La reanudación de las protestas en Perú contra el gobierno de Dina Boluarte dejó el lunes último 18 muertos en una sola jornada por los enfrentamientos entre manifestantes y policías al sur del país. Las manifestaciones, que comenzaron a inicios de diciembre pasado contra la destitución de Pedro Castillo como presidente, suman ya 46 muertos, según el recuento de la Defensoría del Pueblo.
Diecisiete personas fallecieron en enfrentamientos con fuerzas de orden en la ciudad de Juliaca, en Puno, según ese órgano constitucional autónoma con sede en Lima. Además, una recién nacida falleció por no poder ser evacuada a un hospital debido a que la ruta estaba bloqueada como parte de las manifestaciones en esta región.
Con este saldo, anteayer fue la jornada más luctuosa desde que empezaron las protestas en diciembre pasado. Hasta ahora, el día más violento había sido el 15 de diciembre, que dejó ocho muertos, según los registros de la Defensoría. Hasta ahora se contabilizaron 46 víctimas en el contexto de las protestas: 39 en la confrontación con las fuerzas del orden y otras siete por accidente de tránsito o en eventos vinculados al bloqueo de carreteras.
Los fallecidos en los enfrentamientos eran jóvenes entre 21 y 35 años de edad, además de un menor de 17 años, según el registro de la Dirección de Salud de Puno. También murieron tres personas de 38, 50 y 55 años. Cuatro víctimas aún no han sido identificadas.
Uno de los muertos era un joven médico, Marco Samillán Sanga, de 29 años, que según la Federación Peruana de Estudiantes de Medicina Humana, falleció por fuego de perdigones cuando atendía a los heridos del enfrentamiento.
Al final de la tarde del lunes, la Defensoría del Pueblo reportó movilizaciones, paralizaciones y bloqueos de rutas en 25 provincias.
El gobierno responsabilizó a los manifestantes de la violencia en Puno. El primer ministro, Alberto Otárola, afirmó en un mensaje televisado que “más de nueve mil personas se aproximaron al aeropuerto y dos mil de esas personas iniciaron un ataque sin cuartel contra la policía (...) generando una situación extrema que produjo muertes que lamentamos”.
El funcionario advirtió que las autoridades no permitirán que los manifestantes sureños se movilizaran hacia Lima y calificó las protestas como “una resaca del golpe de Estado” en referencia al intento de Castillo de cerrar el Congreso en diciembre, por lo que fue destituido.
Impulso renovado
Las protestas -que exigen un adelanto de elecciones generales, la renuncia de Boluarte y el cierre del Congreso- tomaron un nuevo impulso tras retomarse el miércoles pasado, después de una tregua parcial por las fiestas de fin de año.
Cabe recordar que Boluarte asumió el gobierno luego de que Castillo, que era presidente desde 2021, fuera destituido por el Congreso tras intentar disolver el Legislativo con un mensaje televisivo el 7 de diciembre. La actual mandataria era vicepresidenta y fue elegida en la misma lista con su antecesor. El Parlamento le tomó juramento el mismo día de la destitución del exmandatario por ser sucesora constitucional.
Castillo fue detenido cuando iba en un automóvil con su comitiva en una avenida del centro de Lima. Según la Fiscalía, se dirigía a la embajada de México para buscar asilo político.
Evo, contra la violencia
El expresidente boliviano Evo Morales hizo un llamado a la ONU, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a organizaciones defensoras de los derechos humanos del mundo a que hagan algo para detener la “masacre” de los manifestantes en Perú en el marco de las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte.
“En nombre del sagrado derecho a la vida, de los derechos de los pueblos indígenas reconocidos por la ONU y organismos internacionales, en nombre de la paz y la justicia social, exigimos que paren la masacre de nuestros hermanos en Perú. La violencia destruye la convivencia”, tuiteó el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), en referencia a la represión policial en el sur de Perú, fronterizo con Bolivia, que dejó el lunes 18 muertos.
“Hacemos un llamado a la ONU, a la CIDH, a organizaciones defensoras de Derechos Humanos y movimientos sociales e indígenas del mundo a que unan sus voces para pedir el respeto a la vida de nuestros hermanos peruanos, víctimas indefensas de la represión y la exclusión política”, agregó el exmandatario (2006-2019).
La Superintendencia Nacional de Migraciones del Perú le prohibió el ingreso a territorio nacional a Morales por presuntamente realizar actividades políticas que amenazan el orden interno.
