sociedades fue informada desde el inicio a las autoridades regulatorias competentes, cumpliendo en plenitud con la ley y pagando todos y cada uno de los impuestos que por dichas inversiones resultaban exigibles en Chile”.
Asimismo, recuerdan que en cumplimiento de la Ley sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés, los activos financieros del Presidente Piñera se encuentran administrados en fidecomisos ciegos desde 2018, lo que implica que el mandatario no conoce las inversiones realizadas.
“Adicionalmente, en forma voluntaria, y pese a que la ley no lo requiere, la familia del Presidente también ha constituido fideicomisos ciegos sobre su participación en sociedades anónimas listadas en Chile. Toda afirmación contraria a lo recién mencionado no corresponde a la verdad”, concluye la declaración.
Por su parte, Délano ha respondido al ICIJ que las sociedades de la familia “cumplieron todas las obligaciones de declaración y/o pago de impuestos que eran aplicables a esa operación” y ha destacado que la tercera cuota corresponde sólo al 6,5 por ciento total del precio de venta.
OPOSICIÓN EXIGE UNA EXPLICACIÓN
Por su parte, los partidos de oposición a Piñera han emplazado al mandatario a que de una “explicación contundente” a fin de aclarar en qué consistió la transacción.
“No basta con una declaración de prensa de la Presidencia. Tómese el país en serio y salga a explicar esta situación”, ha aseverado la líder del Partido por la Democracia, Natalia Piergentili, recoge la edición online de ‘El Mercurio’.
Desde el Partido Demócrata Cristiano, Gabriel Silber ha ido más allá y ha afirmado que estos hechos son “altamente graves”. “Esto pone en entredicho la independencia de la autoridad del presidente de la República, y consecuencia desde la oposición vamos a pedir la máxima transparencia”, ha dicho.
Ecuador
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha aclarado que las sociedades que aparecen en los Papeles de Pandora fueron “legalmente disueltas” en el pasado y que las que actualmente existen no tienen “ninguna vinculación” con él, después de que las investigación mostrara que el mandatario tiene activos en paraísos fiscales.
En un comunicado, en el que resalta que colaboró “voluntaria y abiertamente” con el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés y autor de la investigación), Lasso ha reiterado que cumple la ley ecuatoriana que prohíbe a los candidatos a cargos de elección popular y servidores públicos tener propiedades en paraísos fiscales.
“Así lo consigné en la declaración requerida para la inscripción de mi candidatura”, ha incidido, antes de defender que es “de conocimiento público” que su patrimonio, accesible en la declaración de bienes presentada ante la Contraloría General del Estado, es “fruto” de su trabajo “de toda la vida” en el Banco Guayaquil.
“Todos mis ingresos han sido declarados y han pagado lo impuestos correspondientes en Ecuador, habiéndome convertido en uno de los mejores contribuyentes a título personal en el país”, ha sostenido, remarcando que su inversión en el Banco Guayaquil está estructurada a través del Fideicomiso GLM, una entidad “cien por ciento” ecuatoriana y administrada por una compañía de fondos y fideicomisos supervisada por las autoridades competentes”.
“Todas mis inversiones que realicé en Ecuador y en el exterior siempre estuvieron dentro del marco de la ley”, ha remachado el mandatario ecuatoriano.
Una investigación del ICIJ publicada el domingo muestra cómo 35 destacados líderes y antiguos líderes mundiales como Vladimir Putin, Abdalá de Jordania, Andrej Babis o Lasso tienen activos en paraísos fiscales.
Los documentos filtrados podrían impulsar casos por delitos de corrupción, blanqueo de capitales o evasión fiscal, aunque en su mayor parte son prueba de operaciones totalmente legales a las que recurren los ricos y poderosos para crear empresas para comprar propiedades. En el caso de Lasso, cuenta con una fundación en Panamá que hace desembolsos mensuales a su familia.
