Nayib Bukele lo hizo.
Logró que una mayoría apabullante de electores avalara en las urnas su decisión de sortear la Constitución de El Salvador y ser reelecto presidente de manera consecutiva.
El respaldo popular le permitirá arrancar con acelerador a fondo el nuevo esquema de organización política del país que pergeñó a su imagen y semejanza, reduciendo la cantidad de municipios de 262 a ¡44! Además, le allana el camino para colocar al mando de los gobiernos locales a alcaldes leales en las elecciones vecinales del próximo 3 de marzo.
La victoria también reduce a casi nada la influencia política e institucional de los históricos Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido de izquierda y de origen guerrillero en el que Bukele comenzó a militar en su adolescencia y al que, en 2019, dos años después de su expulsión como afiliado, desplazó del Gobierno central.
Es que a la par de la paliza electoral que les propinó a ambos sellos, el oficialismo consiguió casi la totalidad de bancas en la Asamblea Legislativa, institución que “el dictador más cool del mundo”, como se autodefine, redujo de 84 a 60 escaños. El nuevo Congreso unicameral comenzará a sesionar el 1° de mayo, un mes antes del inicio del segundo mandato de Bukele y su bloque parlamentario tendrá quórum propio y mayoría absoluta para sancionar las leyes que se le antoje o considere necesarias para robustecer su hegemonía.
También tendrá vía libre para incrementar el presupuesto de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional Civil que aportan unos 45.000 efectivos a la guerra sin cuartel contra las pandillas criminales, el principal activo político del líder de Nuevas Ideas que ayer volvió a reportarle una renta electoral extraordinaria.
Pruebas al canto: en 2015, El Salvador ocupaba el podio de países más violentos del mundo con 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. En 2023, la tasa cayó a 2,4 y, de mantenerse la tendencia actual, 2024 finalizaría con una media de 1,6.
No obstante, el régimen de excepción que arrancó el 26 de marzo de 2022 y se renueva sin solución de continuidad ha provocado desde entonces unas 76.000 mil detenciones arbitrarias y más de 6.000 denuncias de violaciones a los derechos humanos.
Además, desde aquella fecha, están suspendidas o restringidas una serie de garantías constitucionales, como la de asociarse libremente, la del límite de detención administrativa a 72 horas y la de las personas detenidas a ser informadas sobre sus derechos, las razones de su detención y a contar con asistencia de defensa.
