Lo que comenzó con un atentado, luego desencadenó otros en 1989. La oficina federal de investigaciones (FBI) de Estados Unidos abrió una causa por una serie de ataques consumados y otros que fueron desactivados a tiempo.
Cuando el juez federal de apelaciones Robert Vance abrió la pequeña encomienda de color marrón en la cocina de su casa -en el estado de Alabama, el 16 de diciembre de 1989- explotó, matándolo instantáneamente e hiriendo gravemente a su esposa.
Dos días después, volvió a ocurrir prácticamente lo mismo. Esta vez, la víctima fue Robert Robertson, abogado de la ciudad de Atlanta. Pero los ataques no terminaron, según recordó el FBI.
Dos bombas más aparecieron misteriosamente. La tercera, enviada al Juzgado Federal de Atlanta, fue interceptada. Y la cuarta fue recuperada después de ser remitida por correo a la oficina de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, por sus siglas en inglés), en la ciudad de Jacksonville.
A través de un trabajo detallado, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) desactivó una bomba, y la Policía de Florida, la otra.
Preguntas y pistas
Los asesinatos y los ataques en serie sorprendieron al país. “¿Quién sería lo suficientemente rencoroso como para enviar bombas por correo durante las vacaciones?”, se preguntó el buró.
El FBI comenzó con lo obvio: el juez y el abogado asesinados eran conocidos por su trabajo en derechos civiles. Pero eso resultó ser una pista falsa.
Mientras tanto, con la amplia ayuda de los inspectores postales de EE.UU., el FBI reunió los restos de las bombas y las encomiendas para su análisis. Los investigadores siguieron el camino que habían recorrido los paquetes a través del sistema postal y elaboraron una larga lista de sospechosos.
Un recuerdo y un nombre
El dato clave fue cuando un experto que había ayudado a desactivar una de las bombas se puso en contacto con un especialista de la ATF. Recordó que se parecía a uno que había visto 17 años antes, y evocó el nombre de la persona que lo había construido: Walter Leroy Moody.
Con esta pista, los agentes federal comenzaron una extensa investigación de diversos elementos (compras, contactos y llamadas telefónicas, etc.). Finalmente vincularon entre sí las bombas que explotaron y las que no, y ataron cabos con Moody.
La Justicia autorizó la vigilancia de Moody en su casa y en la cárcel. Se siguieron otras pistas, se eliminó a los sospechosos y se realizó un análisis preciso de cada prueba.
En 1990, el motivo de Moody quedó claro: a principios de la década de 1970, había sido por la tenencia de una bomba que había herido a su esposa. Su condena y las apelaciones fallidas lo llevaron a albergar un resentimiento persistente hacia el sistema judicial.
Su contacto con el juez Vance en un caso de los ‘80 provocó un resentimiento aún más recalcitrante y una animosidad personal que lo llevó a la venganza y el atentado. Pero el FBI determinó que las otras bombas ocultaban otra razón: el racismo.
En 1991, con base en el extenso trabajo de investigación del FBI, la ATF, el Servicio de Impuestos Internos (IRS), los Alguaciles de los EE.UU. y la Policía de Georgia, la Justicia probó más de 70 cargos contra Moody y lo condenó a cadena perpetua. Fue ejecutado varios años después, en 2018.
Terminó siendo uno de los casos más grandes en la historia del FBI.
