Este domingo, México se enfrenta a una elección histórica y sin precedentes: por primera vez, los ciudadanos votarán de manera directa para elegir a jueces en todos los niveles del sistema judicial azteca, desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación hasta tribunales de primera instancia. Con este paso, el país norteamericano se convierte en el primero del mundo en someter a sufragio universal a gran parte del Poder Judicial.
Se elegirán alrededor de la mitad de los jueces del país –más de 850 federales y miles en niveles locales–, incluidos los nueve ministros de la Corte Suprema. La otra mitad será elegida en una segunda jornada electoral en 2027. Bajo el nuevo modelo, todos los jueces cumplirán mandatos de nueve años, con posibilidad de reelección mediante voto popular. El sistema de carrera judicial basado en el mérito queda abolido.
La reforma fue impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y adoptada por su sucesora, Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo en octubre último. Para la jefa del Ejecutivo, esta medida es una conquista democrática. “México será el país más democrático del mundo”, declaró, enfatizando que, ahora, el pueblo elegirá a los tres poderes del Estado.
Sin embargo, no todos comparten ese entusiasmo. Para algunos expertos, activistas y juristas, esta reforma representa un paso hacia la politización del Poder Judicial y una amenaza directa a su independencia.
Bajo presión
Durante su sexenio (2018–2024), López Obrador mantuvo un discurso constante contra el Poder Judicial. Acusó a jueces de proteger intereses de las élites y de obstaculizar su agenda. Más allá del discurso, lo que realmente incomodaba al presidente era la facultad constitucional de los tribunales para revisar y frenar decisiones del Ejecutivo.
Sheinbaum heredó esa postura crítica. Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte y uno de los arquitectos de esta reforma, incluso acusó a la ministra saliente, Norma Piña, de ser “una fuerza de oposición aliada con la oligarquía”.
Con una mayoría agravada en el Congreso, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) aprobó las reformas constitucionales en septiembre de 2024, sin necesidad de negociar con la oposición.
La respuesta no se hizo esperar. Trabajadores del Poder Judicial, abogados y estudiantes de derecho salieron a las calles en huelga. “La justicia no es un concurso de popularidad”, se leía en muchas pancartas.
Riesgos potenciales
Los críticos alertan sobre varios peligros. Uno de los más evidentes es la posibilidad de que sean electos jueces sin la experiencia técnica necesaria o, peor aún, con vínculos con el crimen organizado. Ya hay candidatos investigados por delitos, e incluso algunos que han defendido a cárteles de la droga.
El expresidente Ernesto Zedillo fue tajante: “La democracia misma ha llegado a su fin en México”, declaró desde su posición como académico en Yale.
Organismos internacionales también alzaron su voz. Para Naciones Unidas, las elecciones judiciales introducen una lógica partidista incompatible con la imparcialidad. El artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que toda persona tiene derecho a ser juzgada por tribunales independientes. La elección por voto popular pone en riesgo esa independencia, según algunos expertos.
Por caso, teóricos del derecho como Ronald Dworkin y Luigi Ferrajoli insisten en que los jueces deben decidir basados en principios, no en cálculos políticos. En países donde se eligen jueces, como Estados Unidos, los efectos no han sido positivos. Casos como el del multimillonario Elon Musk, quien este año invirtió 21 millones de dólares en una campaña judicial en Wisconsin, ejemplifican cómo el poder económico puede influir en el sistema.
Bolivia sirve de advertencia. Desde 2011, el país andino elige jueces mediante voto popular. La experiencia ha sido decepcionante: participación electoral baja, votantes mal informados y candidatos seleccionados por el Congreso dominado por el partido oficialista.
Juristas coinciden en que el sistema judicial mejicano, como el de buena parte del mundo, está plagado de problemas. La corrupción, la impunidad y la ineficacia son reales. Pero plantean que la raíz del problema no está en los jueces, sino en fiscales y cuerpos policiales. Según Human Rights Watch, casi la mitad de los ciudadanos desconfía del sistema judicial y nueve de cada diez delitos ni siquiera se denuncian.
Dilema
En lugar de fortalecer instituciones, esta reforma podría convertir a los tribunales en otro brazo del poder político. El académico argentino Roberto Gargarella fue contundente: “Elegir jueces de esta manera es una de las mayores tragedias institucionales de nuestro tiempo”.
Por su parte, Luis Gómez Romero, profesor titular de Derechos Humanos, Derecho Constitucional y Teoría del Derecho en la Universidad Pública de Wollongong, Australia, advierte que en un contexto global donde los populismos avanzan y los tribunales son atacados como “enemigos del pueblo”, lo que está en juego en México no es solo una elección judicial, sino el equilibrio democrático del país.
“Si los jueces dejan de ser independientes, si el sistema judicial se convierte en una arena más de disputa política, la democracia mejicana perderá una de sus últimas defensas”, agrega el catedrático. “Porque, como advierte la historia, el autoritarismo se consolida cuando se apagan las luces del último tribunal imparcial”, completa el razonamiento.
