Con el rostro sombrío y una mirada inmutable a cuestas, Pedro Castillo, dedicado a ejercer la presidencia de Perú hasta poco antes del mediodía del 7 de diciembre último, terminó a la hora 13.40 de esa jornada sentado en el sofá de una sede policial de Lima, rodeado por varios uniformados y con la actitud propia de un ciudadano común que espera en penitencia, dócilmente, el momento del trasladado a una celda. Así fue el rápido y estrepitoso final de uno de los muchos experimentos políticos que, a los tumbos, van montados en la nueva ola de izquierda que atraviesa la región desde 2018, cuando llegó al poder Manuel López Obrador, presidente de México.
Ese giro ideológico, que lograron esquivar pocos rincones de Latinoamérica, comenzó prematuramente a estamparse contra una realidad mucho más adversa que la imperante en los primeros años del siglo, cuando las mismas ideas dominaban con holgura buena parte de la región.
El dilema de los gobiernos también identificados como “progresistas” tiene como base una situación económica mucho más compleja y una oposición política fortalecida en los parlamentos, en el marco de sociedades que parecen atravesar de lleno en este momento lo que el politólogo francés Pierre Rosanvallon define como la “era de la desconfianza”.
Cuando casi finaliza 2022, solo queda un puñado de pequeños países que rompen la monotonía cromática del mapa de América latina: Uruguay, Paraguay, Ecuador, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Guatemala y República Dominicana. El resto de la región está bañada por una ola que nunca llega a ser completamente roja y más bien es definida como “rosa”, con una particularidad: es una ola a la vez tan grande como endeble.
La reciente caída en desgracia de Castillo es el caso más extremo, hasta el momento, dentro de la crisis que manifiesta el progresismo en la región. La estadía del malogrado presidente peruano en el poder no llegó al año y medio, con una rápida erosión de su nivel de popularidad y una vertiginosa cosecha de siete denuncias por delitos cometidos en menos de 500 días de gobierno, que fueron coronados con el intento de disolución del Congreso que derivó en su destitución.
Boric, sin luna de miel
El ejercicio del poder tampoco le sienta bien, al menos hasta aquí, al joven presidente chileno Gabriel Boric, que ni siquiera disfrutó la tradicional luna de miel de los que estrenan despacho: cuando lleva solo nueve meses de mandato, su gestión ronda un 65 por ciento de desaprobación, según coinciden distintas encuestas.
En todos estos meses y desde pocas semanas después de asumir, tuvo que soportar numerosas protestas sociales callejeras (de las que alguna vez fue protagonista destacado) y sufrió un temprano revés político de magnitud cuando los chilenos rechazaron, en septiembre último, el nuevo texto constitucional, su gran caballo de batalla.
La administración de Boric podría terminar diciembre con la novedad de una inflación anual de 12 por ciento, que se suma a una marcada alza en la cantidad de casos de inseguridad con homicidios, dos malos datos para el acotado nivel de tolerancia de la sociedad chilena. El presidente izquierdista tampoco puede poner bajo control el complejo conflicto con los mapuches en la región sureña de la Araucanía, tema en el que oscila entre la vía del diálogo y la militarización.
Sin mayoría en un Congreso muy fragmentado que invita a la negociación permanente, el actual presidente de Chile dio muestras de moderación al asumir el gobierno. Esa postura se acentuó con cambios en el gabinete tras la derrota en el plebiscito por la Constitución.
A diferencia de otros colegas latinoamericanos que transitan la misma senda ideológica, no titubea a la hora de cuestionar sin medias tintas a los regímenes de Venezuela, Nicaragua y Cuba. Pero, mientras tanto, no solo afronta críticas de los ajenos sino también crecientes cuestionamientos de los sectores más extremos de la izquierda chilena, a los que antes había ilusionado.
Arce y el censo polémico
En Bolivia, la imagen del presidente Luis Arce quedó con importantes magullones tras su largo y violento enfrentamiento con el departamento más rico y poblado del país, Santa Cruz, que exigía realizar el Censo de Población y Vivienda en 2023 en vez de esperar hasta marzo de 2024, según la postura del gobierno. Para los santacruceños, que representan el mayor foco histórico de oposición al gobernante Movimiento al Socialismo (MAS), el procesamiento temprano de los datos del censo es clave para modificar a su favor la distribución de recursos y el reparto de bancas en la Asamblea Legislativa Plurinacional, situación que también podría tener un impacto electoral en las presidenciales de 2025.
Luego de haber disfrutado de dos años con un aceptable nivel de popularidad gracias a una relativa estabilidad económica y política, en el umbral de su tercer año de gobierno Arce se embarcó en un conflicto que, además de 36 días de huelga en el motor económico del país, incluyó cuatro muertos y varios heridos y detenidos.
Aunque el litigio parece resuelto a su favor, los santacruceños lograron arrebatarle al gobierno una ley para fijar la fecha del censo, mientras se acrecientan las fuertes tensiones dentro del propio oficialismo por el distanciamiento de Arce con el sector más radical y afín al expresidente Evo Morales.
Fernández, sin poder
El Gobierno argentino encabezado por Alberto Fernández, alineado con las distintas expresiones de izquierda, enfrenta un proceso inflacionario que no puede manejar, con fuerte incremento de los niveles de pobreza e indigencia y un 76 por ciento de desaprobación. Como si eso fuera poco, Fernández luce totalmente condicionado por la líder del oficialismo, su vicepresidenta Cristina Fernández, que en pleno ejercicio de su función acaba de ser condenada por la justicia por actos de corrupción durante sus anteriores mandatos. Un escándalo que pocos gobiernos en el mundo podrían soportar como si el fallo fuera una simple brisa, en vez de un demoledor huracán.
Como en el caso de Boric y Arce, Fernández también afronta tensiones internas provocadas por el sector más radicalizado del oficialismo, que en este caso alienta la propia vicepresidenta. Un culebrón político de final impredecible.
Un desafío difícil para Lula
La vuelta al Palacio de Planalto de Luiz Inácio “Lula” da Silva, el próximo 1 de enero, es uno de los hechos más auspiciosos para la ola de izquierda latinoamericana, en virtud del peso estratégico que tiene Brasil más allá de la región. Pero Lula, con 77 años de edad que le resultan difíciles de disimular, deberá enfrentarse con un gran quebradero de cabeza, tras haber ganado en segunda vuelta por menos de dos puntos de diferencia.
A causa de la fuerte polarización ideológica de la sociedad hoy Brasil está partido al medio, con una consecuencia: Lula tendrá un Congreso hostil dominado por la oposición, mientras convivirá con la mayoría de los estados grandes gobernados por aliados al presidente saliente Jair Bolsonaro. De los viejos buenos tiempos transcurridos entre 2003 y 2010, que culminaron con 80 por ciento de aprobación hacia su líder, al lulismo solo le queda el recuerdo. Si esos tiempos pueden volver bajo condiciones muy adversas, lo dirán los hechos desde el primer día del próximo año.
El caso AMLO
Un poco más al norte, con cuatro años de gobierno cumplidos y dos más por delante, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) mantiene un nivel de aprobación alto (que oscila entre el 55 y el 65 por ciento, según la fuente consultada), aunque con una fuerte polarización de la sociedad abonada por su aire de plebeyo populista. Si bien está claramente alineado con todos los gobiernos de izquierda de la región, aún los más extremos, el olfato político de AMLO le indica que las irreverencias hacia Estados Unidos deben guardarse dentro de ciertos límites.
La popularidad del presidente mejicano se sostiene en la devoción hacia su estilo que mantienen distintos sectores de la sociedad, más que en los aciertos de la gestión, que hasta aquí no resolvió los desafíos más acuciantes del país.
Pese a la valoración favorable que aún conserva, en las elecciones legislativas de junio de 2021 el partido Morera de López Obrador perdió el control de la Cámara de Diputados de la Asamblea Nacional, donde hoy depende de los partidos aliados para lograr sus cometidos pero sin mayoría calificada para impulsar los cambios radicales que tiene en mente.
El manejo de la pandemia por parte de AMLO dejó a México como uno de los países con mayor número de decesos por coronavirus. Después de ese trance, la administración de López Obrador afronta un notable estancamiento económico y un inquietante repunte inflacionario, del orden del 8 a 9 por ciento anual en 2021 y 2022.
Pero AMLO tiene otras deudas pendientes muy pesadas. Mientras la tasa de pobreza se mantiene en el orden del 40 por ciento, tampoco se redujeron los índices de inseguridad ni mucho menos se detuvieron las sangrientas guerras territoriales provocadas por las organizaciones del narcotráfico. El vínculo emocional de AMLO con una porción importante de la sociedad mexicana parece eclipsar esos detalles.
Aprobados
Gustavo Petro, primer presidente de izquierda en la historia de Colombia, cumplió en noviembre sus primeros 100 días de gobierno con un alto grado de aprobación. No obstante, algunas encuestas detectaron un bajón importante en el mes de octubre, tras haber avanzado en varios ejes sustanciales de su programa que, en algunos puntos, hicieron crujir a la coalición oficialista en el Congreso: reformas política y tributaria, restablecimiento de las relaciones con Venezuela (aunque tildó de dictador a Maduro en el pasado) y avances en el proyecto “Paz Total”, para desarmar a los grupos guerrilleros aún activos y al crimen organizado.
El alza en la cotización del dólar en las últimas semanas y una aceleración de la inflación, también comienzan a poner a prueba la buena sintonía de Petro con la sociedad. Pero al menos el colombiano parece haber disfrutado la luna de miel, a diferencia de Boric, su par chileno.
Sería injusto olvidar a Xiomara Castro, la presidenta izquierdista de Honduras que asumió el 17 de enero último. La esposa del expresidente Manuel Zelaya, derrocado en 2009, es la primera mujer en ocupar la presidencia en la historia hondureña y fue recibida con bombos y platillos por la izquierda latinoamericana, aún marcada por el mal trance atravesado por su marido.
La dirigente izquierdista asumió su cargo en un contexto económico muy delicado, agravado por la pandemia (Honduras es el país más pobre de Centroamérica, luego de Haití y Nicaragua). Ese panorama se complejiza con los problemas comunes de los países centroamericanos: la grave violencia social generada por pandillas criminales (Xiomara acaba de militarizar las comunidades más violentas de Honduras) y una interminable crisis migratoria, provocada por los miles de ciudadanos de tránsito y del propio país que huyen de su miseria hacia Estados Unidos.
Los pasados vínculos de su esposo con el chavismo (hoy Zelaya oficia de asesor presidencial) y las simpatías de Xiomara con la Revolución Cubana, hicieron presumir una radicalización de la presidenta hondureña. Sin embargo, la mandataria lleva casi un año de gobierno guiada por el pragmatismo, mientras apuesta a tender líneas de comunicación con Estados Unidos. Una encuesta de la consultora CID Gallup, divulgada por distintos portales periodísticos en octubre, asigna a Xiomara un 62 por ciento de aprobación.
El eje rojo
Pese a que la versión más extrema de las ideas de izquierda tuvo una deriva autoritaria-totalitaria en Cuba, Venezuela y Nicaragua, con desgraciadas consecuencias económicas y sociales, los modelos aplicados en esos países no dejan de deslumbrar al resto de la izquierda latinoamericana (quizás no siempre de manera genuina).
Esos tres regímenes mantienen una fuerte influencia en buena parte de la dirigencia izquierdista, con la que comparten tertulias en espacios como el Foro de San Pablo, creado por el Partido de los Trabajadores de Brasil en 1990.
Los regímenes de Caracas, Managua y La Habana, el rojo “eje bolivariano”, representan un motivo de tensión en el heterogéneo bloque de la izquierda latinoamericana y, a la postre, constituyen una verdadera mochila para varios gobiernos adscriptos a la izquierda cuando deben sentar posición en temas como los derechos humanos, o la persecución a opositores, en distintos organismos internacionales. Por convicción propia, o por presión de los sectores radicalizados internos, esos gobiernos muchas veces se ven obligados a asumir posturas entre híbridas y complacientes hacia esos regímenes.
El péndulo latinoamericano
El hartazgo ante las dificultades económicas, el aumento de la desigualdad social, el desmanejo de la pandemia del Covid-19, las promesas incumplidas y la impaciencia ante los desaciertos de los gobernantes, produjeron en el último lustro un decidido giro a la izquierda en Latinoamérica. Como resultado de este viraje, hacia fines de 2022 las siete naciones más pobladas de la región y sus seis mayores economías están en manos de expresiones políticas de izquierda o centroizquierda.
Pero el escenario en el que surge esta nueva ola izquierdista es muy distinto al de los primeros años del siglo, cuando los países de la región se vieron beneficiados por los altos precios de las materias primas, mientras el poder cambiaba de manos tras severas crisis en distintos países latinoamericanos. Ese abundante ingreso de divisas posibilitó a la primera gran oleada de gobiernos identificados como progresistas una política distribucionista que, sin embargo, no logró terminar con la desigualdad ni con la endémica pobreza estructural, con un agravante: el creciente flujo de recursos y el consenso logrado por el efímero clima de bonanza fueron una tentación para la corrupción y las derivas autocráticas.
Con ese antecedente a cuestas, los nuevos gobiernos de izquierda de la región deben manejar economías que a duras penas se recuperan del golpe propinado por la pandemia. Mientras tanto, la guerra en Ucrania vino a sumar más contratiempos para la economía mundial, que ahora soporta una aceleración inflacionaria a la par de una nueva alza de las materias primas.
Frente a ese panorama, distintos especialistas en opinión pública coinciden en que el grado de descontento de la ciudadanía nunca fue tan alto como ahora, por lo que el voto ideológico queda recluido a una minoría. Eso explica la tendencia pendular del electorado, que impone como regla el triunfo de los partidos de oposición.
Los gobiernos hoy deben lidiar además con un fenómeno que el politólogo francés Pierre Rosanvallon identifica como “sociedad de la desconfianza”. Esto significa que los ciudadanos consideran que el sufragio brinda legitimidad a los gobernantes pero eso no es suficiente para obligar a los elegidos a cumplir con sus promesas, por lo que ponen en práctica diversos mecanismos de contrapoder diseminados en distintas instancias de la sociedad para dar un marco a la desconfianza, mediante la práctica del cuestionamiento permanente y organizado. Las redes sociales hoy juegan un rol fundamental en ese aspecto.
