La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) concluyó su misión en Perú y alerta sobre un serio deterioro de las libertades de prensa y de expresión en el país, en un contexto de crisis política e institucional que amenaza con agravarse de cara a las elecciones generales que se realizarían en abril de 2026.
La delegación de la SIP constató que la creciente hostilidad hacia los medios independientes, la persecución judicial a periodistas críticos y el uso sistemático de desinformación y ataques en redes sociales generan un clima adverso para el ejercicio de la profesión y afectan directamente el derecho de la ciudadanía a ser informada.
La delegación fue encabezada por el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, CEO y director general de La Prensa Gráfica (El Salvador), junto con el expresidente de la SIP Roberto Rock, director de La Silla Rota (México); el vicepresidente segundo de la SIP y presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, director de La Voz del Interior, y el director ejecutivo de la organización, Carlos Lauría.
Durante tres días de reuniones en Lima, la misión de la SIP sostuvo encuentros con la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi; la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza; el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, y el presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén. La SIP intentó concertar una reunión con la presidenta Dina Boluarte, pero sus asesores de prensa no respondieron a las reiteradas solicitudes.
Además, la delegación recibió a periodistas, directivos de medios, abogados de reporteros agredidos, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la academia. En un gesto valorado como trascendente en el momento que se vive, la presidenta del Poder Judicial suscribió las declaraciones de Chapultepec y Salta II, de defensa de las libertades de expresión y de prensa en entornos tradicionales y digitales, respectivamente.
Principales preocupaciones detectadas por la misión
- Aumento de la persecución judicial contra periodistas: La criminalización del periodismo se ha intensificado a través de demandas por difamación y cartas notariales, mecanismos habitualmente utilizados para silenciar investigaciones sobre corrupción y abuso de poder. Las querellas de dirigentes políticos y otras figuras públicas contra periodistas por presuntos delitos contra el honor se siguen planteando en sede penal y no en el fuero civil, como lo requieren los estándares internacionales. En otros casos, se utilizan acusaciones sin sustento sobre lavado de activos. Se ha denunciado el registro de comunicaciones de periodistas sin notificación fehaciente, así como intentos de vulnerar el secreto de las fuentes informativas.
- Hostilidad y estigmatización desde el Ejecutivo: La presidenta Dina Boluarte, ministros del Poder Ejecutivo, alcaldes y otras figuras políticas han adoptado un discurso confrontativo y beligerante contra medios y periodistas, con el cual intentan desacreditar su labor y lanzan acusaciones infundadas de intentos de desestabilización. Particularmente intensos, y en algunos casos coincidentes con campañas callejeras y en redes sociales, son las estigmatizaciones que lanza contra sus críticos el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
- Incremento de amenazas desde sectores ligados al crimen organizado: El narcotráfico, la minería ilegal, la tala ilegal y otras actividades criminales –que mueven cifras multimillonarias– ejercen presiones permanentes sobre periodistas y medios de comunicación en vastas regiones del Perú; en especial, en la Amazonía, lindante con Ecuador, Colombia y Brasil, donde se corre el riesgo de que desaparezcan fuentes periodísticas locales y se amplíen los desiertos informativos. En enero pasado se registró el asesinato del periodista Gastón Medina, en la región de Ica, sin que se hayan producido hasta ahora avances significativos en la investigación. En las reuniones mantenidas, se advirtió sobre la pasividad y hasta complicidad de fuerzas policiales y dirigentes regionales con quienes intentan silenciar las investigaciones periodísticas al respecto. Se señaló también que la criminalidad organizada financia campañas políticas para ganar presencia en el Congreso de la República y otros estamentos de poder. En ese marco, las expresiones hostiles que se profieren contra la prensa desde el Ejecutivo y el Parlamento pueden alentar nuevas amenazas y ataques.
- Restricciones al acceso a la información pública: La creciente opacidad del Estado obstaculiza el periodismo de investigación y limita el derecho ciudadano a conocer información de interés público. Son frecuentes las restricciones al trabajo periodístico en ceremonias oficiales y espacios públicos.
- Sesgo de medios estatales: Varios de los entrevistados expresaron preocupación por la pérdida de pluralismo de los medios que integra el Instituto Nacional de Radio y Televisión, los de mayor alcance geográfico en el Perú.
- Uso de desinformación y ataques digitales: La proliferación de campañas de desprestigio en redes sociales, así como el uso de troles y ciberataques coordinados, buscan desacreditar a medios independientes y periodistas críticos, con la publicación de información privada y acoso a mujeres periodistas. La pasividad policial y la inacción de ciertas fiscalías permite que desde hace años actúen grupos de choque financiados por sectores políticos, que realizan escraches, amenazas y ataques a periodistas y medios.
- Ataques de medios revestidos de perfil periodístico: Se enfocan en propagar narrativas de desinformación y emprenden ataques personales y campañas de descrédito a periodistas de investigación y medios de comunicación. Provocan así una distorsión del discurso público y en muchos casos las falsas informaciones son utilizadas para alentar causas judiciales sin fundamento real.
- Proyectos legislativos que amenazan la libertad de prensa: En el Congreso se impulsan a repetición iniciativas que buscan restringir el ejercicio periodístico en lugar de fortalecer las garantías democráticas. Como ejemplo, periodistas y organizaciones citan una ley aprobada este jueves, que limita las libertades de asociación, pensamiento y participación política de las organizaciones civiles. Bajo el pretexto de fiscalizar fondos extranjeros, la norma impone restricciones que podrían afectar a entidades independientes y medios que dependen de financiamiento externo para investigaciones periodísticas.
Durante su visita, la SIP profundizó, además, sobre la situación de reconocidos periodistas peruanos que enfrentan procesos judiciales y ataques sistemáticos debido a su labor investigativa. Entre ellos, Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, ha sido objeto de hostigamiento por parte de un grupo extremista conocido como “La Resistencia”, además de acoso judicial y campañas de desprestigio debido a sus investigaciones sobre corrupción. Rosa María Palacios, columnista del diario La República, enfrenta una constante campaña de acoso por parte de este mismo grupo y restricciones en el ejercicio de su labor informativa. Paola Ugaz, periodista de investigación y corresponsal del diario ABC de España, ha sido blanco de procesos judiciales, incluyendo acusaciones infundadas sobre lavado de activos, le han violado el secreto de las comunicaciones y ha sido víctima de campañas de difamación diseñadas para desacreditarla.
La última edición del Índice Chapultepec, elaborado por la SIP, confirmó un grave retroceso en las libertades de expresión y de prensa en el Perú. El país descendió del puesto 12 al 16 en el ranking de 22 países, ingresando en la categoría de “alta restricción” de las libertades de prensa y expresión.
El presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, advirtió sobre el impacto de este deterioro en el futuro democrático del país: “La degradación política que estamos observando en Perú tiene un impacto directo en la libertad de prensa y en el derecho de la ciudadanía a recibir información independiente. Sin una prensa libre, es imposible garantizar una democracia plena. La comunidad internacional debe mantenerse atenta y exigir el respeto a las libertades fundamentales en el país”, concluyó Dutriz.
Por su parte, Carlos Jornet enfatizó en la preocupación de que, “de cara a las próximas elecciones, se intensifique el clima de hostilidad contra el periodismo, lo que podría generar un entorno aún más peligroso para el periodismo y afectar la transparencia del proceso electoral. El gobierno de Perú tiene la responsabilidad de garantizar el ejercicio del periodismo sin presiones ni amenazas, porque los ojos del mundo comienzan a mirar al país con preocupación”, señaló Jornet.
La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a defender y promover la libertad de prensa y expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida, Estados Unidos.
