Siete organizaciones que defienden las libertades de prensa y expresión, entre ellas la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), condenaron y denunciaron la violencia contra el periodismo y llamaron a los estados a combatirla.
En un comunicado conjunto, Article 19 México y Centroamérica, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), IFEX-ALC, Reporteros Sin Fronteras (RSF), Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y Voces del Sur (VdS) manifestaron que “El año 2022 es el más violento en las últimas dos décadas para la prensa en Latinoamérica y el Caribe”.
Especificaron que en los últimos 11 meses, “se registraron por lo menos 37 homicidios de periodistas perpetrados en vínculo con la labor”. También hubo, señala el texto, “decenas de exilios, encarcelamientos, medios que fueron forzados a cerrar, y hasta este año cientos de periodistas siguen desaparecidos”.
Cuatro tendencias preocupantes
Las organizaciones firmantes detectaron cuatro tendencias preocupantes en las condiciones para ejercer el periodismo en América latina.
La primera es el resurgimiento de regímenes políticos caudillistas, con “líderes que aplican una estrategia de convertir al mensajero en el mensaje”. Estos personas impone un discurso contra la prensa en sus discursos oficiales que “debilita el debate público, inhibe el flujo y la pluralidad de ideas, al mismo tiempo que contribuye a un ambiente permisivo para el uso de la violencia contra periodistas”
En este sentido señalan como crítica la situación en “El Salvador, Venezuela, Nicaragua, Cuba y Guatemala, donde varios periodistas enfrentan acusaciones amañadas y sin garantías de debido proceso, en muchos casos por poderes judiciales utilizados como brazos políticos del poder ejecutivo”.
La segunda tendencia es la desinformación en línea. “Estrategias de desinformación que buscan desprestigiar, deslegitimar y hacer perder la confianza en el periodismo, principalmente las que provienen de autoridades que usan las redes sociales e incluso aplicaciones de mensajería instantánea. Ejércitos de troles son utilizados por gobiernos para realizar campañas de persecución y descréditos contra medios y periodistas”.
La tercera son los problemas de funcionamientos en los mecanismos de protección. Afirman que “Los estados deben dotar de recursos materiales y profesionales para que puedan funcionar con eficiencia y estos deben ser acompañados de políticas públicas integrales que contemplen la prevención y la coordinación con otras instancias”. Además advierten que “debe enfrentarse la impunidad y fortalecer las instituciones de procuración de justicia para avanzar en investigaciones robustas e independientes que enfrenten efectivamente el fenómeno de los crímenes contra la libertad de expresión”.
Y la cuarta tiene que ver con la vigilancia y el espionaje practicados por las fuerzas de seguridad de los estados “en contra de los y las periodistas de manera ilegal”. Denuncia que “el uso de tecnologías invasivas para violar su privacidad y para acceder a sus comunicaciones privadas y a la información que está almacenada en sus dispositivos personales y laborales pone en riesgo a las fuentes periodísticas, amenaza al periodismo investigativo como contrapeso al poder y ubica a las y los periodistas en una condición de vulnerabilidad en donde pueden ser víctimas de otros abusos”.
Ataques contra la democracia
Como conclusión, las organizaciones declaran “un ataque contra la prensa es un ataque contra la democracia, particularmente en un contexto donde ejercer la labor de informar se encuentra en constante asedio”.
Por ese motivo hacen “un llamado a los estados, a fin de que adopten estas y otras acciones para que las lamentables cifras de agresiones registradas contra el periodismo en América Latina no se repitan y no aumenten, año tras año, y por el contrario se garanticen las condiciones para un ejercicio libre y seguro del periodismo”.
