El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó este miércoles que las autoridades están trabajando para confirmar si el prófugo ecuatoriano Adolfo Macías Villamar, alias Fito, se encuentra refugiado en Colombia. A su vez, Bogotá y Quito negocian la eventual repatriación de presos colombianos, por lo cual mantuvieron charla los cancilleres Álvaro Leyva y Gabriela Sommerfeld, en Davos este miércoles.
“Si existe, si es una realidad, la orden es capturarlo (a Fito). La inteligencia policial está trabajando (...) para confirmar ese tipo de afirmaciones; todo gran criminal tiene que ser capturado”, expresó el mandatario en declaraciones a la prensa durante el Foro Económico Mundial de Davos, en Suiza.
Macías Villamar, cabeza de la banda delictiva Los Choneros, se escapó de la cárcel regional de Guayaquil el pasado domingo 7 de enero. Este hecho coincidió con el anuncio hecho por el Gobierno de Daniel Noboa de una nueva política de mano dura contra las bandas delictivas que operan en el Ecuador.
Helder Giraldo, el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, expresó sus sospechas sobre la presencia del delincuente en su territorio. “Es posible” que haya cruzado a Colombia, comentó el militar.
Por otro lado, el diario El Tiempo informó que, por sus investigaciones, sabe que “Fito” tiene conexiones con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), presuntamente con grupos residuales de esa guerrilla disuelta en 2016.
Tras la desaparición de “Fito” y de otro jefe narco, Fabricilo Colón Pico, el gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción por 60 días. Este régimen abarca a las 36 cárceles del país e incluye un toque de queda desde las 23 hasta las 5.
La decisión generó incidentes en los centros carcelarios, en los que hubo retención de agentes penitenciarios y personal administrativo, sin embargo la situación fue arreglada el pasado sábado.
Tras los violentos hechos ocurridos el pasado martes 9 de enero, entre estos los asesinatos en las calles de Guayaquil y la toma temporal de TC Televisión, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, declaró conflicto armado interno a nivel nacional mediante un decreto reconoció a 22 bandas delictivas como grupos terroristas.
Muchas de estas agrupaciones tienen nexos con carteles mexicanos del narcotráfico.
A su vez, anunció la construcción de dos cárceles de máxima seguridad para contener a los presos, que en este momento se encuentran hacinados en las prisiones. Por otro lado buscan expulsar a los condenados extranjeros a sus respectivos países, entre los cuales se encuentran unos 1.500 colombianos.
“Estamos en conversaciones, construyendo un sendero que permita, sin caer en peores errores de los que ya se han cometido entre ambos países”, expresó el mandatario colombiano en un comunicado, asegurando que están negociando para repatriar a esos presos colombianos.
Los ministerios de Justicia y de Relaciones Exteriores de Colombia manifestaron hace una semana que el país está en la disposición de activar el trámite de repatriación de ciudadanos colombianos privados de libertad en Ecuador. Esto se realizará mediante el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, suscrito entre ambas naciones el 18 de abril de 1990.
A su vez, advirtieron que la repatriación de connacionales en el exterior obliga a estudiar caso por caso las solicitudes, ya que debe contar con el consentimiento de la persona privada de libertad.
“Ecuador es consciente de que eso no se puede hacer de la noche a la mañana; es un proceso que debe respetar las condiciones jurídicas de cada país para que no se provoque un problema peor al que ya existe”, subrayó Petro.
La cuestión fue abordada también por Leyva, el canciller colombiano, y Sommerfeld, su par ecuatoriana, en Davos.
“Hablaron sobre el papel de los dos países en la integración latinoamericana y de cómo avanzar en acciones que permitan una colaboración judicial que, en el caso de la repatriación de presos, sea respetuosa de los sistemas jurídicos de ambos países y de las condiciones particulares de las personas privadas de la libertad, bajo el entendido de que cada caso debe estudiarse individualmente”, explicó la Cancillería colombiana en un comunicado.
