Este viernes, Venezuela vivirá una ceremonia de asunción presidencial atípica. En el mismo recinto donde el 2 de febrero de 1999 Hugo Chávez llamó la atención internacional con sus promesas de un socialismo inclusivo, Nicolás Maduro tomará posesión para un tercer mandato presidencial. Sin embargo, más allá de las previsibles manifestaciones de sus seguidores, la duda que persiste sobre la validez de los resultados de las elecciones celebradas el 28 de julio del año pasado ha sumido al país sudamericano, de unos 27 millones de habitantes, en una fétida ciénaga política que amenaza con agravar aún más la crisis institucional que soporta desde hace tiempo.
La falta de transparencia sobre los resultados de aquellos comicios es uno de los mayores escollos que enfrenta el gobierno de Maduro. La declaración apresurada de su victoria, realizada por el Consejo Nacional Electoral, dominado por leales al oficialismo, fue seguida por una serie de denuncias de fraude que no fueron aún aclaradas. En un hecho sin precedentes, las autoridades no hicieron públicos los resultados detallados del escrutinio, alegando un supuesto hackeo que impidió su difusión. Mientras tanto, la oposición, que postuló al exembajador de Venezuela en Argentina, Edmundo González Urrutia, aseguró haber ganado la puja presidencial por una diferencia abismal. Respaldó su certeza en la publicación de un porcentaje –cifrado en el 80%– de las actas del recuento, validadas por los fiscales de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD). Anteayer, esos documentos fueron entregados en custodia por González Urrutia al Gobierno panameño que los conservará en la bóveda del Banco Nacional de Panamá.
González Urrutia, hoy exiliado en España tras una orden de arresto en su contra y el ofrecimiento de una recompensa de 100 mil dólares para quien aporte información precisa que permita su detención, aseguró que hoy regresará a su país para estar presente en el acto de toma de posesión, aunque sus planes hasta anoche seguían siendo enigmáticos.
Los unos y los otros en las calles
Ayer, un día antes de la investidura presidencial, opositores y partidarios del chavismo midieron fuerzas en las calles de Caracas en condiciones dispares.
Con incentivos del Gobierno, miles de adeptos se concentraron en el Gran Muro de Petare y en otros puntos emblemáticos de la capital venezolana desde donde marcharon por la avenida Francisco de Miranda y por otras calles céntricas para confluir frente al Palacio Federal de la República (en diagonal a la plaza Simón Bolívar) donde hoy la Asamblea Nacional tomará juramento a Maduro; lo validará, de esa manera, para que extienda su mandato hasta 2031.
En ese escenario incandescente, a mediados de esta semana, González Urrutia denunció el secuestro de su yerno, en tanto que Machado aseguró que funcionarios del Gobierno de Venezuela rodearon la casa de su madre en Caracas, instalaron retenes policiales en el sector donde vive y cortaron el suministro eléctrico en el área.
La líder de la oposición y mentora de la candidatura de González Urrutia abandonó ayer la clandestinidad luego de 133 días y se sumó a las protestas callejeras en la capital a las que llamó para exigir la salida de Maduro “porque no se puede permitir la perpetuación de un régimen que les roba la esperanza” a millones de venezolanos, planteó con vehemencia.
Sí hubo manifestaciones nutridas en apoyo a González Urrutia en las principales capitales europeas, como también en Miami, Nueva York y en ciudades de Argentina, Colombia, Uruguay, Chile, México y Centroamérica.
Según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela buscando una vida mejor. Alrededor de 6,5 millones de ellas han sido acogidas por países de Latinoamérica.
Promesa en descomposición
“Socialismo del siglo 21”, el lema que alguna vez justificó las políticas de Hugo Chávez y que Maduro prometió continuar, ha quedado diluido en un sistema que depende cada vez más del petróleo, cuyas exportaciones siguen siendo limitadas por la baja producción y las sanciones internacionales. Al mismo tiempo, la crisis de gobernabilidad y el desamparo social siguen siendo ostensibles mientras la respuesta del Gobierno ante cualquier protesta es la misma de siempre: represión.
Hoy, en la ceremonia que marcará el inicio del tercer mandato consecutivo de Maduro, la presencia internacional será casi nula. A pesar de las expectativas de una masiva demostración de apoyo interno, los líderes regionales que anteriormente mantuvieron alguna relación con el Gobierno venezolano, como los presidentes de Colombia, Brasil y México, dejaron en claro que no participarán del acto. En su lugar, enviarán representantes de menor rango, un claro reflejo del aislamiento diplomático al que el mandatario venezolano se ha visto sometido tras las elecciones.
No obstante, el rito de juramentación intentará ser, como siempre, una demostración de poder de un gobierno que sigue luchando por mantenerse a flote en medio de una crisis social y económica sin final a la vista.
De lo que no hay dudas es que Maduro tiene todo listo para consolidar un mandato que, a pesar de las promesas de transformación social, se ha caracterizado por una creciente concentración de poder, una economía dolarizada y una polarización política cada vez más pronunciada. Mientras la escasez de alimentos y bienes en general y la inflación que marcaron los tramos más oscuros de sus casi 12 años de gobierno parecen haber quedado atrás, las desigualdades sociales siguen siendo una de las principales características de un país donde los opulentos, cercanos al poder, hacen ostentación de sus riquezas mientras la mayoría sobrevive con salarios raquíticos de un puñado de dólares.
Así las cosas, todo parece indicar que los próximos seis años en la patria de Simón Bolívar, cada vez más dividida entre los que aún esperan un cambio y quienes se cansaron de esperar, seguirán marcados por la incertidumbre, la desigualdad y la confrontación.
