La destitución de Pedro Castillo Terrones como presidente de Perú y su reemplazo por Dina Ercilia Boluarte Zegarra confirman el rastro alegórico de que el país incaico de América del Sur es un volcán político en constante actividad.
El enroque forzado por la tormenta social ocurrió el miércoles último durante la sofocante siesta limeña.
Se produjo poco después de que el exmandatario –quien en 2021 dio un doble batacazo electoral al triunfar en la primera y en la segunda vueltas de los comicios generales– anunció por televisión su decisión de cerrar el Congreso, institución con la que el maestro rural y exdirigente sindical mantenía una disputa encarnizada por el poder desde que asumió la jefatura del Estado, el 28 de julio del año pasado.
El tremendo error de cálculo fue leído de inmediato como un golpe de Estado por muchos ojos propios y por casi todos los de los extraños.
Por caso, los miembros del Tribunal Constitucional y los vocales de la Corte Suprema de Justicia coincidieron con que se trataba de un agravio institucional que conduciría la crisis política hacia un callejón sin salida. Al mismo tiempo, las Fuerzas Armadas y policiales avisaron que no respaldarían a quien había logrado por primera vez en su historia que el izquierdista Perú Libre entrara por la puerta principal a la Casa de Pizarro con el fin de alojarse durante cinco años, la misma cancela por la que anteayer salió en una camioneta blindada rumbo a la oquedad.
Servida en bandeja
El fallido presidencial dio a la oposición el envión suficiente para alcanzar los votos necesarios en la sesión convocada el 7 de diciembre para tratar en el plenario un solo asunto: una nueva moción de vacancia contra Castillo (la tercera en nueve meses) “por permanente incapacidad moral”. Ciento un curules levantaron la mano por la afirmativa, seis se expresaron en contra y otros 10 se abstuvieron de votar.
La exoneración compulsiva se completó con la detención del expresidente caído en desgracia, quien por estas horas se encuentra alojado en la cárcel de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate. La misma penitenciaría donde purga una condena de 25 años de prisión otro exmandatario peruano derribado: Alberto Fujimori.
El relevo precipitado de Pedro Castillo y su reemplazo por la número dos en la línea de sucesión, Dina Boluarte, mantienen la regularidad del pulso sísmico en las placas tectónicas del poder político de Perú.
Siete en casi siete
Siete personas ocuparon la presidencia del país andino en los últimos seis años y medio.
De ellas, Ollanta Humala –julio de 2011 a julio de 2016– fue quien ejerció el mandato más largo. Este exmilitar, promotor del “levantamiento de Locumba” (sublevación militar ocurrida el 29 de octubre de 2000, en el departamento de Tacna, con la intención de exigir la renuncia del entonces presidente, Alberto Fujimori), enfrenta hoy un juicio por supuesta corrupción.
A Humala le sucedió Pedro Pablo Kuczynski, quien presentó su dimisión en marzo de 2018, cuando el Congreso se preparaba para votar por segunda vez una moción de censura en su contra, también por presuntos delitos de corrupción.
La caída de Kuczynski provocó el ascenso de Martín Vizcarra, quien pagó con su cargo el enfrentamiento sin tregua con el Congreso. Fue destituido en noviembre de 2020, después de que los legisladores intentaron en varias ocasiones derribarlo del poder tirándole a la frente con munición gruesa.
La vacante presidencial fue cubierta por Manuel Merino. Este empresario agricultor pasó así de liderar el Congreso a manejar las riendas del país.
No obstante, la alegría por el sueño cumplido apenas le duró cinco días, ya que se vio forzado a renunciar por una pueblada que se saldó con dos muertos y un montón de heridos en las refriegas callejeras.
La crisis se resolvió con el nombramiento al frente del Ejecutivo del diputado Francisco Sagasti. Este ingeniero industrial y escritor limeño agarró la brasa caliente el 17 de noviembre de 2020 con el compromiso de convocar a elecciones generales de manera inmediata. Cumplió la promesa y el 28 de julio de 2021 entregó los atributos del mando a Pedro Castillo.
Horizonte oscuro
Tras la destitución del primer mandatario de origen rural en 200 años de república, Dina Boluarte marcó un hito anteayer al convertirse en la primera presidenta en la historia de Perú.
En su discurso de asunción, la abogada, de 60 años, pidió una tregua política para instalar en el país un gobierno de unidad nacional, con un “gabinete de todas las sangres” y pelajes.
Sin bancada propia en el Congreso que le colocó el sayo, esta hija pródiga de Chalhuanca –pueblo de la región andina de Apurímac–, la menor de una familia numerosa que vivió en la precariedad, enfrenta una situación de fragilidad muy parecida a la que vivió entre 2018 y 2020 el entonces presidente Martín Vizcarra, quien terminó entregando el cargo sin chistar.
Humala apuesta doble contra sencillo a que Boluarte llamará a elecciones anticipadas más temprano que tarde.
“Lo de hoy es sólo una tregua que durará un mes o quizá un poco más, pero ella no tiene las herramientas ni la experiencia para gobernar”, justifica su vaticinio el expresidente.
Otros analistas políticos coinciden con que la excompañera de fórmula de Castillo tiene a favor el desprestigio colosal del Parlamento, que le encomendó el difícil desafío de completar el mandato de su excamarada.
El Poder Legislativo tiene una desaprobación del 86 por ciento, según los sondeos de opinión pública de las encuestadoras más fiables del país.
Todo está por verse.
