El 4 de septiembre, los chilenos y las chilenas volverán a las urnas para decidir, por simple mayoría, si están de acuerdo o no con la propuesta de Constitución Política de la República redactada por la Convención Constitucional que deliberó desde el 4 de julio de 2021 hasta igual fecha de este año.
Esta vez, el voto es obligatorio, a diferencia del referéndum de octubre de 2020, cuando fue voluntario y la opción de redactar una nueva Carta Magna se impuso por el 78 por ciento de los sufragios válidos emitidos y con una participación de poco más de la mitad del padrón electoral.
A una semana del plebiscito histórico, crece la incertidumbre sobre el rumbo que tomará el país trasandino si en la compulsa se impone el rechazo a una nueva ley fundamental y si, en consecuencia, debe continuar vigente la impuesta hace 41 años por la dictadura militar que tomó el poder tras el derrocamiento del presidente Salvador Allende –el 11 de septiembre de 1973– y la mantuvo hasta 1990. Ese gobierno de facto tuvo como estandarte principal al general Augusto Pinochet Ugarte, comandante en jefe del Ejército de Chile.
Poco más de 15 millones de ciudadanos y ciudadanas están en condiciones de expresar su voluntad en la cita electoral del domingo próximo y decidir la suerte de la propuesta surgida luego de un año de debate de los convencionales constituyentes.
Derecho a la memoria
En su artículo 24°, el texto que será puesto a consideración del electorado consagra el recuerdo como deber y la memoria como derecho; estos son los pilares de un capítulo del proyecto con el que Chile daría un salto cualitativo en la reparación de los crímenes de lesa humanidad. Asimismo, reconocería la lucha de las víctimas contra el olvido y la impunidad.
Compuesto de cinco incisos, el apartado que contempla el derecho a la memoria fue aprobado por 111 votos a favor, 23 en contra y 16 abstenciones.
Ese es el bastión principal de la campaña por el “apruebo” del 4 de septiembre, impulsada por más de 200 organizaciones vinculadas con los derechos humanos.
Por su parte, los partidarios del “rechazo” alegan que la Convención Constituyente terminó sumida en el desprestigio absoluto. Argumentan que, en términos generales, los sectores políticos enfrentados en ese espacio –que estuvo dominado por representantes del arco progresista– terminaron por parcelarlo en trincheras ideológicas antagónicas y refractarias a cualquier discusión de ideas distintas.
Los puntos más controvertidos para la derecha chilena y para quienes impugnan el texto por dirimir el 4 de setiembre son el carácter plurinacional del Estado, la reelección presidencial, el nuevo sistema de justicia y la eliminación del Senado. También cuestionan la consagración del derecho a la salud pública y universal, a la educación gratuita y a la interrupción voluntaria del embarazo, entre otros.
Hasta el actual presidente chileno, Gabriel Boric, reconoció la pérdida del crédito con el que había arrancado el cuerpo colegiado.
No obstante, prometió que cualquiera sea el resultado que los chilenos y las chilenas decidan en el referéndum vinculante del domingo próximo lo hará respetar en todos sus términos.
Sin embargo, recordó que, en la consulta del 25 de octubre de 2020, “el pueblo de Chile manifestó su clara voluntad en favor de una nueva Constitución”, que reemplace a la de Augusto Pinochet. Aludió así al 78 por ciento de los votos que cosechó el “Sí” en aquella cita democrática de hace dos años.
Indecisión
A una semana del plebiscito histórico, las encuestas coindicen con que la tendencia por el rechazo se afianza en un margen que oscila entre los seis y los 11 puntos porcentuales por encima de la aceptación.
No obstante, los análisis demoscópicos advierten sobre un número importante de electores impredecibles que no acuden a las urnas desde 2012, cuando el voto pasó a ser voluntario.
También resulta indescifrable qué opción preferirán los adultos mayores que mayoritariamente se abstuvieron de votar en la primera vuelta y en el referéndum de los comicios presidenciales de fines del año pasado debido a que, entonces, la pandemia afectaba con fuerza al país. Ahora casi todos tienen cobertura completa de vacunación contra el Covid-19 y el plebiscito es de participación obligatoria.
