Un periodista y un camarógrafo del canal América TV fueron secuestrados y extorsionados este miércoles en Perú por “ronderos”, un grupo rural de autodefensa cercano al gobierno de Pedro Castillo, quienes exigieron que los comunicadores lean una proclama en vivo como condición para ser liberados.
Eduardo Quispe, Elmer Valdiviezo y el conductor de un vehículo viajaron hacia la localidad de Chadín, en el departamento Cajamarca, para recolectar información relacionada con Yenifer Paredes, la cuñada del presidente peruano.
Los ronderos interceptaron a los comunicadores mientras le tomaban declaración a una persona del lugar y los retuvieron. Quispe tuvo que salir en vivo y leer una proclama del grupo, donde aseguran que las imputaciones contra los funcionarios del gobierno “son falsas” y además lo obligan a pedir disculpas.
Finalmente, los periodistas fueron liberados, aunque sus celulares y la cámara quedaron retenidos por el grupo armado.
SIP
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su enérgica condena a la situación y pidió que las autoridades peruanas identifiquen a los culpables y los lleven ante la Justicia, con el objetivo de evitar la impunidad y que estas actitudes se repitan.
Carlos Jornet y Jorge Canahuati -presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información y presidente de la SIP, respectivamente- expresaron su repudio por lo ocurrido. “La naturaleza de esta acción de los ronderos no solo es un atentado contra los periodistas y el medio de comunicación, sino una agresión contra todas las instituciones públicas del país”, declararon.
Jornet, que además es director periodístico de La Voz del Interior, pidió a las autoridades peruanas “investigar, señalar y juzgar a los autores del secuestro y la extorsión, para evitar que se repitan estos hechos que atentan contra la libertad de prensa y la seguridad física de los periodistas”.
Las declaraciones de Chapultepec y Salta de la SIP establecen que “el secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación adecuada”.
