España, Costa Rica, Belice, Guatemala, Panamá y República Dominicana reclamaron al Gobierno de Nicaragua la “liberación inmediata” de los precandidatos opositores a la presidencia detenidos en los últimos días, así como garantías para la celebración de “elecciones justas”.
Los comicios generales en el país centroamericano están convocados para el primer domingo de noviembre próximo.
Así lo expresaron los ministros de Exteriores de estos seis países en una declaración conjunta en la que manifiestan su “profunda preocupación por las recientes acciones desplegadas” por el Gobierno de Daniel Ortega contra líderes de la oposición, “las cuales atentan contra el libre ejercicio democrático”. “Instamos a su inmediata liberación, y a la restitución de sus derechos políticos”, señalaron la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya, y sus homólogos de los países centroamericanos.
Los cancilleres recuerdan al Gobierno de Nicaragua su obligación de respetar todas sus obligaciones internacionales, en particular en materia de derechos humanos”. Además, advierten que “es imprescindible evitar acciones que impongan restricciones a la libre participación de todos los actores políticos de la sociedad en los procesos de elección”, a la vez que subrayan que “se debe asegurar el pluralismo político y la libertad de expresión”.
Elecciones justas
“El pueblo de Nicaragua merece la garantía de unas elecciones justas, libres, independientes, transparentes, creíbles, inclusivas, y con observación internacional”, recalcan los seis cancilleres en un comunicado conjunto. González Laya se encuentra en Costa Rica acompañando al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su visita a ese país, donde ha mantenido una cumbre con los países que componen el Sistema de Integración de Centroamérica (Sica). Se trata de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá, Belice y República Dominicana. Nicaragua también es miembro de ese espacio pero no estuvo presente.
Igualmente, los obispos nicaragüenses abogaron por “un sistema democrático” en el que haya elecciones “libres” y “creíbles”.
La Conferencia Episcopal de Nicaragua urgió a evitar que “se institucionalicen la restricción arbitraria e ilegal a las libertades ciudadanas y la persecución a opositores y medios de comunicación” en el país, tras la reciente oleada de detenciones a opositores del gobierno de Daniel Ortega.
División de poderes
A través de un comunicado emitido ayer, los prelados nicaragüenses recordaron que “es de gran importancia la validez del principio de la división de poderes en el Estado”. Asimismo, insistieron en que quieren para Nicaragua “un sistema democrático, donde la autoridad política es responsable ante el pueblo y los organismos representativos deben estar sometidos a un efectivo control por parte del cuerpo social”.
Este control por parte de la sociedad “es posible ante todo mediante elecciones libres, creíbles, observadas nacional e internacionalmente que permiten a su vez, la elección y también la sustitución de los representantes”, razonó la jerarquía eclesiástica nicaragüense.
Los obispos precisaron, además, que “la obligación” por parte de los cargos electos de rendir cuentas, “garantizado por el respeto de los plazos electorales”, es un “elemento constitutivo” de la representación democrática.
En ese sentido criticaron también “la persistente situación de injusticia” y la promulgación de “leyes en detrimento de los derechos humanos, asedio y hostigamientos políticos”.
“Todos debemos exigir con los medios disponibles el respeto al voto del pueblo para que, como resultado de elecciones libres y transparentes, surja un gobierno elegido por el pueblo soberano”, pidió la Conferencia Episcopal, que apeló a la “conciencia” para elegir representantes que “respeten la dignidad de la persona, los derechos humanos y la libertad”, principios que para la Iglesia Católica son “imprescindibles, impostergables e indiscutibles”.
Lo que rebasó la cota
En las últimas dos semanas, las autoridades nicaragüenses detuvieron a cuatro precandidatos opositores. La primera en ser arrestada, acusada de un supuesto delito de blanqueo de capitales, fue Cristiana Chamorro, seguida de Arturo Cruz, por “atentado contra la sociedad y los derechos del pueblo”, así como Félix Madariaga y Juan Sebastián Chamorro, ante la preocupación de la comunidad internacional, a tan sólo unos meses de las elecciones previstas para el primer domingo de noviembre.
En esos comicios generales se elegirán presidente, 90 diputados de la Asamblea Nacional de Nicaragua y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.
A mediados de abril de 2018, tras las manifestaciones callejeras en reclamo de reformas profundas al sistema social, se desató una crisis política en Nicaragua que se agudiza a medida que avanza el proceso electoral que concluirá a fin de este año, siempre y cuando se cumpla el cronograma electoral previsto.
El gobierno de Daniel Ortega respondió a las protestas con represión.
Los enfrentamientos callejeros provocaron la muerte de centenares de manifestantes y efectivos de seguridad.
La violencia institucional mereció la condena del clto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) y del Grupo Internacional de Expertos Independientes, entre otros organismos y organizaciones.
Así las cosas, el proceso electoral avanza en medio de un clima de tensión creciente que profundiza la división social y política del país centroamericano, de unos 6,6 millones de habitantes.
